Racismo, doble moral y desatención de la infancia

Los menores migrantes llegan a España huyendo de la guerra, la pobreza, la persecución, el hambre. Muchos de ellos acaban ahogados en los brazos de sus padres, otros los pierden en el mar ante sus ojos, otros acaban naciendo aquí después de que sus madres arriesgaran la vida para salvarlos. Todos lo hacen con un miedo terrible que solo el afecto y el tiempo lograrán aplacar.

Mientras, las comunidades autónomas gobernadas por la derecha  junto con Castilla-La Mancha (si es que puede considerarse que su gobierno no es de derechas) ni siquiera miran en esta ocasión hacia otro lado como es su costumbre, sino que les señalan con el dedo acusador y se oponen de manera consciente y coordinada a acogerlos poniendo trabas, cerrando centros de atención y judicializando la medida legislativa, aunque sean bien conscientes de la obligatoriedad de cumplirla. Esta negativa rebela una doble irresponsabilidad y la asunción expresa del relato racista de Vox, que se traslada a la práctica con la misma eficacia que se produciría si estuvieran formando parte de los gobiernos que se oponen. 

Por un lado, la irresponsabilidad es humanitaria en la medida en que hablamos de niños y adolescentes en contextos de extrema vulnerabilidad y que nuestras leyes y los principios más básicos de respeto a los derechos humanos exigen. En el fondo lo que late en esta posición es la utilización deliberada del sufrimiento ajeno para reforzar un discurso identitario que conecta con el racismo mas despreciable. Nunca hubo problemas con los niños y adultos ucranianos que vinieron por decenas de miles, al contrario, a la ya tradicional pulsera con banderita se unió la de Ucrania para demostrar cómo los blancos nos cuidamos entre nosotros mismos (salvo que sean muy pobres, claro). 

En el fondo lo que late en esta posición es la utilización deliberada del sufrimiento ajeno para reforzar un discurso identitario que conecta con el racismo más despreciable

Por otra parte, esta actitud erosiona la cohesión y la solidaridad territoriales y dinamita la esencia del Estado autonómico: la corresponsabilidad. No se puede (o no se debería) reclamar más financiación o exigir apoyo en otros ámbitos (incendios, danas u otras catástrofes o repartos de fondos europeos) y al mismo tiempo cerrar la puerta a una obligación tan básica como la protección de la infancia. El Estado compuesto y el compromiso común no es un valor optativo dependiente de las posiciones políticas, es un mandato constitucional evidente e intransferible.

La condicionalidad financiera que se alega no es más que un burdo pretexto, no solo porque el Gobierno puso a disposición recursos que no fueron aceptados cuando el acogimiento era voluntario, sino que además hablamos de que precisamente son estas administraciones las que renuncian al propio ingreso de impuestos a los que más tienen (patrimonio, sucesiones o donaciones cuya pérdida alcanza los seis mil millones de euros anuales). Solamente la Comunidad de Madrid deja de ingresar cada año más de mil millones de euros por estos conceptos. La doble moral es evidente y encaja en la falta de lealtad acreditada con los boicots a las conferencias de presidentes y presidentas donde bien podrían tratarse estos asuntos.

Al mismo tiempo los discursos racistas se extienden como la pólvora y contribuyen a legitimar una violencia institucional contra los menores que debería resultar insoportable para cualquiera. Ya no nos asustamos por las afirmaciones de Abascal llamando a hundir el barco humanitario Open Arms, y calificando a estos niños y niñas de parásitos, sino que las legitimamos tratándoles como tales mediante estas actuaciones y por tanto abriendo la puerta a otro tipo de violencias, a la segregación y a la perturbación de la convivencia.

Si aún queda algo de coherencia ética en los responsables políticos de las comunidades que se revuelven ante la acogida humanitaria, si algo les diferencia de Vox, deberían rectificar, retomar el rumbo democrático y el respeto a los derechos fundamentales y a la dignidad de las personas. La lucha contra el racismo y la xenofobia ha de ser una cuestión de país para garantizar una sociedad justa para todos, pero la infancia no puede esperar a que los partidos y las administraciones resuelvan sus mezquinas batallas. Rectifiquen.

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María José Landaburu es doctora en Derecho y experta en Derecho laboral y autoempleo.