El debate de los vientres de alquiler no está resuelto: colectivos feministas reclaman su fin definitivo

Han pasado cuatro meses desde que el Gobierno decidió dar un golpe sobre la mesa y zanjar un debate que se resistía a resolverse: el de los vientres de alquiler. Lo hizo a través de una instrucción que impedía el registro de los bebés nacidos a partir de esta práctica en los consulados, aunque sí dejaba la puerta abierta a su adopción un vez atravesadas las fronteras estatales. Fue a finales de abril y fue el Ministerio de Justicia el encargado de emitir la orden. Poco después, el departamento de Igualdad lanzó una nueva ofensiva: denunciar, mediante la Abogacía del Estado, a varias agencias que publicitaban esta técnica. La intencionalidad era clara y lanzaba un mensaje en apariencia contundente: ningún pretexto ni resquicio legal es válido para dar cabida a los vientres de alquiler.

Cuatro meses después, el debate parece haberse disipado, pero la duda sigue presente en algunos sectores, especialmente en el movimiento feminista. Los efectos de las últimas acciones gubernamentales no están claros y hay quien todavía mira con recelo las medidas adoptadas por el poder Ejecutivo, exigiendo más ambición y contundencia. Es el caso de las decenas de organizaciones feministas que el próximo 6 de septiembre saldrán a la calle en Madrid y que denuncian un intento de "blanquear" la práctica y una estrategia para "legalizar la explotación reproductiva de las mujeres".

Las organizadoras buscan con la movilización señalar los "ostentosos movimientos de organizaciones y clínicas con intereses específicos en la legalización de esta práctica y el apoyo a actividades académicas, congresos, presencia mediática… para normalizar un discurso favorable a la legalización de la explotación reproductiva del cuerpo de las mujeres". Así lo señalan a preguntas de este diario fuentes de las organizaciones convocantes, insistiendo en que actualmente existe una "gran desinformación respecto de las consecuencias que para el conjunto de la mujeres, como en el caso de la prostitución, tiene la práctica del alquiler de vientres". Impugnan de esta forma lo que perciben como "un discurso de generosidad y altruismo por parte de las mujeres donde lo único que hay es un negocio que beneficia a intermediarios para dar satisfacción a deseos que pretenden convertirse en derechos".

¿Fin de la práctica?

Pero ¿qué sentido tiene la protesta, si sobre el papel el debate está zanjado? El pasado 28 de abril, hace exactamente cuatro meses, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba una instrucción que, en primer lugar, dejaba sin efecto otras dos anteriores: las que permitían la filiación de los nacidos mediante vientres de alquiler. La misma orden señalaba que "en ningún caso" se admitirá como título apto para la inscripción de estos bebés una certificación registral extranjera, ni un certificado médico, ni una sentencia firme de las autoridades del país de origen. Tales documentos habían venido utilizándose como llave para la filiación de estos recién nacidos.

Sí dejaba, no obstante, una oportunidad a quienes accedan a esta práctica fuera de nuestras fronteras: podrán obtener de las autoridades locales el pasaporte y permisos correspondientes para que los menores lleguen a España y, una vez aquí, acceder a métodos como la adopción o la filiación biológica.

infoLibre ha preguntado al Ministerio de Justicia y al de Exteriores si la instrucción ha tenido ya efectos en los consulados, si se ha adoptado sin ninguna oposición o inconveniente y si, como consecuencia de la misma, se ha detectado un aumento en las solicitudes de adopción. El ministerio de Félix Bolaños alega no tener información al respecto, mientras que el liderado por José Manuel Albares se limita a aclarar que "la instrucción está vigente y está siendo aplicada desde su publicación en el BOE".

Para las convocantes, la nueva instrucción en realidad no impide la inscripción, sino que únicamente "exige que esa filiación del menor se determine en España". Es, juzgan las activistas, un "elemento insuficiente para desincentivar la adquisición de bebés bajo un contrato de alquiler de las capacidades reproductivas de las mujeres", así que a su parecer "se mantiene la incoherencia" respecto a las sentencias del Tribunal Supremo, donde a lo largo de los años los magistrados han dejado claro que estas prácticas "entrañan un daño a la dignidad de la mujer gestante", así como la "cosificación y explotación del cuerpo de las mujeres". El Estado, en cambio, se mantiene "permisivo" al no utilizar "los resortes suficientes" y "tolerar de facto el crecimiento exponencial de esta práctica".

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Denuncia contra las agencias

La otra batalla del Gobierno respecto a los vientres de alquiler tiene que ver con las agencias que los publicitan. Aunque diversas leyes han ido avanzando a lo largo de los años en hacer más restrictivo el acceso a esta práctica, ilegal en suelo español, lo cierto es que existen todavía empresas encargadas de ofrecer todo lo necesario para adquirir recién nacidos en el extranjero. 

En enero, el Instituto de las Mujeres elevó un informe jurídico a la Abogacía del Estado en el que denunciaba actuaciones de ocho agencias españolas para publicitar los vientres de alquiler, y en julio ese informe motivó una demanda contra tres de ellas: Go4Baby, Lifebridge Agency Spain SL y Bufete Agencia Estatal Subrogada Galicia. Previamente, el Instituto de las Mujeres dirigió un requerimiento instando al cese de esta publicidad y advirtiendo de que, en caso de no hacerlo, se procedería a la vía judicial. Las empresas demandadas no respondieron. Fue la primera vez que se iniciaba un procedimiento judicial contra la publicidad de los vientres de alquiler y el resultado, según informan fuentes de la cartera de Ana Redondo, ha sido la obtención ya de alguna sentencia condenatoria.