La creciente demanda del langostino ecuatoriano en España pasa factura a los manglares de ese país

Cuando la marea baja en la isla Costa Rica, en el archipiélago ecuatoriano de Jambelí, Erika Alvarado se adentra en el manglar y hunde las manos en el fango. Busca entre las raíces las conchas negras que se esconden bajo el lodo.

Alvarado, que ronda los 40 años, tenía siete cuando su madre la envió por primera vez al manglar a recoger moluscos para venderlos y contribuir así a la economía familiar. Hoy, ese mismo trabajo le permite mantener a su propia familia, aunque las capturas son mucho menores de lo que recuerda. “Antes vivíamos de lo que recogíamos”, cuenta. “Ahora apenas sacamos lo suficiente para comer”.

Como muchos vecinos de esta pequeña comunidad isleña, Alvarado culpa a la industria camaronera de sus dificultades. “Talaron los árboles para construir esas piscinas”, dice mientras señala una gran explotación acuícola a lo lejos. “Las conchas viven entre las raíces. Si desaparecen los árboles, ellas también desaparecen”.

En la última década, la producción de camarón (o langostino) de Ecuador casi se ha cuadruplicado y ha desbancado al petróleo como principal producto de exportación del país. Prácticamente toda la producción se destina al extranjero, sobre todo a China, Estados Unidos y Europa, que ya compra a Ecuador más de la mitad del langostino que importa.

España es el principal mercado europeo para el langostino ecuatoriano. En 2025 importó más de 88.000 toneladas, alrededor de un tercio de todos los envíos de Ecuador al continente.

El producto entra en la Unión Europea principalmente por los puertos de Vigo y Róterdam, que funcionan como puerta de entrada para su posterior distribución a otros Estados miembros.

La presencia de empresas españolas en el sector camaronero ecuatoriano es cada vez mayor. Nueva Pescanova, el mayor grupo pesquero industrial de España, opera explotaciones acuícolas en el país a través de su filial Promarisco. Profand, uno de los principales proveedores de productos del mar de Mercadona, también está reforzando su posición mediante la compra de nuevas granjas camaroneras.

A medida que crecía la demanda, los productores ecuatorianos fueron adentrándose en territorios ya castigados por décadas de deforestación. Entre 1969 y 1999, Ecuador perdió hasta el 43% de sus manglares por la expansión de esta industria. Hoy, las piscinas camaroneras ocupan una superficie equivalente a una vez y media la de los manglares que aún sobreviven en el país.

La tala de manglar está ahora prohibida y el sector sostiene que la conversión de estos hábitats se ha reducido prácticamente a cero, pese al espectacular aumento de la producción. Sin embargo, aunque la época de las grandes talas pueda haber quedado atrás, los habitantes de las comunidades próximas a las explotaciones y varios científicos aseguran que la destrucción de estos ecosistemas continúa.

“La gente cree que la destrucción del manglar es algo del pasado”, afirma Eduardo Rebolledo Monsalve, investigador de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en Esmeraldas. “Pero no es así”.

Los datos de Trase, una iniciativa que promueve la transparencia en las cadenas de suministro, muestran que entre 2014 y 2018 se transformaron 427 hectáreas de manglar en piscinas camaroneras, principalmente en la provincia de Guayas, el principal núcleo de producción del país.

Otro estudio, elaborado a partir de imágenes por satélite, concluyó que durante los cuatro años siguientes desaparecieron otras 2.900 hectáreas de manglar. Casi la mitad se encontraban dentro de espacios protegidos.

En enero de 2024, una operación de la Armada detectó, según informaron medios locales, la tala de diez hectáreas dentro de Manglares Don Goyo, en el interior del golfo de Guayaquil. La zona está reconocida como humedal de importancia internacional por el Convenio de Ramsar.

Luis Ángel Flores Ramírez, recolector de cangrejos de la provincia meridional de El Oro, donde comenzó a desarrollarse la industria camaronera, asegura que los productores han cambiado de estrategia con los años. En lugar de arrasar grandes extensiones de una sola vez, explica, ahora eliminan pequeñas franjas “con el pretexto de que solo están podando, de que necesitan abrir un canal o construir un dique”.

Más al norte, en la parroquia pesquera rural de San José de Chamanga, Pablo Roberto Demera describe una situación parecida.

“Cada vez que reparan el muro de una piscina, talan dos metros más, luego otros dos, y así sucesivamente”, denuncia Demera, presidente de la asociación local de pescadores artesanales.

Los daños no se limitan a la tala. Las explotaciones camaroneras pueden interrumpir el flujo de las mareas que mantiene húmedos y oxigenados los suelos del manglar.

“Cuando los muros, los canales y los diques de las piscinas cortan ese intercambio, el fango puede secarse y endurecerse, la salinidad puede cambiar y los árboles que siguen en pie pueden ir muriendo poco a poco”, explica Rebolledo Monsalve.

A ello se suma la contaminación. Las explotaciones bombean agua hacia las piscinas y después la devuelven a los estuarios en forma de efluentes. La legislación ecuatoriana prohíbe verter aguas residuales sin tratar, que pueden contener elevadas concentraciones de materia orgánica y nutrientes procedentes de restos de pienso, heces, fertilizantes y otros insumos capaces de asfixiar el ecosistema.

Sin embargo, un estudio publicado en 2023 detectó que las aguas de los manglares próximos a explotaciones camaroneras de Esmeraldas contenían alrededor de dos veces y media más amonio y fósforo que las de otros manglares.

Un informe de Seafood Watch estimó además que las piscinas camaroneras ecuatorianas liberan en las aguas circundantes aproximadamente la mitad de los residuos nitrogenados generados por los propios camarones.

Un antiguo trabajador de una explotación de Puerto Libertad, en la provincia de Santa Elena, que pidió permanecer en el anonimato por temor a represalias, recuerda que le ordenaban verter directamente al estuario, sin ningún tipo de tratamiento, el agua utilizada en las piscinas. “Todo va directamente al estuario”, asegura. “El agua se vuelve blanca y se llena de espuma”.

Las comunidades también están preocupadas por los productos químicos empleados durante la cosecha. Uno de los más habituales es el metabisulfito de sodio que los productores añaden a los tanques o recipientes donde se depositan los camarones recién capturados para evitar que se deterioren antes de llegar a la planta procesadora.

Para Mauricio Cruz, recolector de cangrejos de Huaquillas, cerca de la frontera con Perú, el uso de esta sustancia agrava la preocupación por la contaminación procedente de las explotaciones, especialmente cuando se renueva el agua de las piscinas. Durante las cosechas, asegura, no es extraño encontrar peces muertos en los alrededores.

Máximo Jordán preside una asociación de pescadores artesanales y recolectores de cangrejos de Puerto Roma, una localidad del golfo de Guayaquil rodeada por más de 150 piscinas camaroneras. Según explica, los cangrejeros han localizado tuberías que, a su juicio, transportan hasta el manglar los sedimentos extraídos durante los trabajos de dragado.

“¿Por qué no los vierten en sus propios canales?”, pregunta. “Los arrojan 300 metros dentro del bosque. Contaminan los árboles y matan los cangrejos”. Pese a los indicios existentes, el problema pasa en gran medida desapercibido.

“Hay muy pocos fondos para investigar adecuadamente estos impactos”, afirma Wendy Chávez-Páez, investigadora ambiental del Instituto Alemán de Desarrollo y Sostenibilidad. “Tampoco existe demasiada voluntad política, porque el camarón tiene un enorme peso económico”.

La vigilancia es también insuficiente. En Esmeraldas, donde operan más de 200 explotaciones camaroneras, solo hay un inspector de acuicultura para toda la provincia. Ni siquiera dispone de vehículo para desplazarse.

José Antonio Camposano, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura de Ecuador, niega que las explotaciones asociadas a la organización estén contaminando el agua.

“Si tengo agua de mala calidad, poco oxígeno o sustancias que no deberían estar ahí, el camarón se estresa, enferma, deja de crecer y deja de comer”, argumenta. “No tiene ningún sentido criar un animal en condiciones desfavorables, porque eso solo facilita la propagación de enfermedades”.

Las comunidades pueden denunciar los daños causados a los manglares mediante una figura conocida como Acuerdo de Uso Sustentable y Custodia del Manglar. Vigentes desde el año 2000, estos acuerdos conceden a las asociaciones locales un papel legal en la protección y gestión de los bosques de los que dependen. En la actualidad, alrededor de dos tercios de los manglares que quedan en Ecuador están cubiertos por estos instrumentos.

Sin embargo, las denuncias rara vez desembocan en sanciones. La asociación 15 de Enero, que custodia 3.330 hectáreas de manglar en la provincia de El Oro, ha presentado desde 2019 un total de 17 denuncias ante el Ministerio de Ambiente por supuestos casos de deforestación y contaminación del agua vinculados a explotaciones camaroneras.

“Por desgracia, sabemos que llegan al departamento jurídico del ministerio y que ahí se acaba todo”, lamenta Flores Ramírez, expresidente de la asociación. “Nadie responde por lo ocurrido”.

En uno de esos casos, el ministerio impuso una multa después de que la asociación denunciara una piscina construida supuestamente de forma ilegal. “Pero nunca retiraron la piscina ni restauraron el manglar”, asegura Flores Ramírez.

Desde 2019, el Ministerio de Ambiente ha tramitado 44 denuncias por daños a los manglares de El Oro. Sin embargo, no respondió cuando se le preguntó cuántas habían acabado en sanción.

Jordán explica que su asociación también denunció el vertido de sedimentos en los manglares de Guayas. Las autoridades inspeccionaron la zona, pero la comunidad sigue esperando una respuesta oficial.

Quienes denuncian también pueden sufrir represalias. “Cuando presentas una denuncia, te identifican”, señala Jordán. “Puedes estar poniendo tu vida en peligro”.

Un recolector de cangrejos de El Oro comparte ese temor. “Van a tu casa a amenazarte”, asegura. “Pero, si no hablamos, también corremos el riesgo de que el ministerio nos retire la zona de pesca en la que tenemos permiso para trabajar”.

Para Chávez-Páez, esta situación pone de manifiesto las limitaciones fundamentales de los acuerdos ecuatorianos de custodia del manglar.

“Son una herramienta poderosa, pero trasladan la responsabilidad de proteger los manglares a comunidades pobres, en lugar de hacer recaer esa obligación sobre los organismos públicos y las empresas, que son quienes disponen de los recursos necesarios”, afirma.

A medida que ha aumentado el escrutinio internacional sobre el sector, las empresas camaroneras y sus compradores han empezado a promover proyectos de restauración en algunos de los mismos paisajes costeros por los que anteriormente se expandieron las explotaciones.

El año pasado, la empresa alimentaria francesa Labeyrie Fine Foods y la productora ecuatoriana Omarsa anunciaron un proyecto para restaurar diez hectáreas cerca de Cerrito de los Morreños. Los árboles procederán de un vivero que Omarsa contribuyó a poner en marcha.

Promarisco, filial de la viguesa Nueva Pescanova y una de las mayores comercializadoras de langostino de Europa, también ha respaldado un proyecto piloto de restauración del manglar en el golfo de Guayaquil.

La compañía asegura que, desde 2011, ha puesto en marcha planes para reforestar 82,99 hectáreas de manglar en la zona.

Nadia Romero Salgado, investigadora especializada en los conflictos sociales y ecológicos provocados por la industria camaronera ecuatoriana, considera que estas iniciativas pueden ser positivas, al menos en principio.

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Pero también existe el riesgo, advierte, de que las empresas utilicen los proyectos de restauración para mejorar la imagen de un sector que nunca ha asumido plenamente los daños históricos que causó.

En la isla Costa Rica, la restauración no es una operación de imagen, sino una forma de resistencia. Alexander Alvarado Reyes, de 36 años y presidente de la asociación local encargada de custodiar el manglar, explica que los vecinos han plantado ejemplares jóvenes en una zona que en otro tiempo fue un abundante criadero de moluscos.

Algunos plantones han conseguido echar raíces. Otros han sido arrastrados por la corriente o devorados por los caracoles. Pero allí donde los árboles han sobrevivido —cuenta Alvarado Reyes—, el fango ha empezado a ablandarse de nuevo. Confía en que algún día regresen también las conchas.