El informe de 2024 de la CNMC desmonta la tesis de las derechas de que RTVE hace seguidismo del Gobierno

En 2024, RTVE vivió un año de inestabilidad institucional casi sin precedentes: tuvo tres presidencias distintas —Elena Sánchez, destituida el 26 de marzo tras la crisis por el fichaje de David Broncano; Concepción Cascajosa, elegida al día siguiente como interina y con poderes ejecutivos plenos desde mayo por aval del Tribunal Supremo; y José Pablo López, nombrado por el Congreso el 28 de noviembre con mandato fijo de seis años—, además de una reforma legal de fondo,que amplió el consejo de administración de 10 a 15 miembros, rebajó la mayoría necesaria para elegirlos y cambió la retribución de los consejeros de dietas simbólicas a sueldos fijos de entre 105.000 y 125.000 euros anuales. 

Todo ello mientras el coste neto del servicio público subía a 1.194,87 millones de euros (123,7 millones más que en 2023) y el pluralismo informativo se deterioraba en varios de sus programas insignia, según el informe que acaba de publicar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para evaluar el cumplimiento de las obligaciones de servicio público de RTVE durante 2024. 

Según el regulador, que por ley está obligado a supervisar a RTVE, cada ciudadano pagó aquel año de media 2,01 euros al mes por el sostenimiento de RTVE, 18 céntimos más que en 2023. Y la deuda pendiente de cobro con la Agencia Tributaria, que paralizó las devoluciones del IVA soportado, pasó de 530,6 a 606,5 millones de euros entre ambos ejercicios.

La cifra tiene el valor que tiene, porque se refiere a la RTVE de hace dos años, en la que el nuevo modelo dirigido por José Pablo López apenas había comenzado su andadura, pero el informe otorga a la corporación una puntuación global de 3,09 sobre 4, lo que supone un cumplimiento satisfactorio de sus obligaciones de servicio público durante 2024, tal y como las fija el Mandato-marco y la normativa audiovisual. Es una nota que se reparte entre 3,04 para las obligaciones de servicio público, 3,01 para los contenidos programáticos, 3,16 para la promoción cultural y 3,67 para la gestión interna.

La CNMC reprocha a Radio Nacional de España que ese año mantuviese, una vez más, su negativa a facilitar al supervisor ningún dato sobre el reparto de tiempo de palabra entre Gobierno y oposición en sus informativos. El propio informe lo describe como un incumplimiento de la obligación de pluralismo político.

En televisión, los datos dibujan un panorama desigual según el programa. Los informativos diarios de TVE se acercaron al equilibrio en 2024, con un 50,20% de tiempo de palabra para el Gobierno frente al 49,80% de la oposición. Un año antes, la diferencia había sido de siete puntos a favor del Ejecutivo.

Ese acercamiento, en cambio, no se repite en otros espacios. En Informe Semanal, el Gobierno concentró en 2024 el 68,26% del tiempo de palabra frente al 31,74% de la oposición. La diferencia, de más de 36 puntos, creció 7,78 puntos respecto al año anterior.

En La hora de La1, la presencia del Ejecutivo pasó del 50,90% al 60,12% en un solo año. En cambio, en La noche en 24 horas la oposición se mantuvo en ventaja, con el 54,49% de la presencia frente al 45,51% del Gobierno.

De los cinco principios que exige el Mandato-marco a la actividad informativa de RTVE, dos obtienen las peores notas de todo el informe. El rigor logra un 1,86 sobre 4 y la imparcialidad, un 2,23. Son las puntuaciones más bajas del documento. El informe basa esas dos puntuaciones en un análisis cualitativo de casos concretos detectados durante el año, no en una fórmula numérica como la del tiempo de palabra. 

Entre los episodios que cita el documento están la edición de unas declaraciones de agricultores en una protesta, que suprimió parte del contenido crítico; las declaraciones del presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo emitidas sin contexto suficiente; una entrevista al fiscal general del Estado señalada por falta de neutralidad; la polémica de Inés Hernand en la gala de los Goya; un comentario de Anne Igartiburu sobre Aida Nízar; y el silencio de RNE ante la dimisión de la periodista Montserrat Boix, que la cadena no informó. A partir de esa acumulación de incidentes, la CNMC concluye que el rigor y la imparcialidad son los dos principios peor cumplidos de todo el informe.

Para valorar independencia, neutralidad, imparcialidad y rigor, la CNMC no investiga por su cuenta, sino que “analiza los informes de los Consejos de Informativos de TVE, RNE (...) y Digital” y a partir de ahí selecciona “las más relevantes” de las denuncias internas que esos consejos ya habían presentado durante el año.

Menos información, menos accesibilidad

Los contenidos informativos ocuparon en 2024 el 22,79% de la programación de TVE y el 20,42% de la de RNE. Ambas cifras son las más bajas desde que la CNMC empezó a medirlas en 2021.

La corporación tampoco alcanzó el porcentaje de producción interna que exige el Mandato-marco para su oferta generalista. La norma fija un mínimo del 60% y RTVE se quedó en el 54,34% en 2024. Para los programas de género divulgativo y de entretenimiento, el objetivo del 55% se incumplió en los tres cuatrimestres del año, con un resultado del 46,10%.

En accesibilidad, Teledeporte necesitaba emitir 780 horas anuales con audiodescripción y sumó apenas 124,78. El propio informe reconoce que el canal se queda muy lejos de conseguir el mínimo exigido.

La emisión en lenguas cooficiales distintas del castellano se limitó, en los canales lineales, al catalán, con un 6,16% del tiempo. Euskera, gallego, valenciano y aranés no registraron ninguna emisión.

La Defensora de la Audiencia gestionó 14.550 comunicaciones durante el año, un 50% más que en 2023. Entre los motivos que explican el repunte figuran la cancelación de un programa de Radio Nacional y las quejas por falta de subtitulado y de audiodescripción, que se repiten cada año.

La plantilla de la corporación bajó de 6.904 a 6.770 empleados, la primera caída en tres años. El fomento de la igualdad de género, con una brecha salarial que se redujo del 6,30% al 3,90%, obtuvo aun así la segunda puntuación más baja de todo el capítulo dedicado a las obligaciones de servicio público.

Un año convulso

El ejercicio que evalúa el informe fue, dentro de RTVE, un año de inestabilidad institucional. La corporación tuvo tres presidencias distintas y vivió una reforma legal que cambió las reglas con las que se elige a su cúpula directiva.

Elena Sánchez ejercía la presidencia interina desde septiembre de 2022. El Consejo de Administración la destituyó el 26 de marzo de 2024, tras una crisis interna motivada por el fichaje del presentador David Broncano y el cese simultáneo del entonces director de Contenidos, José Pablo López.

Al día siguiente, el Consejo eligió como presidenta interina a Concepción Cascajosa, para un mandato inicial de seis meses. En mayo, el Tribunal Supremo avaló una reforma de los estatutos que le otorgó poderes ejecutivos plenos, ante el bloqueo del propio órgano.

Para desatascar esta situación, el 22 de octubre, el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 5/2024, que modificó la Ley 17/2006 de la radio y la televisión de titularidad estatal. La norma amplió el Consejo de Administración de 10 a 15 miembros y rebajó la mayoría necesaria para elegirlos, de dos tercios a mayoría absoluta en segunda vuelta. Un cambio que hoy chocaría frontalmente con el Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés), en vigor desde agosto de 2025.

El mismo decreto sustituyó el sistema de dietas de los consejeros, que rondaba los 11.000 euros brutos anuales por persona, por un sueldo fijo de 105.000 euros, ampliable hasta 125.000 con complementos. El coste conjunto del Consejo pasó de unos 100.000 euros al año a entre 1,5 y 2 millones.

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El Congreso de los Diputados nombró a José Pablo López presidente el 28 de noviembre, por mayoría absoluta en segunda vuelta. Tomó posesión el 2 de diciembre, con un mandato fijo de seis años, lo que le garantiza estabilidad hasta el 2 de diciembre de 2030, pase lo que pase en las próximas elecciones generales. El Consejo de Informativos de TVE había rechazado, meses antes, la aplicación del decreto que rebajaba las mayorías para llevar a cabo la elección.

La CNMC certifica, de nuevo, la ausencia de un Contrato-Programa entre RTVE y el Gobierno y la falta de actualización del Mandato-marco, vigente desde 2007 y prorrogado desde 2016 sin que se haya aprobado uno nuevo. El regulador repite esta advertencia en cada informe anual desde hace años.

El apartado dedicado al plan estratégico de la corporación recibe en el documento la puntuación más baja de todo el análisis, 1 sobre 4, por la inexistencia de ese contrato.