La justicia francesa condena a un experiodista de Canal+ por criticar a Bolloré violando una cláusula de confidencialidad
¿Se puede comprar la libertad de expresión de un periodista? En definitiva, esa es la cuestión que ha tenido que resolver el Tribunal de Apelación de Versalles (Francia) en el caso que enfrenta al exreportero de Canal+ Jean-Baptiste Rivoire con su antiguo empleador. Y su decisión no va a tranquilizar a los defensores de la libertad de información, ya ocupados en múltiples frentes y que ahora tienen que añadir uno más.
En su sentencia, el Tribunal de Apelación de Versalles acaba de condenar al director del medio digital independiente Off Investigation a devolver 142.500 euros a la cadena de pago (151.000 euros en primera instancia ante la jurisdicción laboral) por haber criticado públicamente los métodos de su accionista mayoritario, Vincent Bolloré, e incumplir así la cláusula de confidencialidad que había firmado.
En 2021, Jean-Baptiste Rivoire, entonces redactor jefe adjunto del programa de investigación Special Investigation, abandonaba Canal+ tras un largo periodo de desavenencias con su empleador.
Desde 2015, con la toma de control del grupo de televisión de pago por parte del multimillonario bretón, Rivoire había luchado por mantener el único programa de investigación de Canal+ y liderado la rebelión interna, especialmente en calidad de representante sindical. Marginado desde hace varios años, acabó recurriendo a la jurisdicción laboral para denunciar la discriminación sindical que aseguraba sufrir.
Tras duras y largas negociaciones, Canal+ y Rivoire llegaron a un acuerdo para poner fin de forma amistosa a las disputas que los enfrentaban. A cambio de que retirara su demanda, Canal+ aceptó pagar al periodista 140.000 euros.
Otra concesión decisiva arrancada por Canal+: Rivoire se comprometía a “abstenerse de intervenir, testificar o proporcionar declaraciones en cualquier asunto, conflicto, controversia o litigio que implique, directa o indirectamente, a la empresa o a cualquier otra empresa del grupo Canal+/Vivendi”. Además, ambas partes acordaron que esta cláusula permaneciera en secreto.
En definitiva, Canal+ esperaba de su antiguo empleado, a cambio de las sumas abonadas, “que en el futuro renunciara a su derecho a la libertad de expresión”, subrayan los jueces en la sentencia dictada por el Tribunal de Apelación de Versalles y a la que Mediapart ha podido acceder.
Una cláusula demasiado amplia
Aunque el tribunal reafirma que la libertad de expresión es una libertad fundamental, explica en su sentencia que es posible renunciar a ella mediante contrato, tal y como dispone el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.
“De hecho, la libertad de expresión, aunque se trate de una libertad fundamental, no queda fuera del ámbito de la negociación que precede a la celebración de un acuerdo, el cual es, conviene recordar una vez más, un contrato que genera obligaciones recíprocas para las partes”, afirman los jueces de Versalles.
Pero nueve meses después de la celebración de dicho acuerdo, Rivoire, entrevistado primero en un documental realizado por Reporteros sin Fronteras (RSF) y después en entrevistas concedidas, entre otros, a Blast y Charlie Hebdo, denunció la forma en que Vincent Bolloré había arrasado con la información honesta e independiente en Canal+.
Desde el punto de vista de la cadena de pago, las numerosas declaraciones de Rivoire dañaron la reputación del grupo y, por lo tanto, vulneraron el compromiso adquirido unos meses antes. Una interpretación de los hechos compartida por los jueces del Tribunal de Apelación de Versalles, que ordenaron al periodista devolver la indemnización transaccional que Canal+ le había abonado.
No obstante, al reconocer que Rivoire no fue el primero en denunciar los métodos de Bolloré y que su forma brutal de someter a las redacciones ya estaba ampliamente documentada en artículos de prensa, el Tribunal de Apelación de Versalles consideró que el exempleado no podía ser considerado el único responsable de la mala reputación del empresario bretón.
De este modo, los jueces obligaron a Rivoire a devolver la indemnización pactada con Canal+, pero redujeron de 10.000 a 1.000 euros la compensación adicional por daños y perjuicios que debe pagar a su antiguo empleador.
El Tribunal de Apelación también dio la razón a Rivoire y a su abogado en otro punto. La cláusula de confidencialidad propuesta al periodista, al igual que a muchos otros que abandonaron el grupo antes y después de él, es excesivamente amplia, ya que no se refiere únicamente al empleador directo de Rivoire, es decir, Nulle part ailleurs production, una filial de Canal+, sino a la totalidad de las empresas y directivos del grupo Canal+/Vivendi.
Es decir, una miríada infinita de empresas en los sectores de la prensa, la producción audiovisual, el espectáculo, la edición y el cine, habida cuenta del vertiginoso control de Vincent Bolloré en los ámbitos de la información y la cultura.
Una sentencia “que no está a la altura de los retos democráticos”
Por otra parte, los jueces de Versalles también subrayan que la ausencia de limitación temporal de la cláusula plantea un problema. “En derecho civil, un compromiso de duración indeterminada puede rescindirse en cualquier momento, siempre que se respete un plazo razonable”, detallan. No obstante, según los jueces, el plazo de nueve meses en el que Jean-Baptiste Rivoire "se permitió incumplir el acuerdo al que se había adherido libremente" es demasiado corto para considerarse razonable.
Un escaso consuelo, en opinión de Vincent Brengarth, abogado de Rivoire, a quien le cuesta conformarse con esos “pocos puntos positivos” y lamenta una sentencia “que no está a la altura de los retos democráticos que representa este asunto”.
Para el abogado, el Tribunal de Apelación de Versalles reconoce, en principio, que la cláusula es demasiado amplia y carece de una limitación temporal, pero “no saca ninguna consecuencia de ello”. Para él, esta sentencia equivale a privar a “su cliente de la posibilidad de expresarse sobre un componente fundamental del panorama audiovisual francés”.
Este caso envía una señal extremadamente preocupante a toda la profesión
El abogado, que denuncia además una “cláusula mordaza firmada en un contexto necesariamente desequilibrado”, se refiere a esta decisión como una “oportunidad perdida por la justicia, que podía haber afirmado que el liberalismo contractual no puede sofocar la libertad de expresión y decir que tales cláusulas no tienen cabida en un contrato, y más aún cuando se trata de un periodista de investigación”.
Contactado por Mediapart, Jean-Baptiste Rivoire no descarta llevar el caso ante el Tribunal de Casación y desea llegar hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para zanjar el debate de fondo sobre la legalidad de una cláusula de este tipo, sobre la base del derecho a la libertad de expresión.
Por su parte, en Reporteros sin Fronteras se muestran preocupados por una decisión que crea “un peligroso precedente para el ejercicio de la profesión periodística”. Según la ONG defensora de la libertad de prensa, “al anteponer la protección de la reputación de una empresa a la lealtad fundamental de un periodista hacia el derecho del público a estar informado, este caso envía una señal extremadamente preocupante a toda la profesión”.
Contactado por Mediapart, Canal+ no han querido hacer comentarios, como en cualquier otro asunto judicial.
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Traducción de Miguel López
