Egipto

El Gobierno golpista de Egipto pide autorización para disolver la ONG de los Hermanos Musulmanes

El líder de los Hermanos Musulmanes de Egipto, Mohammed Badie, en una foto de archivo.

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El ministro de Solidaridad Social de Egipto, Ahmed El Borai, ha afirmado este martes que Hermanos Musulmanes, registrada como organización no gubernamental desde marzo de 2013, no tiene capacidad legal, y la ha acusado de posesión de armas de fuego en su sede de El Cairo, según ha informado el diario gubernamental Al Ahram.

El Borai, responsable del registro de asociaciones y ONG, ha afirmado que se ha dirigido en repetidas ocasiones al líder de la asociación de Hermanos Musulmanes para exigirle una explicación, pero hasta ahora nunca ha recibido respuesta. "Sé que hay mucha tensión en las calles de Egipto, y que la gente me está atacando por no ordenar la disolución de Hermanos Musulmanes como asociación", ha asegurado El Borai, y ha añadido que para ello necesita una notificación de la federación de ONG.

"Tenemos que seguir la vía legal", ha asegurado el ministro, que ha afirmado que la disolución de la ONG de los Hermanos Musulmanes sin una orden judicial reforzaría las acusaciones contra el Gobierno golpista egipcio de querer liquidar el grupo. Este lunes, la junta de comisionados estatales recomendó al Tribunal Administrativo que emita una orden para disolver la asociación. "Hermanos Musulmanes no se ha registrado como organización no gubernamental para llevar a cabo su papel de acuerdo con la ley y para servir a la nación. Sólo quería ayudar al régimen y al partido gobernante a mantener al presidente [depuesto, Mohamed Morsi] en el poder", asegura el informe redactado.

El registro de Hermanos Musulmanes como asociación el pasado mes de marzo levantó una fuerte polémica, ya que tuvo lugar poco después de que la junta recomendara al Tribunal Administrativo rechazar un recurso de Hermanos Musulmanes contra una decisión tomada en 1954 que declaraba la ilegalidad del grupo y ordenaba su disolución. Los expertos aseguran que la organización ha infringido la ley 84/2002, que prohíbe a las ONG tomar parte en actividades políticas.

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