Puertas giratorias (también) en las fuerzas armadas

Las puertas giratorias siempre se han visto como un mal entre los políticos, o como máximo, los responsables de empresas públicas o cargos políticos en algún ministerio. Pero apenas se habla de puertas giratorias en otros sectores. Entre ellos, el sector de la Defensa, ha sido siempre un filón para incorporar a militares en la reserva o retirados como asesores de estas empresas. Nada raro, porque es cierto que quienes mejor pueden dar puntos de vista sobre cuestiones militares son los que han dedicado su carrera profesional a la milicia. 

El mundo de la Defensa está siempre tras un muro de opacidad. O si se prefiere, tras un cristal traslúcido que permite ver solo una pequeña parte de lo que se mueve en ese mundo. Apenas hay noticias acerca de la industria de la Defensa o de las fuerzas armadas (FAS) y, cuando las hay, no suelen ser buenas. Por eso, cuando aparecen, causa cierto revuelo. Poquito, porque es un mundo muy técnico y muy poco transparente. 

Por eso ha llamado la atención saber que, desde la pandemia, la contratación de militares de alta graduación o cargos importantes relacionados con el Ministerio de Defensa se ha ido incrementando. El punto de aumento casi exponencial se produjo en 2022, con motivo de la invasión rusa de Ucrania. Desde 2020 son más de 70 los altos cargos militares “fichados” por empresas del sector de la Defensa. De ellos, desde 2022 ha superado los 50, algo más del 70% del total. 

No son de extrañar estos incrementos. Dado que el Gobierno de España se ha comprometido a aumentar hasta el 2% del PIB la aportación de nuestro país a la OTAN, ha tenido que buscar métodos para ese crecimiento. Y tomando como base (o excusa) esa “necesidad”, ha concedido a interés 0% y sin concurso, es decir, a dedo, un total de 14.224 millones de euros para financiar 32 programas de armamento. Para que nos hagamos una idea, este importe supera en casi 1.000 millones al coste de las pensiones contributivas del mes de agosto de 2025. Y se necesitan expertos para diseñar y llevar a cabo los planes de armamento a los que se aplicará ese importe. 

Varios generales y oficiales superiores (casi todos ellos en situación de reserva) consiguen sin grandes problemas la compatibilidad de sus empleos militares con la prestación de servicios en empresas privadas de armamento

La gran beneficiaria en el reparto de este dinero ha sido una Unión Temporal de Empresas (UTE) entre la participada Indra y la empresa privada Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), que ha recibido un total de 3.169 millones de euros hasta 2032. Indra ha recibido casi el 60% del total entre los recibidos directamente y los que reciben empresas en las que participa. 

Indra es una compañía en la que el Estado es el accionista mayoritario, con el 28% de participación a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Indra está intentando una fusión con EM&E, lo que sería bueno para ir formando una gran compañía española de Defensa, que aunque quedaría lejos de los gigantes del sector de otros países de la OTAN, las europeas Safran (francesa) o Rheinmetall (alemana) o la enorme estadounidense Rtx, podría alcanzar cierto peso en el sector. Pero… 

El “pero”, enorme, es que el presidente de Indra, Ángel Escribano es, junto a su hermano Javier Escribano, dueño de EM&E, primer accionista de Indra con un 14,3%. Suena raro que el presidente y un consejero de Indra estén impulsando un plan para una fusión con la empresa de su propiedad. Suena a conflicto de intereses. Pero en el mundo de la Defensa parece que todo es posible. 

Todo lo anterior nos conduce de nuevo a las puertas giratorias entre las FAS y las empresas de armamento y defensa de España. Varios generales y oficiales superiores (casi todos ellos en situación de reserva) consiguen sin grandes problemas la compatibilidad de sus empleos militares con la prestación de servicios en las empresas privadas de armamento. En situación de reserva, y con el debido informe de compatibilidad de la Oficina de Conflictos de Interés es factible esta colaboración.  

Pero llama la atención que a varios generales en situación de retiro, incompatible con prestar servicios a empresas públicas o privadas, se les haya autorizado a actuar como asesores o consejeros “estratégicos” de grandes empresas armamentísticas. Sobre todo porque obtener la misma compatibilidad para oficiales subalternos, suboficiales y tropa profesional en la misma situación no es nada sencillo. En general, porque la compatibilidad solicitada no suele ser para esos puestos de alta posición en las empresas. La mayoría de ellos buscan complementar su pensión con alguna actividad relacionada con campos como la docencia, la seguridad privada y similares. 

Más allá de las susceptibilidades que puedan levantar estas contrataciones sobre la posible influencia de los militares “fichados” en la adjudicación de contratos o incluso préstamos al 0% de los recientemente aprobados por el gobierno (y no sólo los militares, pero esa es otra historia) la gran pregunta es si es razonable que quien ha adquirido conocimientos y experiencia del sector público a coste cero, pueda monetizarlos estando aún en situación de disponibilidad para el ejército, es decir, en situación de reserva. No hay que olvidar que esta situación no supone desligarse completamente de las FAS, y que en cualquier momento, si se dan las circunstancias oportunas, podría ser llamado a reincorporarse al servicio activo. 

También llaman la atención las “excepciones” sobre compatibilidad en casos en que el puesto al que accede el militar retirado es el de asesor o consejero. Normalmente esos puestos no requieren el alta en la Seguridad Social (salvo si tienen algún poder ejecutivo o directivo en la empresa) por lo que si se plantea adecuadamente la retribución, puede no causar ningún problema al perceptor. 

Y no es menos llamativa la procedencia de esos militares autorizados a compatibilizar sus empleos o sus pensiones de jubilación con la actividad en empresas privadas. Desde representantes militares ante el Comité Militar de la OTAN y de la UE, pasando por agregados militares en embajadas, jefes de los estados mayores de los ejércitos, responsables del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, mandos de combate y/o apoyo logístico, y una amplia variedad de unidades de todos los ejércitos. 

Conste que no me parece mal que los militares, frente a su retiro (jubilación), se vean en la misma situación que cualquier otro trabajador. Me parece excelente además que, desde 2011, quienes inicien su carrera militar se integren en el régimen general de la Seguridad Social para sus pensiones de jubilación, incapacidad y muerte y otras prestaciones, como cualquier otro trabajador. Y que sus pensiones las gestione el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Esos son solamente pasos para conseguir que a los militares se les considere ciudadanos de uniforme, para que alcancen la plenitud del goce de derechos que como ciudadanos les corresponde. 

Que los altos mandos del ejército consigan compatibilidades que, sin duda, les van a reportar buenos emolumentos y que otros miembros de las FAS –especialmente los oficiales subalternos o los suboficiales– no puedan dedicarse a impartir sus conocimientos o prestarlos en tareas técnicas asociadas a su experiencia por la dificultad de alcanzar una compatibilidad, a la que sólo tendrán acceso si renuncian a una parte de su pensión, es lo que más molesta.  

Porque seguimos viendo que, dependiendo del lugar que ocupes en el escalafón de la vida, tienes determinados privilegios o no. Lugar que no siempre se alcanza por la meritocracia que nos venden.