Debate en Francia sobre un impuesto a los grandes patrimonios para financiar la respuesta a la crisis sanitaria

De repente, el dinero ya no falta. Ahora que la actividad se ha detenido por el confinamiento, los gobiernos se han comprometido a compensar todas o parte de las pérdidas económicas de las empresas y las familias. La financiación de esta ayuda masiva, directa o indirecta, estará asegurada por la deuda pública a través de las garantías de préstamos. Esta deuda está sostenida por las recompras del Banco Central Europeo (BCE) en la zona euro. Con el apoyo del BCE, no le faltarán prestatarios a las obligaciones de crédito con tipos bajos.

Esta facilidad tiende a hacer olvidar, con la urgencia, el tema de la fiscalidad. Como si el gasto del Estado ya no dependiera de esta fuente de financiación. Incluso mejor, el Gobierno francés ha confirmado que no modificará su política fiscal cuando termine la crisis.

Sin embargo, las cosas no son tan sencillas. Si el dinero no cuenta como sustituto de la actividad, no se ha dicho nada sobre el futuro de los servicios públicos y la protección social, es decir, los mecanismos de solidaridad, cuya financiación sigue siendo un asunto candente. Prueba de ello es que el ministro de Acción y Cuentas Públicas, Gérald Darmanin, ha creado una plataforma para recaudar donativos para el sistema sanitario. Sin embargo, este sistema, lastrado por la bajada de cotizaciones para favorecer a las empresas y las familias, necesita recursos sólidos y estables.

El llamamiento a la donación parece presentar un escenario negro: tras la crisis, todo seguirá como antes, la solidaridad nacional se reducirá en nombre de la caída de la presión fiscal y ya no estará disponible el “dinero mágico”. Se volverá a la defensa de los primeros de la fila y se ajustarán a la baja los servicios públicos.

Para evitar este escenario, varios economistas han firmado una carta, recientemente publicada en Le Monde, para defender la idea de un “nuevo contrato social y fiscal”. Anne-Laure Delatte, economista del Laboratorio Leda de la Universidad de París-Dauphine, es una de las firmantes de este llamamiento. Especialista en finanzas, paraísos fiscales y zona euro, estima que es necesario plantear ya el debate sobre un impuesto sobre los grandes patrimonios para fijar las bases de una futura justicia fiscal. En los albores de unos años sin duda difíciles para el mundo del trabajo y para los más precarios, merece ser destacada esta cuestión en las discusiones sobre el “mundo de después”.

Ante la magnitud de la crisis, los Estados han vuelto a descubrir “el dinero mágico” por medio del recurso, sin decirlo, a una forma de monetización de la deuda. ¿En qué no le parece una solución satisfactoria a largo plazo?

Anne-Laure Delatte: El Banco Central Europeo ha sido, efectivamente, la primera institución europea que ha intervenido para tratar de reducir el impacto de esta crisias sanitaria. Para empezar, hizo un primer anuncio el 12 de marzo, que no ha sido verdaderamente eficaz, y finalmente ha sacado el bazoka monetario, una semana después, para anunciar el Pandemic Emergency Purchase Programme.

El resultado es que, en el mes de marzo el banco ha casi triplicado sus compras de deuda pública. Que queden las cosas claras: esta intervención es totalmente útil ya que ha permitido reducir tensión en los mercados, sobre todo el de la deuda italiana. El coste del préstamo italiano aumentaba peligrosamente y el anuncio del BCE ha permitido reducirlo. Eso está muy bien.

Pero la política monetaria no puede sustituir a todas las demás formas de intervención política. A fuerza de atribuir al BCE la solución de todos los problemas y todas las crisis, financiera, ecológica, epidémica, etc., se desplaza precisamente el lugar del ejercicio del poder y de las opciones colectivas fuera del ámbito de la política representativa y de la democracia.

Porque es en el debate democrático donde se construye la legitimidad de las opciones colectivas que son la base de nuestro contrato social. Es cierto que la solución monetaria forma parte del paquete de medidas de crisis pero no puede en ningún caso ser la piedra angular. Creo que el dinero mágico hace la cama a los que prefieren evitar un verdadero debate democrático sobre la distribución de los costes para salir de la crisis.

Para usted, el debate sobre la fiscalidad está ausente del centro de la crisis. ¿Pero la urgencia no es el peor momento para hablar de impuestos? ¿No se corre el riesgo de mermar la confianza, ya tambaleante? O por el contrario ¿Ve usted ahí una señal de conservadurismo fiscal?

Tiene usted razón, es el peor momento para los que se han aprovechado ampliamente de la globalización. Si este debate tuviera lugar ahora, durante el confinamiento, podría desencadenar un vuelco en las relaciones de fuerza entre ganadores y perdedores de la globalización.

La última década ha revelado quiénes son los ganadores y los perdedores en nuestro régimen económico: el capitalismo financiero vigente desde los años 70 ha generado una gran concentración de la riqueza, algo muy documentado en los trabajos publicados por Thomas Piketty. Esta concentración ha creado un pequeño grupo de individuos inmensamente ricos, en patrimonio y en ingresos. Los impuestos no son progresivos en lo alto de la pirámide debido a los diferentes nichos y a la evasión fiscal.

El sistema económico también ha favorecido la emergencia de empresas multinacionales que se han aprovechado de la competencia fiscal para reducir sus impuestos. Estas pérdidas de ingresos para el Estado han contribuido a deteriorar los servicios públicos y a impedir afrontar de manera eficaz la crisis del Covid-19: faltan camas y personal en los servicios de reanimación y también mascarillas y material básico para proteger al personal sanitario; una menor inversión en educación revela nuestro retraso en la educación digital y en las herramientas que permitirían una continuidad pedagógica eficaz, etc. Al escapar de los impuestos, la parte alta de la pirámide de los ingresos y las multinacionales no solo han acumulado riqueza sino que han contribuido también a socavar los bienes públicos que habrían debido protegernos.

Hoy estamos viendo que las grandes empresas envían productos y proveen de medios a los hospitales públicos: LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy, ndt) envía líquidos hidroalcohólicos con el logo de Dior, los grandes servicios de catering sirven a los hospitales... Es al mismo tiempo anecdótico y bastante sintomático del problema: los impuestos deben ser más altos para estas empresas para que contribuyan de manera sostenible al servicio público y no de forma puntual, cuando a ellos les conviene publicitarlo.

Por eso es por lo que, junto con Lucas Chancel, Stéphanie Hennette, Manon Hennin, Guillaume Sacriste, Thomas Piketty et Antoine Vauchez, pedimos un debate fiscal ahora. Podemos decidir volver a estudiar nuestro sistema de redistribución y de financiación de los servicios públicos haciendo contribuir a cada uno según sus medios y reconociendo la utilidad social de las profesiones de primera necesidad. El impuesto es una herramienta fundamental del contrato social. Proponemos nuevas tasas de impuestos sobre los grandes patrimonios, los altos ingresos y las grandes empresas.

Tasar el patrimonio y los altos ingresos

¿Se trataría de un nuevo ISF (impuesto de solidaridad sobre la fortuna)?

Llámelo como quiera. Lo que cuenta es aprender del fracaso (o del pretendido fracaso) del ISF y no decir que es imposible tasar a los grandes patrimonios en el futuro, como tantas veces se ha dicho, porque los grandes patrimonios se benefician de nichos fiscales o que siempre pueden irse a otro país.

Lo primero es poner las cosas en perspectiva. No ha habido una fuga masiva de grandes patrimonios de Francia con la creación del ISF y el número de nuevos domicilios fiscales sujetos al ISF cada año superaba, de lejos, el número de salidas. En realidad, somos uno de los países de Europa donde mejor se portan las altas fortunas. Luego, aprender de la experiencia del SIF significa ser mucho más riguroso en la recopilación de información fiscal por parte de las autoridades.

El sistema de recopilación de información sobre los patrimonios (sobre todo financieros) implantado por el SIF no era digno de la séptima potencia mundial. Parecía que estábamos en la prehistoria cuando disponemos de las herramientas digitales avanzadas para controlarlo mejor. Concretamente, los contribuyentes acomodados solo tenían que rellenaran una casilla indicando el conjunto de sus activos, sin que haya ningún cotejo automático de información con las instituciones financieras, mientras que para los ingresos por trabajo esa información está cotejada e incluso pre rellenada.

En fin, si se cree que la fuga de grandes fortunas sigue siendo un problema, nada nos impide poner en marcha una tasa de salida a las grandes fortunas que decidan dejar el país, que sigue siendo su derecho, por supuesto, pero la nacionalidad francesa debe estar asociada a deberes fiscales para todo el mundo, no solo para los contribuyentes “inmóviles”, es decir, las clases medias y populares.

En el Tratado para la Democratización de Europa, un proyecto de tratado presentado en diciembre de 2018, nosotros proponíamos un impuesto del 1% sobre los patrimonios superiores a un millón de euros y del 2% sobre los superiores a cinco millones de euros. Esto puede generar alrededor del 1% del PIB en ingresos fiscales (dicho de otra forma, en diez años este impuesto podría suponer un plan de reactivación del 10% del PIB). A algunos de nosotros les gustaría una tasa mucho más alta, sobre todo a Thomas Piketty, que propone en su libro Capital e ideología, un impuesto sobre el patrimonio del 90% para los más ricos con el fin de reducir significativamente la concentración de la riqueza, algo que no se puede hacer con una tasa del 2%.

Pero nosotros no limitamos el debate a un impuesto sobre el patrimonio. Proponemos un impuesto sobre los altos salarios que tomaría la forma de una tasa marginal adicional del 10% sobre los salarios superiores a 100.000 euros y un 20% por encima de 200.000 euros; y sobre las grandes empresas, una tasa adicional del 15% sobre los beneficios de las sociedades multinacionales. Según nuestras estimaciones, los ingresos por estos tres impuestos podrían ser del orden del 4% del PIB.

¿Cuál sería su función? ¿En qué medida este impuesto podría cambiar la situación económica de manera sostenible?

La función del impuesto del patrimonio es múltiple. Primero, se trata de financiar los servicios públicos, que están muy necesitados, tanto en periodo de crisis como fuera de él. Luego, este impuesto puede contribuir a limitar la concentración de patrimonios, que tiene una implicación democrática (pensemos sobre todo en la concentración de la titularidad de medios de comunicación en manos de algunas grandes fortunas).

Sobre la cuantía, el impuesto que proponemos es más progresivo que el ISF. Como recordatorio, el ISF iba desde una escala del 0,5% por encima de los 800.000 euros y llegaba al 1,5% para más de 10 millones de euros. Para las grandes fortunas, los multimillonarios, había una tasa verdaderamente baja. En efecto, sus fortunas crecen en un 7 u 8% anual en el largo plazo, es decir, tres veces más rápido que la media de las familias con patrimonio (y recordemos que cerca de la mitad de la población no tiene patrimonio). Entonces, con un impuesto sobre el patrimonio del 1,5% no se estabiliza, ni de lejos, la concentración de la riqueza.

Se pueden pues tasar más generosamente las altas fortunas y ningún trabajo serio podrá demostrar que esto tendría efectos perniciosos sobre las inversiones y el crecimiento. Al contrario, al hacer circular mejor el capital, podría animar la puesta en marcha de nuevas ideas y nuevos proyectos, lo que es bueno para la actividad y el empleo.

¿Eso no presenta un riesgo de inconstitucionalidad?

No se puede excluir un riesgo de inconstitucionalidad respecto a la decisión de 2012. El Consejo Constitucional censuró entonces la ley de finanzas y declaró no constitucional la contribución excepcional de solidaridad que quería introducir el gobierno de François Hollande. El Consejo Constitucional había tomado en cuenta el conjunto de impuestos, calculado una tasa global y decidió que esta ley fiscal ignoraba el principio de igualdad impositiva.

Dicho de otra forma, esa nueva tasa, añadida a los impuestos existentes, era considerada como confiscatoria. Un primer elemento para reducir este riesgo puede consistir en proponer tasas que permitan quedar por debajo de los umbrales de 2012 que habían sido considerados confiscatorios.

Además, hay elementos contextuales que nos permiten pensar que el riesgo está hoy considerablemente aminorado. Las actuales circunstancias tienen poco de común con el contexto de 2012. En primer lugar, en 2012 ese nuevo impuesto estaba justificado para reducir el déficit público, de alrededor del 4,8% del PIB, mientras que la previsión para 2020 es de un 6 ó 7% del PIB. En segundo lugar, hoy estamos viviendo jurídicamente un régimen de excepción: la ley del 23 de marzo pasado ha declarado el estado de urgencia sanitaria cuyo alcance es muy amplio y va más allá de las cuestiones de salud.

El gobierno ha sido habilitado para legislar por la vía del mandato en un gran número de asuntos. El Consejo Constitucional ha reconocido este régimen de excepción en su decisión del 26 de marzo sobre la adopción de la ley orgánica que menciona circunstancias “particulares”. En total, si existe un riesgo, creemos que es considerablemente reducido por las circunstancias excepcionales de este periodo.

“El impuesto es la herramienta fundamental del contrato social”

¿Cómo se articula este impuesto con la explosión de la deuda de los Estados? ¿Servirá para pagar la deuda o para financiar los servicios públicos?

Naturalmente, hoy es indispensable el gasto público para relanzar la actividad económica y financiar los servicios públicos que nos protegen, pero la cuestión de la financiación no tardará en plantearse. En efecto, esta crisis nos va a salir cara, como toda crisis económica que destruye la actividad: los recursos fiscales bajan brutalmente y el Estado tienen que aumentar sus gastos en prestaciones. El peso de la deuda en el PIB va a aumentar y podría representar entre el 120 y el 140% del PIB, según algunas estimaciones. El déficit público podría elevarse hasta el 6 o el 7% del PIB. La Comisión Europea ha levantado las restricciones presupuestarias, lo que significa que no habrá sanciones por sobrepasar un déficit del 3% del PIB.

No obstante, por mucho que digamos que ahora no es el momento del rigor presupuestario, que es una situación excepcional, apostaría que los mercados meterán presión a los gobiernos dentro de muy poco. Hay riesgos de volver a vivir una crisis de la deuda como en 2011, cuando los inversores perdieron la confianza en la capacidad de algunos países para pagar sus deudas. Era el caso de Grecia, pero también de Italia y España.

Si no tenemos antes un verdadero debate fiscal, el reflejo será bajar el gasto público cuando aumente el coste de los préstamos. Para no caer en esa trampa, proponemos ir a buscar los recursos fiscales allí donde están. Estas nuevas tasas de imposición sobre los grandes patrimonios, los altos salarios y las multinacionales permitirán, por una parte, pagar más tranquilamente los préstamos actuales, y por otra parte, financiar los servicios públicos que nos protegen en lugar de reducirlos como se ha estado haciendo durante demasiado tiempo.

En total, no hay que poner uno frente a otro. Si hoy los Estados se endeudan (a tipos casi nulos para Francia en este momento) para financiar los hospitales, la deuda creada es una deuda que financia los servicios públicos. El peligro es crear una deuda y a continuación reducirla, bien sea recortando los gastos (lo que se hizo tras la crisis de 2009) o aumentando los impuestos de manera no igualitaria (vía impuestos al consumo, tasas al carbono, etc.) sin la contribución de los que verdaderamente tienen los medios de financiar estos esfuerzos que la nación entera necesita.

La justicia social deberá pasar también por el fin del dumping fiscal de las empresas. ¿Es una oportunidad para cambiar la situación? ¿Y cómo?dumping

Sí, nosotros no nos limitamos a la imposición de los patrimonios de los individuos. Para que funcione un nuevo sistema fiscal hace falta también un impuesto sobre los beneficios de las sociedades, sino corremos el riesgo de que los accionistas guarden sus ingresos dentro de la empresa para evitar los impuestos beneficiándose además de todos los servicios de su empresa. La dirección que han tomado los países europeos, entre ellos Francia en este quinquenio, es reducir el impuesto sobre el beneficio de las sociedades, lo contrario de lo que hay que hacer.

Poner fin al dumping fiscal no es muy complicado técnicamente, lo que falta es voluntad política. El mismo gobierno reconoce que se deberían tasar los beneficios de las multinacionales en función de las ventas que hagan en un país, y no en función de los beneficios que declaren en ese país (siempre tienen la precaución de declarar beneficios ficticios, mucho más bajos, en los países con impuestos elevados y lo contrario en los países sin impuestos).

La tasa GAFA (tasa a las grandes tecnológicas como Google, Apple, Facebook y Amazon, ndt) es un primer paso en esa vía, pero debe estar acompañada de otros dos puntos esenciales. El primero es no limitarse a las GAFA, que no representan más que el 5% de la evasión fiscal de las multinacionales. Limitarse a las GAFA sería también terrible geopolíticamente porque daría un buen argumento a Donald Trump para tasar los productos franceses. En segundo lugar, de nada sirve tasar los beneficios reales y no declarados si el impuesto sobre los beneficios sigue bajando, como ha previsto el gobierno: entre 2017 y 2022 debe bajar del 33 al 25%. Hay que invertir la tendencia. La buena noticia es que sí es posible.

El Gobierno parece determinado a mantener su política fiscal y sobre todo acabar con el ISF. ¿Qué le parece eso?

Frente a la recesión que se anuncia a la salida del confinamiento, el Gobierno podría decidir continuar con su impulso de reducir los impuestos, sobre todo sobre el capital, con la idea de que eso terminará por favorecer las inversiones, pero la consecuencia real será la de amplificar las tensiones sociales que han estado deteriorándose desde hace diez años y que posiblemente se hayan desatado con esta crisis. O bien, podríamos decidir revisar todo nuestro sistema de redistribución y financiación de los servicios públicos haciendo pagar a cada uno según sus medios y reconociendo la utilidad de las profesiones de primera necesidad. El impuesto es la principal herramienta del contrato social.

Brigitte Macron monta una polémica subasta de mobiliario del Elíseo para ayudar a la sanidad pública

Ver más

Traducción de Miguel López.

Texto original en francés: