8M y un año más que nos mueven la portería

Miro para atrás y me sonrío mientras pienso: “Cómo hemos avanzado las mujeres. Aún nos queda mucho para alcanzar la igualdad real, pero ¡que viva y que no desfallezca el feminismo!”. Miro hacia delante y me entran ganas de llorar. No por mí, que lo tengo casi todo hecho ya, sino por mi hija y por mi hijo. En ese orden, pero por los dos. Y por sus cohortes.

Recuerdo que, hace no muchos años, el feminismo era un movimiento mainstream, incuestionable, incontestable. O así lo percibía yo. Algo que era obvio, que ya tocaba. Una suerte de reconocimiento generalizado (salvo las excepciones retrógradas habituales) de que había que ponerse las pilas, cambiar algunos comportamientos, reconocer algunos privilegios, incentivar algunas aptitudes, señalar algunas actitudes, revisar algunos algoritmos y medir algunas distancias inexplicables salvo por razón de sexo. O género.

Desde aquel ya remoto 2018, en el que muchas nos sumamos a una huelga feminista con motivo del 8M y que nos imprimió un tremendo impulso —en visibilidad, en derechos, en movimientos de denuncia, en logros personales y colectivos— durante unos pocos años, llegamos a un 2025 aterrador.

Hace unos días leía sobre la Safeguard American Voter Eligibility Act (SAVE Act), el proyecto de Ley de Elegibilidad para Salvaguardar a los Votantes Estadounidenses, que prohíbe a los Estados aceptar solicitudes de registro para votar en las elecciones federales sin “prueba documental de ciudadanía estadounidense”, que define como una identificación emitida de acuerdo con los requisitos de la Ley REAL ID de 2005 (pasaporte válido, tarjeta de identificación militar oficial, carnet de conducir o identificación válida con fotografía emitida por el gobierno federal, estatal o tribal que muestre que el lugar de nacimiento del solicitante fue EE.UU.) y, si no es ninguna de las anteriores, debe presentarse junto con un certificado original de nacimiento en EEUU con un montón de requisitos formales.

"¿De qué nos quejamos las mujeres en España?", alguno se atreverá a pensar. Pues entre otras muchas cosas, de que estamos hartas de que los muchos derechos conquistados, una vez más, sean moneda de cambio

¿Sabéis qué les va a pasar a muchas mujeres con estas pruebas documentales, en un país donde no hay un DNI obligatorio como en España, donde solo el 50% de la población tiene emitido su pasaporte (60% si hablamos de mayores de edad), y donde una vez ellas se casan sustituyen su apellido por el del marido, y por lo tanto deja de coincidir con el apellido de su certificado de nacimiento? Dejad volar vuestra imaginación en modo perverso.

A este pequeño detalle formal y aparentemente inocuo se suman más dificultades para las mujeres que, además, disponen de menos tiempo libre que los hombres para hacer este tipo de gestiones, exactamente 41 minutos menos al día de media, o 250 horas menos de tiempo libre al año que los hombres, según la Encuesta de Empleo del Tiempo del US Bureau of Labour Statistics con datos de 2023.

¿Y esto qué tiene que ver?, se preguntará más de uno. Pues resulta que el proyecto de Ley pretende obligar a presentar la documentación original en persona, eliminando las opciones del registro por correo postal u online, ya sea para registrarse por primera vez (por ejemplo, al cumplir la mayoría de edad) o para solicitar una simple actualización de domicilio. Un poco bastante más complicado para ellas, que disponen de menos tiempo libre.

Por cierto, he descargado la información porque cabe la posibilidad de que en las horas que transcurren entre que termino de escribir y se publica esta tribuna, ya no esté disponible en el enlace que he facilitado porque ya haya sido prohibida la segmentación de estadísticas por sexos. Sería un siguiente paso tan natural como siniestro al del pasado 20 de enero con la Orden Ejecutiva que obliga a erradicar todos los programas, políticas y actividades DEIA (con propósitos de diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad) en el Gobierno Federal, “cualquiera que sea el nombre con el que aparezcan”. Una nueva Orden Ejecutiva cuya onda expansiva llegó inmediatamente hasta la US Embassy en Madrid y que está poniendo al sector privado empresarial en una tesitura, en vísperas del 8M, el día oficial del pinkwashing y del purplewashing.

Me he centrado en lo más reciente, que se suma al pesar que aún me genera la anulación en junio de 2022 del dictamen Roe & Wade de la Corte Suprema de Justicia que reconocía (desde 1973) el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria al embarazo —aún con sus limitaciones—. Un derecho menos que se traduce en más sufrimiento y en muertes innecesarias. Como también duele tan solo imaginar por un instante ser mujer afgana en Afganistán, especialmente desde el verano de 2021.

"¿De qué nos quejamos las mujeres en España?", alguno se atreverá a pensar. Pues entre otras muchas cosas, de que estamos hartas de que los muchos derechos conquistados, una vez más, sean moneda de cambio.

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Verónica López Sabater es economista y consejera de la Cámara de Cuentas de Madrid.