La sociedad civil sí se moviliza contra Israel

Son, por supuesto, los gobiernos nacionales y las organizaciones internacionales quienes deben protagonizar la respuesta a las sistemáticas violaciones del derecho internacional que está cometiendo Israel. A ellos corresponde liderar las acciones que traten de poner fin al genocidio que el trío Netanyahu-Smotrich-Ben Gvir viene ejecutando a los ojos de todo el mundo, aunque solo sea porque de no hacerlo se convierten en cómplices de un delito que a estas alturas ya resulta inocultable. Pero también la sociedad civil tiene un importante papel en la tarea de hacer valer el derecho internacional, el respeto de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, aunque apenas disponga de palancas directas y de efecto inmediato para modificar el rumbo de quienes deciden saltarse todas las normas.

Una sociedad civil informada, sensibilizada y movilizada con voluntad de incidencia política tiene la posibilidad real de forzar a los gobiernos y a las empresas internacionales a que ajusten su actividad a los valores y principios que dicen representar y defender. En unos casos, actuando en calidad de consumidores, eso significa seleccionar conscientemente el tipo de productos y servicios que adquirimos, atendiendo a su origen, para evitar hacerle el juego a empresas que o bien tratan de esconder su colaboración con quien está cometiendo un crimen o, peor aún, se enorgullecen de ello. En otras ocasiones, echando mano de la condición de privilegiados ciudadanos de sistemas democráticos, se trata de denunciar acciones y omisiones por parte de nuestros representantes políticos, demandándoles una mayor coherencia de políticas y un mayor ajuste a los valores y principios que dicen defender.

En el caso concreto de Israel, manifiesto violador del derecho internacional, con un primer ministro en busca y captura por parte de la Corte Penal Internacional y una Corte Internacional de Justicia investigando si lo que hace Netanyahu y los suyos es un delito de genocidio (tal como acaba de atestiguar la Asociación Internacional de Académicos sobre Genocidio), un planteamiento de ese tipo tiene nombre propio: BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones). Se trata de una campaña internacional, en la que también hay organizaciones israelíes, que, teniendo en mente el antecedente de la campaña de movilización contra la Sudáfrica del apartheid, busca hacer sentir al gobierno y a la sociedad israelí el coste de una política supremacista que ya no esconde su propósito de llevar a cabo una limpieza étnica en Gaza y una anexión territorial de Cisjordania. El objetivo, evidentemente, es provocar una reacción que lleve a Israel a abandonar ese mesiánico delirio.

Lo fundamental es que, ante la generalizada inacción de nuestros gobiernos, sea la sociedad civil quien ha tomado la delantera

Resulta insostenible cualquier acusación de antijudaísmo contra lo que solo es una respuesta frontal al belicismo asesino de unos gobernantes iluminados (y de quienes se alinean con ellos) que se sienten elegidos para imponer su dominio sobre los demás. Ni se cuestiona el derecho de Israel a existir, ni se justifica la violencia extremista de Hamás y sus adláteres. Lo fundamental es que, ante la generalizada inacción de nuestros gobiernos –tanto del estadounidense como de los Veintisiete y los gobiernos árabes–, sea la sociedad civil quien ha tomado la delantera, ya sea poniendo en marcha una flotilla naval para romper el bloqueo de Gaza, perturbando conscientemente una prueba deportiva o dejando de adquirir productos fabricados en Israel. De ese modo lo que se busca, por un lado, es forzar a nuestros gobiernos y a nuestras empresas a que vayan más allá de sus ya inanes discursos de lamento y condena sobre la masacre que se está produciendo. Por otro, se pretende no solo presionar al gobierno israelí a abandonar su estrategia erradicadora de toda presencia palestina entre el río Jordán y el mar mediterráneo, sino hacer sentir a cada israelí, sea un ciclista, una bailarina de ballet, un profesor de astrofísica o una abogada, que lo que su gobierno está haciendo en su nombre resulta inaceptable y lleva a aparejado un coste personal para cada uno de ellos.

Y a estas alturas carece de sentido apelar a la necesidad de dejar al deporte, la música o al mundo académico al margen de la política, pensando en no molestar o en mantener un statu quo que no interesa replantear. No solo se trata de que todo es política, sino de que son demasiadas las veces en que esos mismos gobiernos deficitarios en el cumplimiento de sus obligaciones con la ley internacional son los más interesados en jugar a limpiar su imagen a través de actividades teóricamente asépticas. Se trata precisamente de molestar, de cuestionar comportamientos indignos, de denunciar a quienes gustan de tomarse la justicia por su mano. Y en todo eso, una vez más, la ciudadanía va por delante de sus gobernantes.

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Jesús A. Núñez Villaverde es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).