Salud mental: una cuestión de fondo(s)

Decir o escribir que los fondos de inversión son los nuevos amos del universo, los caciques de la globalización o los capataces de lo que algunos estudiosos denominan capitalismo depredador (ver aquí) no es novedad. Advertir que el dominio oligopólico de esos fondos sobre las principales bolsas del mundo y el accionariado de las grandes empresas se nutre en buena parte de dinero público y constituye uno de los mayores riesgos para el funcionamiento democrático no es tan frecuente, entre otras razones porque los mismos megafondos que controlan la banca, las tecnológicas, el sector energético o el farmacéutico son a menudo los principales accionistas de los grupos mediáticos más influyentes, y además los acreedores de un porcentaje alto del endeudamiento de los países. Lo que debería clamar al cielo (o al menos a los terrícolas) es que sean precisamente nuestros impuestos los que (como escribía Steinbeck en Las uvas de la ira) engorden a un monstruo que “respira beneficios y se alimenta de los intereses del dinero”.

Nuestro compañero Manuel Rico ha abordado una nueva investigación periodística que conecta con la que ya realizó sobre el negocio de las residencias de mayores en España (ver aquí) cuando hace un año y medio se convirtieron en la zona cero de la pandemia del covid. Ambos sectores, el de los geriátricos y el de la salud mental, están en muy pocas manos. De hecho las cuatro mayores compañías que se dedican en nuestro país a un asunto que afecta a la vida de millones de personas tienen como accionista mayoritario o significativo a un fondo de inversión internacional (ver aquí). Y da la ¿casualidad? de que tres de esas cuatro empresas pertenecen precisamente a los tres líderes europeos en el negocio de los cuidados a personas mayores: Korian, Orpea y DomusVi.

“Es el mercado, amigo”, diría ufano el delincuente Rodrigo Rato. Pero eso es falso. Sabemos que el principal inversor del Ibex, con participaciones en 21 de las 35 mayores compañías españolas cotizadas, es la gestora de fondos Blackrock, accionista principal en bancos como Santander o BBVA, pero también significativo en los gigantes de le energía, el turismo, la construcción o la industria farmacéutica (ver aquí). Pero también sabemos (o deberíamos saber) que su interés –como el de otros fondos soberanos o de capital privado o directamente buitres– en determinados sectores de la economía es directamente proporcional a la inyección de dinero público que esos sectores reciben y que garantizan el plato principal en el “alimento del monstruo”. Más que “el mercado”, se trata de acaparar monopolios o privilegios que aparentan funcionar como “libre mercado” y aseguran beneficios rápidos.

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Ocurre con las residencias de mayores y ocurre con el sector (también muy desconocido y opaco) de la atención a los problemas de salud mental. Cuanto más garantizado esté el grifo de ingresos públicos a los adjudicatarios de los centros especializados, más interesante resulta el negocio para esos gigantes del capitalismo global (ver aquí). En estos tiempos de máxima incertidumbre, ¿qué previsiones son más fiables que las del aumento en occidente del número de personas mayores, con más esperanza de vida, y con más diagnósticos de trastornos mentales? Nada les gusta más a los fondos (más o menos) buitres que comprar a bajo precio negocios cuyo futuro está garantizado. (Las funerarias tampoco son nunca mala opción).

No es un fenómeno particular español el hecho de que los fondos (soberanos o de capital privado) hayan sustituido al “monstruo” anterior a la crisis financiera de 2008, que era la banca de inversión que hizo engordar hasta límites insoportables la burbuja inmobiliaria (ver aquí un interesante informe de Martín Cúneo en El Salto). El factor añadido o castizo es el protagonismo de entidades religiosas de la Iglesia católica, siempre atenta en nuestro país a las oportunidades de negocio privilegiado, ya sea con la educación concertada, la sanidad privada, las residencias de mayores o –¡cómo no!– la salud mental. La herencia de cuarenta años de nacionalcatolicismo es alargada, sobre todo si los poderes públicos lo consienten. En sus manos estaban muchos de los antiguos (y terribles) manicomios, y en ellas sigue estando una parte nada despreciable del negocio de la psicogeriatría.

Esta nueva investigación de infoLibre pretende poner un grano de arena para el conocimiento público de una realidad que afecta a centenares de miles de familias. Pero no se trata sólo de indignarse o compadecerse. La cuestión de fondo (no de fondos) es el control democrático, especialmente cuando se trata de mimbres del Estado del bienestar como la salud, la educación o los cuidados. No es cierto que no haya nada que hacer ante los gigantes de ese capitalismo depredador. Del mismo modo que en su día reclamábamos que no se concediera una sola adjudicación pública para la gestión de residencias a una empresa que oculte la identidad de sus propietarios en paraísos fiscales o que no cumpla exigentes requisitos de calidad en los cuidados (ver aquí), procede reclamar controles similares en el ámbito de la salud mental. Son poderosos los fondos. Es temible la fuerza del “monstruo”. Pero los controles democráticos pueden y deben estar por encima de cualquier chantaje.