El deber de apoyar al pueblo iraní para acabar con el régimen de los ayatolás
Este verano, mientras trabajaba en una Cisjordania azotada por los ataques de los grupos paramilitares de colonos y de las tropas de ocupación sionistas, surgió la posibilidad de viajar a Irán. Se trataba de una oportunidad extraordinaria dado que su régimen apenas permite la entrada de periodistas extranjeros y, cuando lo hace, cobra cifras astronómicas por poder trabajar allí. Pero acababa de tener lugar la llamada “Guerra de los doce días” y el régimen quería mostrar que los daños no se limitaban a las instalaciones nucleares. Por primera vez, las cifras oficiales iraníes y las de organizaciones independientes coincidían: los bombardeos estadounidenses e israelíes habían provocado la muerte de, al menos, 1.060 iraníes, de los cuales, la mayoría eran civiles. Y según el Gobierno de Tel Aviv, la respuesta iraní acabó con la vida de 28 israelíes.
Ya en Teherán, entre la desolación de los edificios de viviendas reducidos a escombros y los llantos de los entierros, fui testigo de una poderosa razón por la esperanza: no solo había una multitud de mujeres de todas las edades sin velo, sino que las bibliotecas, los centros comerciales y los parques estaban llenos de mujeres jóvenes en camiseta de manga corta, con pantalones marcando la cintura y con la melena al aire tintada de azul, fucsia, verde, rubio. Tres años después de que la llamada “policía de la moral” diera una paliza a la veinteañera Mahsa Amini por llevar mal colocado el velo y de que, poco después, muriese en prisión, eran tantas las mujeres que habían decidido desafiar al régimen islamista que sus dirigentes habían terminado por aceptar que no podía reprimirlas ni asesinarlas a todas. Comprobé cómo, cuando los vigilantes de seguridad les ordenaban cubrirse la cabeza o los brazos, ellas les desoían con la cabeza alta. Desprendían valentía, determinación y unas ganas imparables de defender su libertad frente a una teocracia que tiene en la opresión y el control de las mujeres y de sus cuerpos uno de sus pilares.
Unos meses después, el pueblo iraní ha tomado las calles contra una dictadura que se ha perpetuado en el poder durante más de cuarenta años ejerciendo el terror más absoluto a través de las ejecuciones, las desapariciones, la tortura y los encarcelamientos arbitrarios y en las condiciones más infrahumanas. Una élite que ha condenado a la miseria a la mayoría del pueblo con su ineptitud y una corrupción endémica que, incluso, ha capitalizado la estructura creada para sortear las sanciones de Estados Unidos –que, por cierto, ha afectado, sobre todo, a la población civil–.
Las decenas de miles de mujeres y hombres que se han unido a la protesta, iniciada por los comerciantes del Gran Bazar el 28 de diciembre por la calamitosa situación económica del país, lo hicieron a sabiendas de que, muy probablemente, les podía costar la vida. Porque así ha respondido siempre la teocracia de los ayatolás a las movilizaciones que surgen periódicamente, incluso a las más pacíficas. Lo hizo en la llamada “revolución verde” de 2009, y en las sucesivas de 2017, 2019 y 2022. El iraní es un pueblo orgulloso de su historia milenaria y jamás se ha resignado a vivir bajo el yugo de los fundamentalistas. Y el deber ético de la comunidad y de la sociedad civil internacional es brindarle todo el apoyo que pueda para liberarse de uno de los regímenes más represivos y cruentos del mundo. Para ello, contamos con el principio del derecho internacional de la responsabilidad de proteger, desarrollado en los años 90 ante el fracaso global que supusieron los genocidios de Ruanda y de Srebrenica.
La soberanía de los países no es un principio absoluto: cuando una población está en riesgo de sufrir graves crímenes de lesa humanidad y sus gobiernos no son capaces de protegerles o son los propios victimarios, la comunidad internacional tiene el deber ético y humanista de intentar evitarlo. Lo hemos repetido hasta la saciedad en el caso del genocidio de Gaza, de la guerra de Siria, del genocidio de los roguinyás, del apartheid que sufren las mujeres en Afganistán y, quienes defendemos los derechos humanos, debemos hacerlo también en el caso de Irán.
No se trata, en absoluto, de defender una intervención militar. Sino de todo lo contrario: de impulsar procesos que, a la vez que acaben con los regímenes criminales, construyan paz. Tenemos recientes ejemplos de cómo las dictaduras que han caído por las bombas extranjeras suelen transformarse en Estados fallidos igual o incluso más violentos. Además, como ocurrió con la invasión ilegal de Irak o la intervención en la Libia de Gadafi, sus promotores no persiguen la libertad, la democracia ni el bienestar de sus pueblos, sino expoliar sus recursos, controlar sus territorios e imponer nuevas formas de colonialismo. Y como constaté en Irán tras los ataques israelí-estadounidenses, una guerra es lo último que quieren incluso los que darían su vida por acabar con la teocracia. El pueblo iraní ama su patria y no quiere que lo destruyan quienes usan el lenguaje de las armas para imponer su propia agenda y ampliar sus áreas de influencia, ya sean Estados Unidos, Israel, Rusia o China. Además, saben que sin una verdadera transición democrática, la Guardia Revolucionaria, el Estado profundo iraní, podría sustituir a los ayatolás, agravando aún más la falta de derechos y libertades fundamentales.
Evitar pronunciarse contra el régimen iraní por la injerencia estadounidense e israelí alentando las protestas es pisotear a un pueblo valiente que se ha alzado contra uno de los regímenes más criminales, misóginos y represivos
Pero la complejidad del contexto iraní no es un eximente de nuestra responsabilidad de proteger, que nos ofrece herramientas diplomáticas, económicas, políticas y jurídicas que debemos aplicar para apoyar al pueblo iraní en su legítimo derecho a liberarse de la teocracia de los ayatolás. Hasta ahora, las sanciones han sido las más empleadas. Pero, como en Irak o en Rusia, termina siendo la población de a pie la que sufre sus peores consecuencias. Por eso es fundamental establecer nuevos mecanismos que garanticen que las sanciones castiguen a los dirigentes, a la cadena de mando de la maquinaria represiva y a los circuitos financieros con los que se lucra la corrompida élite vinculada al régimen. También es urgente una acción de diplomacia global, como ha exigido Amnistía Internacional, para acabar con la impunidad de la que ha gozado Irán después de las masacres con la que ha aplacado cada protesta. Hay que reformar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para suprimir el derecho a veto de sus miembros permanentes. Y mientras, hay que exigir que tanto sus países integrantes como los del Consejo de Derechos Humanos voten una resolución que exija la suspensión de las ejecuciones, el fin de la represión, la liberación de los manifestantes detenidos, el acceso de las organizaciones humanitarias y el enjuiciamiento de sus responsables. Igualmente, hay que arropar a las organizaciones y a la diáspora iraní que están documentando y recopilando las pruebas de los crímenes para que sus victimarios sean llevados ante la Corte Penal Internacional. Además, es crucial crear sistemas de gobernanza global que restablezcan las comunicaciones mediante satélite cuando los regímenes las bloquean, como ha ocurrido en Irán, convirtiendo a todo un país en un agujero negro. Y, desde luego, no deberíamos seguir delegando ese poder estratégico en un megalómano fascista como es Elon Musk y su red de Starlink.
Precisamente porque hay una guerra global declarada contra las democracias, el multilateralismo y el derecho internacional, es más necesario que nunca que seamos ambiciosos en las reclamaciones a nuestros gobiernos y firmes en la defensa de los derechos humanos independientemente de bloques geopolíticos o ideológicos. Evitar pronunciarse contra el régimen iraní por la injerencia estadounidense e israelí alentando las protestas es pisotear a un pueblo valiente que se ha alzado contra uno de los regímenes más criminales, misóginos y represivos; ignorar la lucha de las mujeres iraníes es traicionar el feminismo y convertirse en cómplice de quienes las infantilizan, oprimen, torturan y asesinan; desoír las reclamaciones de los manifestantes mientras les asesinan por pedir libertad, justicia, igualdad y trabajo es despreciar los principios más básicos de la solidaridad internacional y de la más básica humanidad.
Estados Unidos se ha convertido en el espejo de lo que viviremos aquí si la ultraderecha llega al gobierno: el FBI entrando en la casa de un periodista por publicar información clasificada y los agentes del ICE agrediendo, secuestrando y asesinando a plena luz del día, por nombrar sólo dos de las últimas expresiones de la autocracia que se asienta en la Casa Blanca. Y las valerosas protestas del pueblo iraní, que solo pueden despertar nuestra admiración, nos recuerdan a lo que nos podemos ver abocados si, desde todos los ámbitos, no somos capaces de construir un bloque democrático.
No es una exageración. Como no lo fue cuando en los años 90 y primeros 2000, antes de ser asesinados, numerosos periodistas e intelectuales rusas y rusos alertaron de la amenaza que suponía Putin para la incipiente democracia rusa. Como no lo es en Estados Unidos, donde las voces más lúcidas y sosegadas advierten del peligro de una guerra civil. Y como no lo es en Europa, donde la parálisis de sus dirigentes está enterrando el proyecto de cooperación y convivencia que nos podría ayudar a protegernos de la ola nacionalista de extrema derecha que ya define nuestra era, como bien explica Steven Forti.
Defender el derecho del pueblo iraní a acabar con el régimen de los ayatolás es un deber de quienes creemos en el derecho de todas las personas a vivir en paz, democracia y libertad. Alcemos la voz para que cuando los criminales restablezcan las comunicaciones, los supervivientes que buscan a sus desaparecidos y velan a sus muertos, sepan que somos muchas, la mayoría de las personas, las que exigimos a nuestras instituciones que no vuelvan a hacer dejación de funciones, que no les vuelvan a dejar solos.
