Donald Trump, “demolition man” de la Casa Blanca (y de la democracia)
Fue necesario que una fotógrafa de la agencia Associated Press (AP) subiera al tejado de un edificio con vistas a la Casa Blanca para que saliera a la luz la verdad: Donald Trump, elegido hace un año 47º presidente de los Estados Unidos, ha ordenado, incumpliendo sus compromisos y de forma secreta e ilegal, la destrucción del ala este de la Casa Blanca. Las fotografías y los vídeos de Jacquelyn Martin permitieron constatar la magnitud de la destrucción.
Sin embargo, en julio había asegurado que su deseo de construir un gran salón de recepciones, dos veces más grande que la propia residencia de los presidentes de los Estados Unidos, no supondría la desaparición de este parte de la historia. El ala este fue construida por el presidente Theodore Roosevelt en 1902 y ampliada cuarenta años más tarde por otro Roosevelt, Franklin Delano, en plena guerra mundial. A finales de octubre, solo quedaban escombros, como constató la fotoperiodista de AP.
En plena parálisis presupuestaria, sin haber consultado a la comisión que normalmente se encarga de dar el visto bueno, el presidente ha recurrido directamente a fondos privados para financiar la construcción. Se prevé que las obras estén terminadas para finales de su segundo mandato, en enero de 2029. Los planos revelados por la Casa Blanca muestran que este salón de recepciones, con capacidad para 299 personas, está muy inspirado en el del club privado de Trump en Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida. Con mucho oro y candelabros al estilo Versalles.
En la lista de donantes se encuentran los ultrarricos y las empresas que se benefician plenamente de su política económica, entre las que predominan las grandes tecnológicas (Amazon, Apple, Google, Meta, Microsoft), la industria militar (Booz Allen Hamilton, Lockheed Martin, Palantir Technologies...) y las criptomonedas (Coinbase, Ripple y Tether America).
Aunque la mayoría de los habitantes de Estados Unidos sufren la inflación, debido a las consecuencias de la guerra comercial iniciada por Trump, esos tres sectores se benefician plenamente de las medidas presidenciales, ya sea porque alimentan la burbuja de la inteligencia artificial o porque les permiten obtener amplios márgenes, por ejemplo, en el ámbito de la vigilancia privada, debido a la política antiinmigración.
Un símbolo del segundo mandato
La Casa Blanca ha publicado una lista de treinta y siete donantes, pero, según el New York Times, algunos nombres se han mantenido en secreto, a pesar de que el presidente había afirmado que quería mostrar transparencia. Como de costumbre, la administración Trump ha descartado de un plumazo la cuestión de los conflictos de intereses.
Preguntada por CBS News, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró que “los mismos detractores que afirman erróneamente que existe un conflicto de intereses se quejarían si los contribuyentes tuvieran que pagar la factura”. “Los donantes del proyecto del salón de baile de la Casa Blanca representan una amplia gama de grandes empresas estadounidenses y generosos particulares, que contribuyen a mejorar la Casa del Pueblo para las generaciones venideras”, añadió.
Las reformas de la Casa Blanca, conocida como la “Casa del Pueblo”, siempre han suscitado reticencias, críticas y polémicas. Pero esta vez, un año después de la elección de Trump y nueve meses después de su regreso al poder, y al lugar, esta obra de 300 millones de dólares (260 millones de euros), según Trump, tiene un valor simbólico para un segundo mandato marcado por sus golpes autoritarios.
“Hay algo profundamente simbólico en el hecho de que Trump destruya la Casa Blanca con bola de demolición, que financie esta demolición con el dinero de sus acólitos y allegados que buscan obtener favores del Gobierno y que los republicanos del Congreso acepten que Trump trate los bienes públicos como si fueran de su propiedad privada”, reaccionó David Frum, exredactor de discursos del presidente George W. Bush, en la red social X.
En términos generales, el presidente se ha embarcado en una operación de demolición sistemática de todos los contrapoderes: la justicia, con la complicidad del Tribunal Supremo, que, por el momento, no se ha opuesto a sus planes de controlarlo todo; la oposición demócrata, con el intento de enviar al ejército a las ciudades bajo su control; y los medios de comunicación.
Para completar el panorama, también hay que mencionar su labor de zapa dentro de los organismos internacionales. El ejemplo más reciente es la decisión de Trump de no enviar representantes a la COP30 de Belém (Brasil), después de que calificara el cambio climático como “el mayor timo jamás perpetrado” y ridiculizara la ciencia del clima en la tribuna de la Asamblea General de la ONU en septiembre.
Próximo objetivo: las elecciones intermedias
En primer lugar, el presidente quiere ajustar cuentas y saciar su sed de venganza, ya que considera que ha sido objeto de una caza de brujas por parte de la justicia bajo el mandato de Joe Biden. Así lo hemos visto con la imputación de varias personalidades, tanto exmiembros de su administración, como James Comey o John Bolton, como magistrados, como Letitia James, fiscal del Estado de Nueva York. Pero hay más nombres puestos en la picota.
Para Trump también es importante preparar el futuro y asegurarse de que las elecciones intermedias de 2026 no le hagan perder el control de la Cámara de Representantes, en la que solo cuenta con una escasa mayoría.
El Wall Street Journal reveló que Kurt Olsen fue contratado por la Casa Blanca en septiembre. Este abogado estuvo al mando después de 2020, sobre todo en Texas, para intentar revertir el resultado de las elecciones presidenciales ganadas por Joe Biden, el rival demócrata de Trump, e imponer la narrativa de unas elecciones robadas. Goza del estatus de “empleado especial del Gobierno”, el mismo que se le concedió a Elon Musk al comienzo del mandato para desmantelar la administración federal, y que le autoriza a trabajar para la administración durante ciento treinta días.
Desde este verano, Donald Trump ha pedido a los Estados gobernados por los republicanos que modifiquen sus circunscripciones electorales para poder asegurar más escaños al partido
Según el diario, que cita a responsables anónimos, “Olsen comenzó a pedir a las agencias de inteligencia información sobre las elecciones de 2020”. “Olsen declaró a otras personas que también quería destituir a algunos empleados del Gobierno que consideraba desleales a Trump”, subraya además el periódico conservador.
Las maniobras de Olsen y sus compinches condujeron al ataque al Capitolio, el 6 de enero de 2021, por parte de las tropas Maga (Make America Great Again), en un intento de revocar los resultados electorales y llevar a cabo un auténtico golpe de Estado. Cinco años después, los golpistas condenados por la justicia han sido indultados por Donald Trump y Olsen vuelve a la palestra para influir en las próximas elecciones, que se celebrarán dentro de un año.
La página web Democracy Docket, fundada en 2020 por el abogado demócrata Marc Elias, recuerda que “Olsen tiene un amplio historial en materia de impugnación electoral”. “Participó en las acciones judiciales postelectorales de 2020 que solicitaban al Tribunal Supremo anular los resultados electorales en cuatro Estados”, indica la plataforma dedicada al derecho al voto y a los litigios electorales. “Cuando eso fracasó, intentó convencer al departamento de Justicia de que presentara su propia demanda, una iniciativa que incluso el departamento de Justicia de Trump había rechazado”.
Pero ahora están al mando los negacionistas electorales, como Pam Bondi al frente del departamento de Justicia y Kash Patel en el FBI. Además, desde este verano, Donald Trump ha pedido a los Estados gobernados por los republicanos que modifiquen sus circunscripciones electorales para poder asegurar más escaños al partido. Texas ha sido el primero, seguido por otros.
“Esta guerra por la redistribución electoral”, aseguró Steve Bannon, una de las figuras del movimiento Maga, al New York Times, “es el inicio de una batalla que hay que ganar. Tenemos que conseguir estas victorias. Si Trump no conserva la Cámara de Representantes, lo destituirán. Será una pesadilla y un baño de sangre”.
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Para hacer frente a los ataques trumpistas, los demócratas están organizando sus propios rediseños. California fue la primera en reaccionar. El martes 4 de noviembre, sus habitantes están llamados a aprobar una nueva circunscripción electoral. Un año antes de las elecciones intermedias, la lucha contra la autocracia de Trump y por preservar las elecciones ha comenzado.
Traducción de Miguel López
