Un desprecio olímpico

El nivel de calidad de una democracia puede medirse de distintas formas. La fundamental consiste en analizar hasta qué punto es real la separación de poderes. Cuando el Ejecutivo dirige o condiciona las decisiones del Legislativo, del Judicial o de ambos, la democracia deja de ser el menos malo de los sistemas posibles de convivencia para convertirse en simulacro, pura fachada. Si esa contaminación se produce incluso con un Gobierno en funciones, la situación recuerda a la de un siglo atrás, cuando el turnismo había colapsado, el Parlamento era más que nunca un descarado reflejo del poder de caciques territoriales y oligarquías económicas, y el monarca una marioneta dispuesta a favorecer a cualquiera (civil o militar) que le garantizase su continuidad en el trono.

Tres semanas después de que Felipe VI propusiera a la presidenta del Congreso el nombre de Mariano Rajoy como candidato a la investidura, este jueves por la tarde hemos conocido que finalmente Rajoy acepta el encargo. Ana Pastor ha anunciado la fecha del 30 de agosto para el debate parlamentario correspondiente después de una conversación telefónica con el presidente en funciones. Dada la sucesión de acontecimientos y siendo pública la estrechísima relación política y personal entre ambos, resulta obvio que en todo momento la presidenta del Congreso ha actuado a sugerencia o cumpliendo órdenes de Rajoy. El poder legislativo ha quedado a los pies de los caballos del Ejecutivo, del mismo modo que hace unos meses el entonces presidente del Congreso, Patxi López, fue tratado como un simple recadero cuando el propio Rajoy "declinó" el mismo ofrecimiento del jefe del Estado y la Casa Real hizo un comunicado infumable desde el punto de vista constitucional.

Si nos atuviéramos a lo que proclaman los propios actores del proceso, no hay ningún motivo razonable para que lo que ha ocurrido este jueves no se produjera hace semanas. La única novedad desde las elecciones del 26 de junio (si me apuran desde las anteriores del 20-D) consiste en que Rajoy ha aceptado firmar una especie de pacto anticorrupción a cambio de que Ciudadanos transforme su anunciada abstención en segunda votación por un 'sí', previa negociación (veremos) de un programa de investidura (que no de gobierno).

En cualquier democracia digna de tal nombre sonaría a mal chiste que el presidente de un partido imputado en cinco causas diferentes por distintos delitos relacionados con la corrupción se atreviera a firmar precisamente un pacto anticorrupción para mantenerse en el Gobierno. Pero España, para algunos, sigue siendo diferente. Y para otros, ciertos principios inamovibles ("nunca facilitaremos un gobierno de Rajoy") dejan de serlo cuando consideran que la ganancia política a corto plazo es más rentable que la coherencia.

Lo cierto es que Rajoy, el mismo que bloqueó todo el proceso negándose a acudir a una investidura mientras no tuviera garantizados los apoyos suficientes, ha decidido que ahora sí le conviene pese a que aún no tenga comprometida una mayoría. Es más, lo que por el momento sigue teniendo garantizada es una derrota. Si ahora ha decidido que le interesa poner en marcha el reloj institucional marcado por la Constitución es obviamente por lo mismo que ha actuado el presidente en todo momento: pura táctica política. Incluso llevada a la caricatura. Si nadie cambia de postura y no surge una alternativa desde la izquierda, el calendario sitúa la celebración de unas terceras elecciones para el día de Navidad, 25 de diciembre. Cabe perfectamente imaginarse al propio Rajoy añadiendo a esa fecha el "fun, fun, fun" del villancico, pensando en una abstención inédita y en recuperar una mayoría absoluta que le permita gobernar sin esas 'incomodidades' que provoca el multipartidismo entre quienes llevan 35 años acostumbrados a ejercer el poder en todos sus estamentos.

Rajoy sube de este modo (prácticamente a coste cero para él) un nuevo peldaño en la presión sobre Pedro Sánchez y el PSOE, a quienes pretende seguir cociendo en el mismo caldo: adjudicarles la responsabilidad de esa repetición electoral en la que confía seguir cosechando votos, aunque fuera por aburrimiento puro del electorado. Confía Rajoy en que esa táctica amenazante logrará el objetivo proclamado desde el 20 de diciembre pasado no sólo por el PP, sino por los principales poderes económicos, empresariales y mediáticos (desde 'El País' al 'ABC'), que consiste en lograr la abstención de los socialistas (total o parcial) para que siga gobernando la derecha.

La dirección socialista ha declarado una y otra vez (pese a las presiones internas y externas) que votará 'no' a la investidura de un gobierno del PP, y apenas tiene ya margen para variar el rumbo marcado sin provocar una hecatombe en sus cuadros y en sus bases. A partir del debate del próximo 30 de agosto y tras las dos votaciones que conlleva (la primera exige una mayoría absoluta imposible y la segunda se celebrará dos días después), al PSOE ya no le bastará con decir no, y mucho menos con insistir en que tampoco se celebrarán unas terceras elecciones. Es la segunda fuerza más votada y la única que puede aspirar, aunque sea con una muy compleja ecuación de apoyos, a recoger suficientes votos en el Congreso. Este mismo jueves, Pablo Iglesias desveló que había hablado con Sánchez de un futuro diálogo para "la formación de un Gobierno progresista" si Rajoy fracasa en su investidura, y el PSOE emitió un comunicado aclarando que "en ningún caso" se ha abordado "con ninguna formación política la negociación para la formación de un Gobierno alternativo". Queda la duda de si ese comunicado se dirige más a descartar tal posibilidad o a calmar a algunos barones y a los editores empeñados en marcar las decisiones del Partido Socialista.

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Como explicaba con detalle en estas mismas páginas Manuel Rico, no es cierto ninguno de los principales dogmas que pretenden asentar desde el PP y desde los potentes púlpitos de editorialistas y '"urnólogos de guardia". Los españoles no decidieron el 26 de junio que gobernara Rajoy ni que los socialistas ejercieran la oposición. Aunque a unos cuantos no les guste, en una democracia parlamentaria como la española lo que deciden las urnas es que gobierne quien consiga pactar el número suficiente de apoyos en el Congreso. Lo demás es manipular la realidad democrática del mismo modo que se intenta manipular la conciencia de los ciudadanos con el machacón discurso del miedo que vaticina todo tipo de desastres económicos si no se forma Gobierno (el que ellos desean, por supuesto) "urgentemente".

Superado el bloqueo provocado por el propio Rajoy al resistirse a intentar la investidura, se abre una nueva fase en la que deberían ser cruciales los contenidos en los que se basen los pactos posibles. Será interesante observar si en las negociaciones que este mismo viernes abren PP y Ciudadanos se abordan, por ejemplo, medidas creíbles de lucha contra la desigualdad o asoma la cerrazón neoliberal que comparten Garicano y Luis de Guindos en materia económica, laboral y social. Y será no ya interesante sino absolutamente necesario comprobar si el PSOE resiste la presión en la segunda sesión de investidura y convoca al resto del arco parlamentario, pero fundamentalmente a Podemos, a acordar unas políticas básicas y realistas capaces de congregar un apoyo suficiente que permita no volver a las urnas por Navidad.

P.D. Hay otro elemento fundamental para medir la calidad de una democracia, además de la separación de poderes: la existencia de una prensa libre e independiente. Lectores y socios de infoLibre conocen bien nuestro radical compromiso y nuestro humilde intento de aportar alguna nueva luz en tiempos tan oscuros para los medios. Por eso hoy debemos denunciar la actitud de desprecio absoluto que el presidente en funciones sigue mostrando hacia la función de la prensa. En sus dos últimas comparecencias, Mariano Rajoy se ha permitido ignorar o descalificar preguntas, incluso burlarse de ellas. Sabemos que se vio obligado a salir del plasma y de las mal llamadas 'ruedas de prensa sin preguntas' cuando la denuncia de ese esperpento dañó la imagen del PP, pero está claro que si por él fuera no haría más que discursos institucionales. Mientras decide si regresa o no al plasma, medios y periodistas deberíamos plantearnos no asistir a ninguna convocatoria en la que se confunda al informador con un simple recadero. Por respeto a los ciudadanos, simplemente.