Trump alimenta su obsesión con España
De momento no son más que palabras, pero teniendo en cuenta al personaje que las profiere no hay más remedio que tomarlas en serio y prepararse para lo que pueda venir. Una vez que ha aprendido que España no es un miembro de los BRICS y ya la ha identificado como miembro de la OTAN, Donald Trump lleva semanas reiterando que, en referencia explícita al porcentaje del PIB que los 32 aliados se comprometieron a dedicar a la defensa (5%) en la Cumbre celebrada el pasado mes de junio, el gobierno español “no juega en equipo” y, por tanto, debe ser castigado.
En esa línea ya ha apuntado que España debe ser expulsada de la Alianza, mientras amenaza con aplicarle nuevos aranceles. Lo primero es sencillamente imposible porque el Tratado de la OTAN no establece ningún procedimiento por el que alguno de sus miembros pueda ser expulsado. Solo hay un artículo, el 13, que plantea la posibilidad de que un país decida unilateral y soberanamente abandonar la organización (algo a lo que nadie ha recurrido desde su creación en 1949). Para ello basta con que lo comunique por escrito a Washington (por ser el depositario del Tratado) para que éste lo transmita al resto de miembros y así, un año después, la salida se hace efectiva. Nada indica que el Gobierno español, por mucho que quepa incluirlo más en el grupo de los llamados europeístas (los que apuestan por una Europa de la Defensa con autonomía estratégica) que en el de los atlantistas (para los que la garantía de seguridad que proporciona la OTAN es suficiente), vaya a dar un paso de ese calibre.
En cuanto a los aranceles, España, como el resto de los países de la Unión Europea, ya está sufriendo la guerra comercial decretada por Trump desde el inicio de su segundo mandato. En este terreno solo cabe esperar que, llegado el caso, la Comisión Europea, que es la encargada de negociar con Washington el marco de las relaciones comerciales entre ambos lados del Atlántico, responda adecuadamente en defensa de uno de sus miembros, tal como ha manifestado en estos últimos días ante cada nueva bravuconada del inquilino de la Casa Blanca. En todo caso, si se atiende a la sumisión mostrada hasta ahora por Ursula von der Leyen en nombre de los Veintisiete, son inevitables las dudas sobre el grado de solidaridad real que los demás miembros de la Unión estarían dispuestos a asumir ante un ataque comercial dirigido específicamente contra España.
España es un activo de suficiente entidad como para que Trump se lo tenga que pensar dos veces antes de arriesgarse a perder a un aliado que lleva décadas contribuyendo a que Washington pueda desarrollar sus planes
Por desgracia, no se agotan ahí las opciones que puede activar Trump si quiere llevar a cabo un castigo ejemplar contra un aliado que considera díscolo, al tiempo que lo utilice de ejemplo para disuadir a otros de contravenir sus directrices. Pero incluso en ese supuesto, España no estaría indefensa. En primer lugar, desde una perspectiva geopolítica, es un hecho que ya desde la Guerra Fría quedó claro que la posición de España, con su doble fachada mediterránea y atlántica, más el añadido de las islas Baleares y Canarias, todo ello con Gibraltar como pivote, es un activo de suficiente entidad como para que Trump se lo tenga que pensar dos veces antes de arriesgarse a perder a un aliado que lleva décadas contribuyendo a que Washington pueda desarrollar sus planes hegemónicos en la región. Rota y Morón, especialmente, le ofrecen unas facilidades tanto para proyectar poder hacia Oriente Próximo y Oriente Medio, como para asegurar su presencia en la región, que no tienen fácil sustitución, por mucho que en ocasiones Washington juegue con la idea de bascular hacia Marruecos, como si nuestro vecino estuviera en condiciones de asumir de un día para otro lo que tantos años ha costado poner en marcha.
Nada de eso, en cualquier caso, despeja las dudas que genera la posición del gobierno español, cuando insiste en que con el 2,1% del PIB puede cumplir con un compromiso que a los demás aliados les va a suponer un 5% (3,5% en lo que actualmente la OTAN contabiliza como gasto en defensa y 1,5% en infraestructuras ligadas a la defensa). Porque, aun siendo cierto que son muchos los que van a incumplir dicho objetivo y que lo fundamental es cumplir con el objetivo de capacidades a alcanzar para 2035 –un documento clasificado que impide saber cuáles son las que se le asignan a España–, es difícilmente creíble que seamos infinitamente más capaces que el resto de los aliados en términos económicos e industriales como para hacer tanto con tan poco.
Lo que cabe suponer es que, tratando de salir del paso, el gobierno español ha optado por adoptar una postura que, por un lado, le permita sacar réditos inmediatos ante su propia opinión pública y, por otro, dejar la puerta abierta a un posible cambio de posición para más adelante. A corto plazo, y a diferencia de la práctica totalidad de los demás miembros de la OTAN, vergonzosamente sumisos ante sus dictados, ha decidido no reírle las gracias a Trump y mostrarse crítico con el plan de rearme decidido por la Unión Europea, insistiendo de paso en que no va a sacrificar los gastos sociales por un aumento en el capítulo de defensa. A largo plazo, el año 2035 está muy lejos… y nadie sabe qué ocurrirá hasta entonces.
