Privatizar la solidaridad

Vivimos crisis humanitarias en las que están en riesgo la vida de millones de personas desde una frialdad delictiva, como si la tragedia del otro, incluso la provocada por nosotros, no nos afectara: hambrunas en el Sahel, guerras en Siria, Irak, Yemen, Afganistán y Sur Sudán, crisis de los refugiados, cambio climático. La crisis del Primer Mundo, más ética que económica, ha vaciado las partidas presupuestarias dedicadas a socorrer al Tercer Mundo. El recorte en España en ayuda humanitaria es superior al 85% desde 2009. No sólo se pierde capacidad de ayuda, también decencia e imagen.

Estamos a la cola de la OCDE. Solo Polonia y Eslovaquia son peores. Esta es nuestra aportación a un mundo en el que 126,6 millones de personas están en situación de emergencia. La excusa de la crisis ha reducido nuestro compromiso de solidaridad internacional a un 0.12% del PIB, lejísimos de aquel utópico 0,7%aprobado en la trigésimo cuarta Asamblea General (1980). Países tan o más afectados por la misma crisis económica, como Portugal y Grecia, han resistido mejor. El recorte es político.

Esta semana se presentó en Madrid el libro El mapa del mundo de nuestras vidas (Altaïr), del periodista Bru Rovira. Es una crónica periodística de las historias de algunas de las personas que componen Médicos Sin Fronteras, de sus esperanzas e diales al entrar en la organización y de cómo la acumulación de desgracias les lleva desde la utopía más o menos juvenil al pragmatismo.

David Noguera, presidente de MSF, dijo en el mismo acto que su organización no podía cambiar el mundo, ni siquiera podía cambiar las condiciones de una crisis concreta, como la que padece República Centroafricana, un país de poco más de cuatro millones de habitantes. Lo que sí podían hacer, y hacen, es salvar vidas, una forma de cambiar el mundo.

La excusa de la crisis ha llevado a muchos gobiernos a privatizar su responsabilidad, a trasladar a la ONG una labor que cuando menos debería ser conjunta, con la responsabilidad de cada uno según sus recursos políticos, diplomáticos y de dinero.

Son los gobiernos los que pueden modificar la vida de millones de sirios. Son los gobiernos los que tienen la capacidad de dejar de vender armas a países en conflicto y de alimentar carreras armamentísticas regionales en beneficio de unos pocos. Hablo de Arabia Saudí, que acaba de firmar el contrato del siglo con Donald Trump. Son los gobiernos de los principales traficantes de armas que coinciden con los cinco con derecho a veto en el Consejo de Seguridad los que pueden alterar el curso de una guerra.

Noguera sostiene que además de los recortes presupuestarios generalizados y de la renuncia de países más industrializados a mejorar el mundo en el que vivimos, hay otros problemas que se han potenciado durante la llamada crisis de los refugiados sirios. Los principales serían la criminalización del demandante de asilo, al que se considera un terrorista potencial; la apuesta de la seguridad por encima de los derechos humanos (y del derecho de refugio) y las campañas de descrédito contra las ONG, que afecta al número de personas dispuesta a realizar donaciones.

Con la excusa de la crisis económica, los gobiernos del Primer Mundo han reducido las ayudas a las emergencias y para el desarrollo. Con la misma lógica se han aprobado recortes en casa: Sanidad, Educación y pensiones. Crece la desigualdad y el número de personas en situación de pobreza. Gobiernos como el español han aprobado leyes represivas como la llamada Mordaza e impulsado a través de la fiscalía y de los jueces amigos procesos desproporcionados contra titiriteros, cantantes, tuiteros y demás chistosos. Estamos ante una regresión en la libertad de expresión que nos lleva a tiempos anteriores a la Transición.

La misma dinámica afecta a migrantes y refugiados porque estamos ante un recorte general de los derechos humanos, de la idea del otro como persona. La llamada guerra contra el terror viola las convenciones de Ginebra sobre el trato de los prisioneros (Guantánamo). Gobiernos como el de EEUU, que debería ser ejemplar, han torturado.

El retroceso es brutal en un tiempo en el que la globalización dinamita algunas las bases de la democracia. Mandan más la nebulosa de los mercados que los gobiernos elegidos en urna. En esta pérdida colectiva de derechos, los que más pierden son los más vulnerables.

Bru Rovira puso de ejemplo de este retroceso el caso de los bombardeos a hospitales en Siria, Yemen y Afganistán, sobre todo. “Si esto hubiera ocurrido en 1992 en Bosnia-Herzegovina hubiese sido un escándalo internacional, y ahora no pasa nada”.

Se refería al ataque estadounidense contra un hospital de MSF en Kunduz. La organización había facilitado las coordenadas para garantizar la seguridad de los pacientes. No sirvió de nada. Pese a ser un crimen de guerra, ningún tribunal lo ha abierto una causa legal. Solo queda el rumor de que en hospital se escondían talibanes.

En nombre de la seguridad todos los delitos pretenden quedar impunes.

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Nadie es inocente en este tipo de crímenes de guerra, ni EEUU ni Rusia ni Basar el Asad ni muchas de las guerrillas que pueblan siria. Ni los gobiernos europeos que guardan silencio.

Además de salvar a personas en zonas de guerra, a los que escapan a través del Mediterráneo o a los que padecen hambrunas por periodos de sequía crónicos, como la que afecta al Sahel, deberíamos trabajar sobre las causas de los problemas. Las coaliciones de ONG para campañas concretas, como la prohibición de las minas anti persona o de las bombas de racimo, han funcionado de manera razonable. Hay muchas más causas y ONG.

Quizá deberían promover campañas de concienciación en el Primer Mundo, recordar que la solidaridad que con él sufre es uno de los pilares de la democracia. La solidaridad debería enseñarse en las escuelas y en los medios de comunicación. No es algo que afecte solo a voluntarios de las ONG, nos afecta a todos. Tendríamos una sociedad mas justa, seríamos mejores personas. Pero quizá el negocio de todo esto sea el contrario, cuanta más mierda, más rentabilidad para los depredadores.