El blog del Foro Milicia y Democracia quiere ser un blog colectivo donde se planteen los temas de seguridad y defensa desde distintas perspectivas y abrirlos así a la participación y debate de los lectores. Está coordinado por Miguel López.
Bolivia, entre el estancamiento y la agitación
Rodrigo Paz fue investido presidente en noviembre de 2025 con la promesa de sacar al país del marasmo en el que se encontraba. En su discurso de toma de posesión, dentro del lema de su campaña, “Capitalismo para todos” —una especie de centrismo retórico entre la economía de mercado y la asistencia social—, se refirió particularmente al suministro de combustible, anunciando una rápida solución a la coyuntura del desabastecimiento y reformas estructurales del sector energético como base de la recuperación económica general. Sin embargo, transcurridos ocho meses del inicio del mandato, las expectativas no se han cumplido y las colas esperando turno han vuelto a las gasolineras. Es solo un símbolo del estancamiento económico y la convulsión política de Bolivia, mientras el crédito electoral se diluye y la polarización política, social y territorial se dispara.
Los retos políticos son extraordinarios en un país dividido como expresión de profundas fracturas de clase y etnia, que se inserta en una región expectante con la evolución del sistema internacional y que le asigna de nuevo un papel periférico. Si hace veinte años celebraba la llegada al poder del primer presidente indígena (aimara), aupado por una mayoría social tradicionalmente marginada, e incorporaba a los pueblos originarios con la cláusula de la plurinacionalidad en la Constitución –todo, además, en una situación geopolítica regional que favorecía el desarrollo de políticas expansivas–, hoy asiste a una suerte de regreso al pasado con la vuelta del Gobierno liberal tradicional, obediente aliado de Washington, como garantía de la obtención de los préstamos condicionados que necesita para atraer inversión extranjera.
El antiguo presidente Evo Morales, actor político todavía relevante, fue encausado en un procedimiento judicial por abuso de menores e inhabilitado para el desempeño de cargos públicos. Morales se ha declarado en rebeldía, alegando persecución política, y se ha bunkerizado con fuerzas paramilitares en su bastión cocalero del Chapare, con fuertes sospechas de colusión con el narcotráfico. El movimiento indígena, muy movilizado y bien asentado en organizaciones territoriales, se ha unido a las reivindicaciones sindicales de otros sectores productivos, dentro de una clara concertación política, para generar una crisis con tintes de insurrección, que amenaza con desestabilizar el Gobierno antes siquiera de poder evaluar su proyecto reformista.
Rodrigo Paz Pereira alcanza el poder por la conjunción de dos factores: el vacío dejado por la izquierda desintegrada en luchas intestinas y la división de la derecha tradicional en torno a liderazgos enfrentados
El primer asalto se ha vivido durante los meses de mayo y junio con bloqueos masivos en los accesos a las principales ciudades, con especial presión sobre La Paz. La situación de desabastecimiento creada, incluso de medicamentos, y las cuantiosas pérdidas económicas en un momento de severa depresión buscaban la reacción del Gobierno, presionado por su base electoral conservadora, para declarar el estado de excepción y desarticular el movimiento de protesta por la fuerza militar. La estrategia recordaba a 2003, cuando el ciclo acción-reacción desembocó en el abandono del país del presidente electo Gonzalo Sánchez de Lozada, para dar paso a un Gobierno de transición del legislativo hasta las nuevas elecciones generales. Una fórmula similar también a la ensayada con Jeanine Áñez en 2019, con la diferencia de que ahora sería precisamente el expresidente prófugo el beneficiario de la ruptura constitucional.
El Gobierno ha superado esta fase aguda, combinando represión policial, desgaste ante la opinión pública de los manifestantes y negociación selectiva, pero en absoluto está resuelta la crisis de gobernanza en el país. Rodrigo Paz Pereira, descendiente de una saga de presidentes, alcanza el poder por la conjunción de dos factores: el vacío dejado por la izquierda desintegrada en luchas intestinas y la división de la derecha tradicional en torno a liderazgos enfrentados. Las dos décadas de gobiernos del MAS (Movimiento al Socialismo) concluyen con un balance poco favorable de la gestión de los asuntos públicos y un profundo descrédito por la corrupción. El cambio estaba servido.
Son significativas las corruptelas del sistema judicial, donde los trámites se impulsan con el abono de mordidas, perfectamente tarifadas, a los funcionarios, cuya precariedad favorece una venalidad extrema
Los avances en integración, tan necesaria en un país de mayoría indígena, no han logrado asentarse como política de Estado y mitigar de esta forma la división de la sociedad boliviana. Un ejemplo lo constituye la política aplicada en las fuerzas armadas, donde el programa de integración en los colegios militares de campesinos con reserva de plazas consiguió incorporar a cientos de oficiales de esta procedencia étnica, antes totalmente ausentes en el nivel de mando superior en su más de una década de funcionamiento. Esta política se conectó con una doctrina de empleo de la institución integrada en la alianza bolivariana (ALBA). Pero la ley del péndulo se cumple una vez más con el abandono del programa de integración bajo acusaciones de partidismo revanchista, la depuración de los mandos promocionados y la vuelta a la estricta ortodoxia de la subordinación estratégica a la geopolítica estadounidense.
La debilidad institucional tradicional del Estado boliviano dificulta la implementación de medidas y afecta al prestigio de la autoridad pública. A este respecto, son significativas las corruptelas del sistema judicial, donde los trámites se impulsan con el abono de mordidas, perfectamente tarifadas, a los funcionarios, cuya precariedad favorece una venalidad extrema. La asignación presupuestaria a la Justicia, como en otros ámbitos de precaria estatalidad, es marginal para poder llamarle servicio público. La consecuencia es la impunidad y la falta de seguridad jurídica en los negocios.
El Gobierno, entretenido en sofocar la crisis sobrevenida y responder a los primeros escándalos mediáticos de corrupción, como los ocurridos en las empresas públicas de petróleos (YPFB) y aviación (BoA), no ha presentado el anunciado proyecto de reforma del sector energético, imprescindible para explotar sus valiosas reservas de hidrocarburos, gas y tierras raras, estabilizar la economía y aspirar a volver a la senda del crecimiento. Antes tratará de alcanzar un pacto de no agresión con los distintos sectores de la oposición para garantizarse la supervivencia política. Unos planes en los que resulta un obstáculo la figura de Morales, en cuya detención y extradición podría estar ya trabajando Estados Unidos a través de la agencia antidroga (DEA).
En estas circunstancias de estancamiento económico y agitación política, el condicionamiento del Gobierno Paz está servido desde el inicio del mandato. Su margen de maniobra es limitado para estabilizar el país, recuperar la economía y responder a los retos de integración social y territorial que tiene planteados Bolivia.
