La filfa de la “legalidad vigente”

El fundamentalismo de la legalidad es como cualquier otro: un insulto a la libertad y la razón. He dicho fundamentalismo, esto es, la consideración de algo como eterno, inmutable, sagrado. Ninguna legalidad lo es; desde el Código de Hammurabi a nuestros días, la humanidad ha ido considerando legales cosas que antes no lo eran y viceversa.

Que la derecha suela aferrarse a la legalidad vigente, es lo suyo. En materia de libertades y derechos, la derecha prefiere el pasado al presente y, si no queda más remedio, el presente al futuro. Su seña de identidad es ser el partido de la ley y el orden, del statu quo.

Pero que alguien que se diga de izquierdas invoque la legalidad vigente como supremo argumento contra una mejor expresión del pluralismo, revela que no es de izquierdas. Desde las revoluciones americana y francesa, la izquierda es el partido del cambio y el progreso. La vigencia de tales o cuales leyes nunca ha sido para ella un tabú infranqueable para intentar reducir el autoritarismo, la desigualdad y la injusticia.

Se me escapan las razones por las cuales tantos políticos, periodistas e intelectuales que fueron de izquierdas rechazan con indignación que hayan pasado a ser de derechas. ¿Se avergüenzan por haber cambiado de punto de vista? ¿O es que ser de izquierdas aún sigue siendo más prestigioso moral e intelectualmente? No lo sé. Les tengo el debido respeto a las personas que son francamente de derechas, pero me apenan aquellas que sostienen lo mismo que ellas y, sin embargo, proclaman que aún son de izquierdas.

Gente que, sorprendentemente, dice ser progresista nos predica que no puede celebrarse una consulta en Cataluña sobre su relación con el resto de España porque no lo contempla la legislación vigente. O que no pueden bajarse los recibos de la luz o paralizarse los desahucios porque no lo contempla la legislación vigente. ¿Y qué? Cámbiese la legislación vigente. No parece ser tan difícil, se hizo con el artículo 135 de la mismísima Constitución.

En mis años universitarios, el franquismo prohibía manifestarse en las calles porque así lo decía la legislación vigente. Y nuestras madres no podían obtener un pasaporte o abrirse una cuenta bancaria sin el permiso de su esposo porque así lo decía la legislación vigente. Aquella era una legislación vigente manifiestamente reaccionaria y España hizo muy bien en cambiarla en cuanto pudo. Legalidad no es sinónimo de justicia.

Podemos no puede expresar en varios grupos parlamentarios su pluralidad territorial porque lo prohíbe la legislación vigente. Pero en la noche del pasado domingo, el programa de Ana Pastor en La Sexta recordó que, a comienzos de esta democracia, el PSOE tuvo tres grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados: el general, el vasco y el catalán. Los tuvo hasta que UCD cambió el reglamento para impedirlo, lo que provocó la lógica protesta de los socialistas. Hasta un tipo tan del establishment como Carlos Solchaga, entonces portavoz de los socialistas vascos, consideró aquello una tropelía.

El PSOE se dice dispuesto a hablar para resolver el problema de los grupos de Podemos pero dentro de “la legalidad”

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Era una tropelía, en efecto, y, como cuando dijo que el PSOE trajo el divorcio a España, Pedro Sánchez revela su flojo conocimiento de la reciente historia española cuando asegura que los socialistas renunciaron voluntariamente a tener más de un grupo en el hemiciclo. No fue así: lo que era legal pasó a ser ilegal por decisión de UCD, el partido gobernante.

Acabo de mencionar a Sánchez y me veo impulsado a añadir que él no es el conservador más notorio en la cúpula del PSOE. Al menos, él habla de dialogar con los catalanes, reformar la Constitución, pactar con Podemos y cosas así. Al lado de esos barones socialistas que gobiernan al sur del Rastro, a los que no se les caen de la boca los elogios cortesanos a "Su Majestad", la defensa castiza de la España una, grande e indivisible y la exaltación fundamentalista de la legalidad vigente, Sánchez casi resulta progresista.

Lo dicho: la legalidad es contingente; sólo la justicia es necesaria.