Nueve falacias (y una advertencia) sobre el debate fiscal
Se abrió de una forma tan tramposa la semana anterior el debate sobre impuestos en España que este jueves cabe aplicar aquello de que bien está lo que bien acaba. O lo que se reconduce para empezar a hablar en serio (o al menos intentarlo) sobre fiscalidad, progresividad, distribución más justa de las obligaciones imprescindibles para sostener el Estado del bienestar. Un asunto complejo en el que una mínima responsabilidad política exigiría menos brocha gorda y más respeto a los datos y a los hechos contrastados. Se leen y escuchan medias verdades y falsedades completas, y conviene al menos identificarlas.
1.- “El debate está entre quienes queremos bajar impuestos y quienes quieren subirlos”. Esta proclama es un fracaso y un cebo para incautos. Lo que se discute es a quién o a quiénes se debe subir impuestos y a quién o a quiénes es justo bajárselos. Por supuesto que hay un trasfondo ideológico o de principios: hay quien prefiere reducir la carga fiscal a las rentas más altas, las grandes empresas o las mayores fortunas y quien apuesta por la progresividad y la justicia fiscal, por cierto un objetivo recogido en el artículo 31 de la Constitución.
2.- “Reduciendo los impuestos a los ricos se produce un ‘efecto derrame’ que beneficia al resto de la sociedad: a las clases medias y a las más pobres”. Está más que demostrada la falsedad de esa ecuación, por más que la sigan cacareando desde Aznar a Núñez Feijóo pasando por Garamendi y otras voces interesadas en mantener el cuento. (Ver aquí la documentación recogida por nuestro compañero Ángel Munárriz sobre 50 años de rebajas fiscales a los ricos y sus efectos).
3.- “El dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos” es otro enunciado tan repetido por los creyentes y practicantes del neoliberalismo como desmentido por la realidad y el progreso. Sin recursos públicos suficientes, gestionados por las administraciones en beneficio de la comunidad, sería inconcebible el Estado del bienestar y por tanto la existencia de una sanidad pública universal y bien dotada, una educación de calidad independientemente de la renta o patrimonio de cada cual, unas pensiones dignas o unas infraestructuras modernas. En realidad quienes defienden ese falaz principio de que donde mejor está el dinero es en el bolsillo de los contribuyentes lo que pretenden es identificar fiscalidad con incautación o hasta robo. Eso sí, en la práctica lo que plantean fiscalmente es que un volumen ingente de dinero vaya a parar siempre a los bolsillos más privilegiados, por herencia, por habilidad para los negocios o directamente por extracción de recursos públicos (ver aquí).
4.- “Reducir impuestos aumenta la recaudación”. Es una de las máximas de los chamanes de la llamada “economía vudú”. Es el argumento empleado por Moreno Bonilla para justificar la bonificación completa del impuesto de patrimonio en Andalucía o el que emplea reiteradamente el propio Núñez Feijóo poniendo como ejemplo su propia gestión en Galicia o la de Ayuso en Madrid, etc. El problema es que no es cierto. La recaudación en esas comunidades crece por debajo de la media nacional (ver aquí los datos que aportaba hace unos meses Begoña P. Ramírez), y precisamente en el caso de Galicia, como en el de Andalucía, habrá que tener en cuenta que son comunidades que reciben del Estado miles de millones de euros para el sostenimiento de los servicios públicos. La desgraciadamente célebre curva de Laffer (a menor carga fiscal mayor actividad económica y más recaudación) está desmentida con tanta contundencia como las teorías terraplanistas.
5.- “Las rebajas fiscales benefician sobre todo a las clases medias”, proclaman repetidamente las derechas sobre las reducciones que ellas plantean, tanto en IRPF como en IVA, en Patrimonio o en Sucesiones y Donaciones. Habría que empezar por definir qué entendemos exactamente por “clase media” (ver aquí el interesante análisis reciente de Endika Núñez o esta información de Javier Guzmán), pero en todo caso lo que no responde a la verdad es la primera reacción de Feijóo al plan anunciado este jueves por el Gobierno: “no tiene la menor sensibilidad con las clases medias y bajas” (ver aquí). Los beneficios fiscales aprobados afectan precisamente a los tramos de renta más bajos, y toman como referencia de ingresos el salario mediano (el que está justo en medio entre el más alto y el más bajo, en torno a los 21.000 euros anuales) y el salario más frecuente, el que más trabajadores cobran (unos 18.000 euros). Pero además es obvio que cualquier bajada lineal o deflactación en el IRPF, como las que el PP ha practicado en algunas comunidades, siempre beneficia más a las rentas más altas.
6.- “El impuesto de Patrimonio ya sólo existe en España, Noruega y Suiza”, sostienen los defensores de su eliminación completa. Se olvidan de que en no pocos países lo que se ha hecho es sustituir ese impuesto por otro con otras características o denominación, pero que grava en todo caso la riqueza o la fortuna personal de los contribuyentes más ricos. El ejemplo más claro es el de Francia, donde Macron suprimió el Impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas que existía desde los años ochenta, no recaudó más y sí contribuyó al estallido social de los chalecos amarillos, tras el que lo recuperó con la denominación de Impuesto a la Riqueza Inmobiliaria (ver aquí).
7.- “Defendemos la autonomía fiscal que el Gobierno quiere atropellar”, afirman “federalistas” tan reconocidos como Díaz Ayuso, Moreno Bonilla o el propio Feijóo. Aparte de lo llamativo de que sean precisamente quienes han hecho de “la unidad de España” su santo y seña electoral y electoralista los mismos que ahora exigen la salvaguarda de las máximas competencias autonómicas, lo cierto es que parece de sentido común que una cosa es el respeto a las competencias autonómicas y otra muy diferente aceptar el dumping fiscal contra el que tiene obligación de luchar el Estado y contra el que actúa la propia Unión Europea en favor de los intereses comunes de sus ciudadanos. ¿Dónde estaría exactamente el límite si vamos a una especie de subasta de rebajas fiscales autonómicas? ¿Dónde queda esa otra proclama tan liberal de los “ciudadanos libres e iguales”? Del mismo modo que Ximo Puig distorsionó por completo el mensaje del Gobierno de coalición sobre impuestos con su anuncio de rebaja del IRPF hasta los 60.000 euros, el presidente valenciano tenía razón cuando lanzó la advertencia de que si una autonomía decidía, siguiendo el ejemplo andaluz, “desarmarse fiscalmente”, el Estado debería revisar su aportación de recursos a esa comunidad autónoma (ver aquí). El Gobierno ha elegido una vía menos tensa y quizás más eficaz para frenar ese dumping fiscal: donde se bonifique al cien por cien el impuesto de patrimonio, se aplicará el nuevo impuesto de solidaridad a las grandes fortunas por un montante similar que afectará a quienes tienen un patrimonio superior a tres millones de euros.
8.- “Hay que enfrentarse a la voracidad fiscal del Estado”. Se puede y se debe criticar cualquier derroche en la gestión de lo público, hasta el último euro, o la persecución que en ocasiones ha practicado la Agencia Tributaria sobre nombres y colectivos supuestamente adinerados, que han servido como chivos expiatorios mientras se practicaban amnistías fiscales a quienes evadían impuestos sin descanso (ver aquí), del rey (emérito) al último (Rato). Pero lo que no tiene la menor base es negar que España mantiene una brecha de recaudación fiscal de entre cinco y seis puntos respecto a lo que recauda la media de la UE (ver aquí). Mientras no reduzcamos esa brecha, lo que tendremos será un Estado débil a la hora de sostener servicios públicos de calidad. El objetivo de las medidas anunciadas este jueves incluye recaudar 3.144 millones de euros más.
9.- “El problema de España es un fraude fiscal que duplica el de nuestros vecinos europeos”. Es cierto. El problema es que los mismos que constantemente denuncian este instalado déficit democrático se niegan a hacer el más mínimo esfuerzo pedagógico y práctico sobre lo que supone. Llevamos décadas perdidas en el camino de convencer a la sociedad de que el Estado del bienestar nacido de la posguerra mundial gracias a los consensos entre la socialdemocracia y los conservadores demócratas, impulsados por la lucha de los movimientos sindicales y obreros, será un recuerdo lejano si no enterramos las fracasadas y muy dañinas políticas neoliberales que han ido ensanchando la brecha de la desigualdad. El “sálvese quien pueda” no puede ser una opción, menos aún después de la bofetada de cruda realidad que ha significado la pandemia. ¿Cómo es posible que autoridades autonómicas que prohibieron derivar ancianos de las residencias a los hospitales porque estaban saturados y rechazaron medicalizar los geriátricos sigan desmantelando la sanidad pública mientras presumen de perdonar impuestos a los ricos? (ver aquí). Deberíamos hacérnoslo mirar, pero este disparate sólo es posible porque ha triunfado una cultura que convierte al ciudadano en simple consumidor y al contribuyente honesto en una especie de tontaina incapaz de burlar al recaudador.
El “sálvese quien pueda” no puede ser una opción, menos aún después de la bofetada de cruda realidad que ha significado la pandemia
Hace apenas seis meses conocimos el Libro Blanco para la Reforma Fiscal elaborado por un grupo de expertos por encargo del Gobierno de coalición (ver aquí). El plan aprobado este jueves cumple algunas de las recomendaciones más importantes (no todas) y, sobre todo, avanza en el camino de lograr un sistema impositivo más progresivo y más justo, que dé la vuelta a la evidencia de que las principales cargas de la caja común las soportan las rentas del trabajo y no las del capital (ver aquí). Aunque haya sido a trancas y barrancas, con reacciones improvisadas y torpezas clamorosas, lo cierto es que el plan fiscal de la coalición de gobierno aborda medidas en línea con lo que hace tiempo que España necesita si queremos evitar el crecimiento de la desigualdad y la pobreza, el adelgazamiento galopante de las clases medias o el obsceno aumento de la concentración de riqueza. Es hora de combatir el populismo fiscal, ese que “sitúa los impuestos como un robo que un Estado depredador ejerce sobre los ciudadanos”, como denuncia el economista José Moisés Martín en su nuevo e imprescindible ensayo (ver aquí). En ese populismo se apoya en parte el discurso de los extremismos neofascistas cuyo éxito parece sorprendernos siempre demasiado tarde.
