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Unión Europea

Los denunciantes de la corrupción siguen desprotegidos en una Europa que blinda los secretos comerciales

La Justicia decreta el sobreseimiento de la denuncia del Ayuntamiento de Boadilla contra Ana Garrido Ramos

En noviembre de 2014, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) destapó que casi 350 multinacionales –Pepsi, Ikea, AIG, Fiat, Amazon, JP Morgan o Deutsche Bank, entre otras– se habían beneficiado de acuerdos secretos con las autoridades de Luxemburgo entre 2008 y 2010 –mientras el actual presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, era primer ministro– para eludir la mayor parte de su tributación por beneficios. Algunas de estas empresas pagaban tan sólo un 2%, a pesar de que en el Ducado regía el 28,6%. El escándalo LuxLeaks, hecho público una semana después de que tomase posesión el nuevo Ejecutivo comunitario, desencadenó una tormenta en el Viejo Continente.

Los acuerdos fueron alcanzados gracias al papel que jugó la auditora PricewaterhouseCoopers (PwC) –a la que después se sumarían las consultoras KPMG, Deloitte y Ernst & Youngque– como intermediaria en el proceso. La filtración, de más de 30.000 páginas de documentos, se le atribuyó justamente a dos exempleados de PwC: Antoine Deltour y Raphaël Halet. A pesar de haber destapado el entramado fiscal utilizado por todas estas multinacionales para reducir al mínimo el pago de impuestos y ahorrarse millones de euros, los dos alertadores –whistleblower, en inglés– fueron acusados de robo de documentos, revelación de información confidencial, violación del secreto profesional y blanqueo de dinero.

El pasado 29 de junio se conoció finalmente la sentencia: 12 meses de prisión para Deltour y 9 meses para Halet –ambos se enfrentaban a una pena máxima de 10 años– y una multa de 1.500 y 1.000 euros, respectivamente. La decisión de la justicia luxemburguesa levantó ampollas. "Parece que vivimos en un mundo al revés en el que los informadores son condenados y aquellos que saquean no", señaló en un comunicado el experto en derechos humanos de la ONU Alfred de Zayas. Y puso sobre la mesa la necesidad de proteger a todas aquellas personas que desvelasen este tipo de prácticas: "Una fuerte legislación que no sólo protegiese a los informadores, sino que también les recompensase por su ética y su integridad", sentenció.

Europa: sin protección de los alertadores

Unos meses antes de que se destapase el caso LuxLeaks, la Comisión Europea hizo público un informe en el que calculaba que la corrupción generaba a la economía comunitaria unas pérdidas anuales de 120 billones de euros y recordaba la necesidad de poner en marcha "mecanismos de denuncia" que protejan a los alertadores. "La denuncia se enfrenta a dificultades dada la renuencia general a denunciar tales actos dentro de la propia organización por el temor a represalias. En este sentido, la creación de una cultura de integridad dentro de cada organización, la sensibilización y la creación de mecanismos de protección eficaces que den confianza a los posibles denunciantes son fundamentales", añadía la Comisión.

Sin duda, el papel de los alertadores es fundamental a la hora de destapar este tipo de actividades. Según el informe Report to the nations on occupational fraud and abuse 2016, que elabora bianualmente la Asociación de Auditores de Fraude Certificados (ACFE, por sus siglas en inglés), un 39,1% de los casos detectados fueron gracias a un 'chivatazo' –la mitad de ellos (para ser exactos el 51,5%) procedían de dentro de la compañía–. Esta cifra es mucho menor que la registrada en la edición del informe de 2014 (42,2%) y de 2012 (43,3%). Pero sigue siendo la principal vía de detección de irregularidades, muy por encima de las auditorías internas (16,5%) y las revisiones de gestión (13,4%).

A pesar de esto, el Viejo Continente todavía no cuenta con una normativa a nivel comunitario que proteja a aquellas personas que se atrevan a desvelar actividades corruptas o éticamente cuestionables –hay que recordar que lo que se hacía en Luxemburgo era perfectamente legal–. "El caso de Deltour, entre otros, ha demostrado que los ciudadanos que sirven al interés público y exponen prácticas ilegales o inmorales desarrolladas por multinacionales no están adecuadamente protegidos", sostiene en conversación con infoLibre Fabio de Masi, eurodiputado del partido alemán Die Linke –integrado en el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica (GUE/NGL)–.

Y añade que tanto el Parlamento Europeo como el Consejo de Europa han pedido a la Comisión "que desarrolle un marco legislativo" en esta materia. "Quienes ponen en conocimiento del público comportamientos fraudulentos e incluso delictivos están poniéndose a sí mismos en un enorme riesgo", añade su compañera de grupo en la Eurocámara Marina Albiol (IU). Esto, en su opinión, es "inadmisible" en "un territorio como es la UE", donde "cada día se descubren nuevos casos de corrupción o evasión fiscal tanto de gobiernos como de empresas".

Blindaje de los secretos comerciales

Sin embargo, sí que se ha aprobado una directiva europea para blindar los secretos empresariales. Así, el pasado mes de marzo, coincidiendo además con el arranque del juicio a los whistleblowers del caso LuxLeaks, el Parlamento Europeo dio luz verde a un texto que prohíbe divulgar secretos que se hayan obtenido de forma ilícita, violen acuerdos de confidencialidad u obligaciones contractuales, exceptuando aquellos que, "en defensa del interés general", busquen dar a conocer una “falta” de una empresa.

Una directiva que, según sostiene Ernest Urtasun, eurodiputado español en el Grupo Los Verdes/ALE, "dificulta" la labor de los informadores: "Hemos ido hacia atrás. Esta normativa da más margen a las empresas para perseguir a aquellos que revelan sus actividades ilegales o moralmente cuestionables", añade en conversación con este diario. "Resulta chocante cómo desde la Comisión se aprueban normas que, con la excusa de la seguridad, restringen cada vez más la privacidad de las personas, mientras que la de las empresas o los bancos parece intocable", completa Albiol en conversación con este diario.

La propuesta de Los Verdes

A pesar de las diferentes voces que han pedido en los últimos años la elaboración de una normativa específica que proteja a los whistleblowers, la pelota está ahora en el tejado de la Comisión Europea, que es la única institución con capacidad para presentar leyes. Desde el Grupo Los Verdes/ALE hicieron llegar hace unos meses al Ejecutivo comunitario un borrador [consultar aquí en PDF] con su propuesta de directiva en esta materia con la intención de que la Comisión la presente como una normativa oficial. Sin embargo, por el momento no hay novedades. "Todavía no hemos recibido ninguna respuesta", explica Urtasun.

El texto planteado por los verdes europeos busca "que los Estados miembro protejan" a los denunciantes, incluyendo tanto a trabajadores del sector público como del privado, que divulguen información "de interés público o que esté relacionada con una amenaza o perjuicio para el interés público". En este sentido, el borrador de directiva establece que los alertadores no podrán estar sujetos a procedimientos penales o civiles ni a otro tipo de medidas disciplinarias y administrativas. Además, todas estas personas no podrán ser represaliadas con despidos, pérdida de beneficios o estatus, cambio de ubicación en el lugar de trabajo o privación de un ascenso en la compañía o la administración. 

Por último, el texto también recoge que los Estados miembro deben garantizar el anonimato de estos denunciantes y promueve la implantación de canales internos de denuncia tanto en las administraciones públicas como en las compañías. En este sentido, el Grupo Los Verdes/ALE puso en marcha el pasado mes de diciembre la herramienta EuLeaks, una plataforma para que los delatores puedan filtrar información de manera anónima, con un sistema encriptado que ofrece, en palabras de Philippe Lamberts, copresidente del grupo parlamentario, "total protección". "Es un canal que está enfocado a las informaciones que procedan de dentro de las instituciones comunitarias", explica Urtasun.

España, a la cola

Según el Eurobarómetro sobre corrupción publicado en febrero de 2014, un 74% de los encuestados que habían experimentado o presenciado en el pasado un caso de corrupción reconocían no haberlo denunciado. En este sentido, la encuesta arroja otro dato interesante. Preguntados por qué creían que la gente no denunciaba estos hechos, un 31% ponía el foco en la falta de protección para los alertadores y un 21% marcaba en el listado de opciones que le facilitaban para la encuesta la casilla "No saben dónde denunciar". 

En el año 2013, sólo cuatro países de la UE, según Transparencia Internacional, contaban con "avanzadas" leyes a escala nacional para proteger a los whistleblowers –Rumanía, Eslovenia, Reino Unido y, paradójicamente, Luxemburgo–. En otros 16 –Austria, Bélgica, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Francia, Alemania, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Malta, Holanda, Polonia y Suecia–, la protección que ofrecen sus normativas para estos alertadores es parcial. España estaba, junto a países como Grecia, Portugal, Eslovaquia o Finlandia, a la cola en esta materia.

"En nuestro país estas personas no están bien cubiertas", lamenta Urtasun. El secretario general del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo, confirma en conversación telefónica con infoLibre que en España, más allá de la obligación de denunciar cualquier delito público recogida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, "no hay ninguna normativa en la ley tributaria que contenga lo que es la denuncia de hechos que puedan tener procedencia tributaria".

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"No se protege a esos alertadores", añade Mollinedo, que el pasado martes participó como ponente en la conferencia "Whistleblower protection- What must be done?", organizada por el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica. "Y es algo que necesitamos teniendo en cuenta los niveles de corrupción que hemos sufrido en los últimos años", sostiene Urtasun. "[La falta de legislación propia en España] demuestra una voluntad política y un modelo extremadamente laxo con la corrupción y las prácticas de evasión fiscal y lavado de dinero por parte de las empresas privadas", añade la eurodiputada de Izquierda Unida.

Cada vez hay más alertadores de escándalos de corrupción en nuestro país que piden ser protegidos. Ana Garrido –denunciante de la Gürtel en Boadilla– lamenta que, aunque la ley "obliga a denunciar" estos casos, "no existe otra complementaria" que garantice protección. "La mayoría no se atreve a denunciar", añadió. La exconcejala del Ayuntamiento de Boadilla ya ha contado en varias ocasiones que la filtración de su nombre tras interponer la denuncia le sigue costando, todavía a día de hoy, amenazas de muerte. "Es difícil que en España salga adelante una normativa de estas características teniendo en cuenta que el Gobierno actual está compuesto por los partidos más salpicados por casos de corrupción", señaló Garrido este martes en la conferencia organizada esta semana en el Parlamento Europeo sobre los alertadores.

La Plataforma por la Honestidad (PxH) se reunió el pasado 18 de octubre con representantes de diferentes formaciones políticas –EH Bildu, CC y el PP no acudieron a la cita, según informó la organización– en el Congreso de los Diputados para pedirles la tramitación de una ley integral para la protección de los denunciantes. El presidente de la Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales, Toni Cantó (Ciudadanos), se comprometió públicamente a incluir esta materia en una subcomisión que, según anunció la PxH este viernes, se empezará a reunir, previsiblemente, la primera quincena de diciembre.

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