No, Israel no es un Estado democrático
Israel ha tratado de presentarse ante el mundo como una democracia avanzada, la única de su región, como un faro de libertad en Oriente Medio. Esta narrativa ha sido abrazada íntegramente y durante mucho tiempo por la propia Unión Europea, hasta el punto de mantener acuerdos económicos, científicos y tecnológicos privilegiados con dicho Estado amparándose en que el mismo posee un parlamento y celebra elecciones. Sin embargo, una democracia legítima solo se sostiene si hace honor a dos pilares esenciales: igualdad universal ante la ley y pleno respeto a los derechos humanos.
La igualdad como condición de ciudadanía determina que no basta con tener urnas, partidos políticos o aprobar constituciones. Sin igualdad jurídica, sin un marco de derechos y deberes compartidos, esas instituciones se vacían de contenido y se convierten en un decorado. Se rompe el contrato social y aparece una democracia mutilada. En el caso de Israel y dentro de sus fronteras, la ciudadanía palestina –que representa en torno al 20%– denuncia discriminación estructural en el acceso a la vivienda, servicios y recursos. La ley de Estado Nación de 2018 institucionaliza una identidad étnico religiosa privilegiada, consagrando el hebreo como idioma preeminente y relegando el árabe, así como instaurando desigualdades legales constatables que abren brechas profundas en la igualdad netamente formal entre los ciudadanos, muy lejos de la real y efectiva a que cualquier democracia debe aspirar. Más allá de eso, en los territorios ocupados (Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este), miles de personas viven bajo control israelí sin capacidad de voto ni representación política. Su movilidad, servicios esenciales y hasta el agua dependen de decisiones en las que ni mínimamente pueden intervenir, sino que están al albur de una administración militar arbitraria y represiva que les sitúa en una suerte de apartheid. En todo caso y bajo una muy generosa concepción de los cánones políticos internacionales estaríamos ante la democracia de unos pocos frente al resto.
Las violaciones sistemáticas contra los derechos humanos más básicos de la población civil palestina ubican a Israel en la periferia de cualquier sistema democrático
Por otro lado, las violaciones sistemáticas contra los derechos humanos más básicos de la población civil palestina ubican a Israel en la periferia de cualquier sistema democrático. En Gaza el bloqueo de ayuda humanitaria prolongado, que va desde la alimentación a los medicamentos, genera un sufrimiento colectivo y una situación de hambruna que ha acabado ya con la vida de 367 personas, de las que 131 son niños, y hay mas de un millón más en emergencia alimentaria. La limpieza étnica lenta emprendida por el Estado de Israel ha llevado a efecto bombardeos en zonas densamente pobladas, demolición de viviendas, ataques a hospitales y tiroteos (que más parecen ejecuciones) en los puntos donde se recibe la escasa ayuda que entra. La propia prensa y los representantes de organismos internacionales son hostigados, perseguidos y asesinados, incumpliendo sistemáticamente el derecho internacional y los derechos humanos universales. Este contexto aleja cualquier posibilidad de considerar a Israel como un sistema democrático y exige un compromiso ético colectivo para poner freno al exterminio de un pueblo entero.
Este lunes, el presidente del Gobierno de España ha dado un paso más al frente adoptando nueve medidas que merecen una valoración positiva rotunda, aunque nos sepan a poco. Especialmente importante es el embargo de armas, que probablemente genere tensiones con Estados Unidos, pero que puede ser un aliciente clave para impulsar una posición común en Europa. En cualquier caso, llamar a las cosas por su nombre, hablar de genocidio y proponer políticas tangibles no tranquiliza nuestras conciencias, pero señala un camino que la sociedad civil y la clase política españolas y europeas debemos seguir: justicia, coherencia internacional y solidaridad con las víctimas. Después de este paso deberán venir otros más contundentes y más comprometidos, pero al menos hoy podemos decir que estamos en el lado correcto de la historia y que muchas y muchos no nos rendimos.
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María José Landaburu es doctora en Derecho y experta en Derecho laboral y autoempleo.
