¿Otra oportunidad perdida para los autónomos?

Es habitual escuchar el relato oficial que ensalza las supuestas bondades del emprendimiento, del trabajo autónomo como expresión de lo mejor de cada casa. Sin embargo, más de 3,4 millones de personas autónomas que trabajan cada día en nuestro país saben que esa historia épica de éxito sobre individuos hechos a sí mismos, que empezaron en un garaje hasta alcanzar el éxito, no se corresponde con la realidad. Lo mismo ocurre con el mantra del “sé tu propio jefe”, que oculta las aristas y no muestra la precariedad que reflejan las cifras.

Basta recordar que el 57% del colectivo obtiene ingresos que oscilan en el entorno del salario mínimo o menos; que la pensión media de jubilación de un autónomo alcanza un 40% menos que la del régimen general, y es hasta un 55% inferior en el caso de las mujeres autónomas respecto a los hombres asalariados; o que, en esta radiografía, la edad desempeña un papel fundamental en la configuración del trabajo autónomo. El grupo más numeroso se concentra entre los 46 y los 55 años (31,7%), seguido por el de 56 a 65 años (24%), lo cual confirma que el trabajo autónomo sigue funcionando como una especie de ‘refugio’ para quienes atraviesan una etapa de vulnerabilidad, en un contexto en el que las empresas continúan priorizando a las personas jóvenes y desprotegiendo a las mayores. Por ello, es imprescindible reformar nuestro sistema de cotización a la Seguridad Social para poner fin a la incomprensible situación de desprotección que arrastramos desde hace décadas y al desequilibrio entre lo que cotizan quienes pueden hacerlo con holgura y quienes no llegan.

Por estas circunstancias las organizaciones de autónomos firmamos un acuerdo en 2022 que se transformó en ley y que pretendía ir acercando las cotizaciones a los ingresos reales y aumentar la protección en tantos aspectos en que aún hoy no nos alcanza. Lo hicimos señalando una senda de nueve años, demasiado larga para alguna de nosotras, pero en aras de transformar el sistema y de producir un evidente cambio cultural accedimos a tal reforma.

El Gobierno tiene ante sí una oportunidad histórica para que más de 3,4 millones de trabajadoras y trabajadores autónomos en España dejen de situarse en los márgenes del Estado del bienestar

Este año que se anuncia es el indicado para hacer una primera revisión. Lo razonable sería avanzar hacia un sistema basado en la capacidad económica de cada cotizante y traducido en cuotas justas. Sin embargo, los planes actuales proponen un esquema de tramos de ingresos que mantiene una elevada barrera de entrada para las y los autónomos más precarios. En la práctica, se sigue castigando a quienes menos ganan y beneficiando a quienes más ingresan. Con la propuesta actual, una persona autónoma que gana menos de 670 euros pagará un 30% de sus ingresos, mientras que otra que gana 6.000 euros o más abonará solo el 8,8%. Las rentas más altas ni siquiera actualizan sus cuotas conforme al IPC. No podemos seguir avanzando en esa dirección. El horizonte debe fijarse en un sistema de cotización por ingresos reales que, al menos de forma transitoria, reduzca las cuotas de los tramos bajos, mantenga las de los tramos medios y aumente las de los más altos. Se llama progresividad, se llama solidaridad y se llama política útil.

Es ineludible además abordar la protección social. Esta cuestión es clave para reducir la precariedad del colectivo. Urge reformar el cese de actividad y facilitar su acceso: hoy se rechazan más del 60% de las solicitudes porque se exige acreditar una disminución significativa de ingresos, pérdidas y deudas. Estas condiciones carecen de sentido para un colectivo formado mayoritariamente por personas físicas sin trabajadores asalariados y menos aun tratándose de prestaciones contributivas, que son rentas sustitutivas por un periodo determinado hasta retomar la actividad. A las y los asalariados no se les exige estar en la ruina para cobrar el paro, ¿por qué sí a las y los autónomos? ¿Por qué aún no se ha implantado el subsidio de desempleo para mayores de 52 años, cuando sí existe para las y los asalariados? En aras de que cada palo sujete su vela, recordemos que los subsidios dependen del ministerio de Trabajo, extremadamente rápido para exigir a otros departamentos, y ciego y sordo a las demandas de los trabajadores por cuenta propia.

El Gobierno tiene ante sí una oportunidad histórica para que más de 3,4 millones de trabajadoras y trabajadores autónomos en España dejen de situarse en los márgenes del Estado del bienestar. Es posible cambiar el rumbo de los planteamientos iniciales y atender el hartazgo de un colectivo que ya no representa una realidad periférica, sino estructural, en el mundo del trabajo. Porque hay demasiadas cosas que no son como nos contaron. Porque queremos cuotas justas y más derechos y no vamos a ceder en el esfuerzo.

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María José Landaburu es doctora en Derecho y experta en Derecho laboral y autoempleo.