Venezuela alerta a la CPI del riesgo del despliegue militar estadounidense: "Amenazan la paz regional"
Venezuela advirtió este martes ante los países miembros de la Corte Penal Internacional (CPI) de que la estabilidad regional en el Caribe está “amenazada” por “un despliegue militar estadounidense sin precedentes”, una situación que, dijo, “pone en riesgo a una región amante de la paz”.
En su discurso ante la Asamblea de Estados Partes de la CPI en La Haya, el embajador Héctor Constant Rosales abrió su intervención alertando del despliegue "sin precedentes" que busca desestabilizar el entorno de Venezuela y afectar la soberanía del país.
“Venimos en nombre del pueblo y del Gobierno de Venezuela, presidido por el presidente constitucional Nicolás Maduro, a alertar y condenar estas acciones hegemónicas que hoy amenazan la paz regional”, señaló.
El representante venezolano señaló además que la CPI opera bajo “un clima de intimidación sin precedentes”, producto de “sanciones, amenazas y presiones políticas” dirigidas contra la Fiscalía y los jueces para frenar sus investigaciones. Estados Unidos emitió este año varias sanciones contra nueve funcionarios de la CPI en represalia por las órdenes de arresto emitidas por la situación en Palestina.
En este sentido, Constant aseguró que Venezuela “sabe lo que significa” el uso de sanciones como “instrumento de coerción y chantaje político, incluso a costa del sufrimiento de la población” y pidió a la Corte que determine el “carácter punible” de esas medidas y no permita “que sus decisiones se condicionen por represalias externas”. “Ocho décadas después de los juicios de Núremberg, la humanidad vuelve a encontrarse ante un momento que pone a prueba la credibilidad del Derecho Penal Internacional”, sostuvo, recordando que, en 1945, el mundo reconoció que los crímenes más graves no podían quedar subordinados a “equilibrios geopolíticos” ni a “conveniencias diplomáticas”, un principio que, dijo, “hoy se ve amenazado” por el retorno “a la coerción y la intimidación”.
Constant también reiteró que su país, como “Estado soberano”, tiene derecho a conducir sus propios procesos penales “sin injerencias externas”, en una crítica a las investigaciones que está llevando la propia CPI sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Asimismo, criticó la decisión anunciada este lunes de cerrar la oficina de la Fiscalía en Caracas, asegurando que ello no alterará “el espíritu de cooperación” del Gobierno. “La Corte debe dejar de permitir que la justicia se convierta en un arma de dominación selectiva, manteniendo un doble rasero que es intolerable, sirve a los poderosos y castiga a los que luchan por su soberanía, libertad e independencia”, afirmó.
La CPI abrió la investigación sobre Venezuela en 2018 a raíz de una remisión de varios países. El Gobierno de Maduro intentó repetidamente frenar el caso, alegando que su sistema judicial está llevando a cabo investigaciones internas, pero la Corte rechazó esa posición en 2023 y autorizó la reanudación de las pesquisas por crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2017.
EEUU proseguirá con los ataques
En el otro lado de la balanza, el secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, aseguró este martes que el Pentágono apenas ha "comenzado a atacar barcos narcotraficantes", en un momento marcado por las críticas a la decisión del Ejército estadounidense de rematar a supervivientes de uno de los bombardeos que llevó a cabo sobre supuestas narcolanchas en el Caribe el pasado septiembre. "Apenas hemos comenzado a atacar barcos narcotraficantes y a arrojar a los narcoterroristas al fondo del océano porque han estado envenenando al pueblo estadounidense", aseguró Hegseth durante una reunión del Gabinete del presidente Donald Trump.
El propio Trump aseguró durante la reunión celebrada este martes en la Casa Blanca que las drogas que entran por el mar a EEUU "han disminuido un 91%", a lo que Hegseth respondió que los ataques contra supuestas narcolanchas se han pausado recientemente "porque es difícil encontrar barcos para atacar ahora mismo". Este porcentaje no ha sido contrastado.
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El secretario de Guerra insistió en que lograr un efecto disuasorio "es el objetivo principal" de estos ataques sobre embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental, de los cuales el Pentágono ha llevado a cabo 21 bombardeos que han dejado 82 tripulantes muertos.
The Washington Post informó el pasado jueves, citando a funcionarios anónimos, que en el primero de esos ataques, ejecutado el pasado 2 de septiembre, se llevó a cabo un segundo bombardeo ordenado supuestamente por Hegseth para matar a dos supervivientes del ataque inicial, una acción que el Congreso se prepara para investigar ante la posibilidad de que constituya un crimen de guerra. La Casa Blanca confirmó el lunes que ese segundo ataque se realizó, pero aseguró que la orden vino de Frank Bradley, almirante de la Armada que en las fechas del ataque era comandante del Comando de Operaciones Especiales Conjunto.
Hegseth quiso mostrar este martes su confianza en Bradley y, al igual que ya han dicho la Casa Blanca y el Pentágono, insistió en que todos los ataques contra embarcaciones que supuestamente transportan drogas son completamente legales. "Siempre respaldamos a nuestros comandantes que toman decisiones en situaciones difíciles y, en este caso y en todos estos ataques, están tomando decisiones con criterio y asegurándose de defender al pueblo estadounidense", aseguró el secretario de Guerra.
