Buzón de Voz

Al rescate de la política

Avanzamos en la cuenta atrás hacia el siguiente peldaño en la escalada de tensión de la mayor crisis de la democracia desde su reinstauración mientras asistimos, perplejos e impotentes, a una clamorosa debilidad de la acción política. Grandes bancos y empresas, por un lado, y organizaciones de la sociedad civil, por otro, toman decisiones que intentan (cada cual con sus motivos) poner freno al desastre anunciado. Mientras tanto, Mariano Rajoy en Madrid y Carles Puigdemont y Oriol Junqueras en Barcelona se parapetan detrás de terceros, ya sean jueces, policías, manifestantes, empresarios, banqueros o el mismísimo rey, jugando al escondite y demostrando una incapacidad manifiesta para aportar vías de solución.

Me explico y trato de recoger lo que a su vez trasladan fuentes bancarias, políticas y judiciales.

1.- El anuncio de Caixabank de trasladar su sede social a Valencia es probablemente el hecho de mayor calado de los sucedidos tras el 1 de octubre. Supone nada menos que introducir el principio de realidad en el sueño del independentismo. Artur Mas había proclamado incluso entre risas (ver vídeo) que ningún banco se atrevería a irse de Cataluña, menos aún la que es considerada desde hace décadas como “la Caixa de tots”la Caixa de tots. La decisión unánime del Consejo de Caixabank, como la de Banco Sabadell, pero también empresas como Freixenet, Gas Natural y ya veremos cuántas otras sociedades, cae como un mazazo sobre los sectores más moderados de la ex Convergència, por poco que les importe (o incluso refuerce) a sus aliados anticapitalistas de las CUP.

2.- Para facilitar que esa “salida” de grandes empresas pueda ejecutarse antes de la anunciada Declaración Unilateral de Independencia (DUI), el Consejo de Ministros aprobó este viernes un decreto urgente que permite tomar esa decisión sin necesidad de reunir a la Junta de Accionistas correspondiente. El propio ministro Luis de Guindos manifestó en la rueda de prensa tras la reunión del Gobierno que tal decisión se había tomado “a petición de determinados grupos empresariales”, y con el “visto bueno del PSOE y de Ciudadanos”.

3.- La explicación de Guindos ha irritado enormemente en la cúpula de las entidades afectadas. Porque es cierto que esos bancos y empresas han estado sometidos en los últimos años a una doble pinza: si se pronunciaban en contra del procés se arriesgaban a verse boicoteados en Cataluña, y si se manifestaban a favor, sufrirían el boicot en el resto del Estado, como de hecho le ocurrió a La Caixa por la campaña impulsada por el PP contra la reforma del Estatut de 2006. Pero también es cierto que el cambio del domicilio social tiene unos efectos prácticos muy limitados (como explica en este análisisCarlos Sánchez, de El Confidencial): el Impuesto de Sociedades es estatal y por tanto no se ve afectado, y la mayoría de los impuestos locales o autonómicos no sufrirán variaciones porque las sucursales y los cajeros seguirán exactamente donde están. Ni siquiera se verá afectada la protección mayor o menor del Banco Central Europeo mientras Cataluña siga formando parte del Estado español. Se diga lo que se diga, y por mucho que se exagere, incluso una Declaración Unilateral de Independencia no modifica el estatus legal de Cataluña. Todos los contratos legales, civiles, laborales o mercantiles seguirán en vigor. Esa es la realidad (como apunta en este artículo de CTXT Ignacio Sánchez-Cuenca). Todo lo demás pertenece a la esfera del juego de efectos políticos, y, en el caso de la banca, a la importantísima ley de las expectativas, es decir a las reacciones psicológicas entre ahorradores y accionistas. El dinero no conoce banderas.

4.- A ningún observador se le escapa que, más allá de la protección de la “seguridad jurídica” que toda empresa o entidad financiera precisa, el aluvión de anuncios de “salidas” de Cataluña puede suponer la presión más directa sobre Puigdemont y Junqueras para frenar su intención de declarar la independencia unilateral el próximo martes en el Parlament. Distintos dirigentes del PDeCat han reconocido públicamente que ese paso (previsto en la Ley de Referéndum suspendida por el Tribunal Constitucional) es muy arriesgado y que al independentismo podría interesarle que esa declaración quedara aparcada o aplazada durante un tiempo suficiente para intentar vías de negociación con el Estado sin frustrar las expectativas generadas en sus propias filas, sobre todo tras las movilizaciones del 1-O y la indignación popular tras las cargas policiales de esa jornada.

5.- Si Puigdemont y Junqueras se escudan en el compromiso adquirido y en los centenares de miles de votantes en el referéndum ilegal o en las multitudinarias manifestaciones convocadas por la Asamblea Nacional Catalana y Omnium Cultural para seguir adelante con su hoja de ruta, Mariano Rajoy a su vez se ha parapetado primero detrás de jueces y fiscales, después detrás de los policías y guardias civiles, más tarde tras el Jefe del Estado y ahora tras empresarios y banqueros como si fueran los actores principales de una crisis cuyo origen y posibles soluciones son de carácter netamente político.

6.- La urgencia con la que el Gobierno ha tramitado la medida, achacando la “petición” a las propias empresas y bancos, tiene el riesgo añadido de ser interpretada como un reconocimiento de facto de las posibilidades reales de que llegue a ejecutarse el proyecto independentista. Lo cual podría acabar generando un efecto bumerang tanto político como económico, perjudicial para España entera.

7.- La mayor presión que ha tenido hasta ahora Mariano Rajoy desde sus propias filas y las de su socio, Ciudadanos, es la de aplicar la suspensión total o parcial de la autonomía catalana vía artículo 155 de la Constitución o tirando de la Ley de Seguridad Nacional. Un día tras otro se escuchan voces reclamando que se intervenga Cataluña y acto seguido se convoquen elecciones anticipadas. ¿Acaso dudan que el efecto más probable sería que más de dos millones de catalanes boicotearían esos comicios y bloquearían los colegios electorales?

8.- Llegados a este punto, es obvio que el Gobierno sabe que la intervención de Cataluña serviría únicamente para seguir engordando el independentismo, mientras los independentistas saben a su vez que una Declaración Unilateral provocaría de forma inevitable la intervención de Cataluña. Rajoy, Puigdemont y Junqueras se esconden detrás de terceros como si fueran simples víctimas arrastradas a ese círculo endemoniado sin salida aparente.

Es la sociedad civil, a través de iniciativas concretas en forma de movilizaciones, manifiestos, peticiones a las que se vienen sumando miles y miles de ciudadanos, la que intenta forzar a los principales actores de este drama a sentarse en torno a una mesa y dialogar (o a permitir que otros lo hagan por ellos). Es la ciudadanía, de nuevo, la que se ve obligada a salir al rescate de la política

Más sobre este tema
stats