Compromiso con Europa

El 84% de los españoles se siente parte de la ciudadanía europea. El eurobarómetro publicado por la Comisión Europea para el curso 2020/2021 refleja que la población española se sitúa por encima de la media de los ciudadanos del bloque comunitario en cuanto a sentimiento y valores europeos. Sin embargo, la conversación pública muchas veces va en la línea contraria. 

A raíz de la actual crisis provocada por la pandemia, que nunca parece remitir, la Unión Europea se ha visto enormemente cuestionada. Los numerosos intentos, sin éxito, de una verdadera coordinación sanitaria al máximo nivel por parte de las instituciones europeas han provocado que la imagen del bloque se viera menoscabada durante los últimos dos años. No obstante, se han dado dos excepciones que representan el grueso de la actuación de la UE para afrontar esta crisis y han dejado un buen sabor de boca entre la ciudadanía: la campaña de vacunación y los fondos de recuperación Next Generation. 

En julio de 2020, los Estados miembros de la UE llegaron a un acuerdo por el que repartirían 750.000 millones de euros con el objetivo de dar impulso a las economías europeas, tan afectadas por las continuas restricciones sanitarias. La cantidad total representa un hito en Europa: la suma de los fondos al Mecanismo Financiero Plurianual supera, por primera vez, el 5% del PIB comunitario. 

La Unión Europea ofrece así una reacción en clave económica muy distinta a la que se dio en la anterior crisis del año 2008. Su compromiso es, en esta ocasión, una fuerte apuesta por la recuperación social de Europa

La Unión Europea ofrece así una reacción en clave económica muy distinta a la que se dio en la anterior crisis del año 2008. Su compromiso es, en esta ocasión, una fuerte apuesta por la recuperación social de Europa; el reparto de los fondos atiende únicamente a criterios de afectación por la pandemia y no tiene en cuenta el nivel de endeudamiento de los países. Europa se fija como objetivo reactivar la economía, a la par que poner en marcha grandes reformas sociales. ¿Responderán adecuadamente los Estados miembros? 

En consonancia con los valores de la Unión Europea 

“Bruselas aprieta a Hungría y Polonia con los fondos europeos por su deriva autoritaria y homófoba”. Así titulaba elDiario.es una información del pasado 30 de julio relativa a la llegada del plan Next Generation a Budapest y Varsovia. Este hecho sin precedentes pone de manifiesto cuál es la línea roja en esta salida de la crisis: la Comisión Europea no va a presentar medidas fiscales muy estrictas para animar la economía, pero no está dispuesta a dar un paso en falso en materia de derechos sociales. Dadas estas circunstancias, parece que los planes de recuperación de Polonia y Hungría seguirán, por el momento, pendientes de un hilo. 

Para la Unión Europea es condición sine qua non que los proyectos de destino de los fondos se articulen alrededor de alguno de los cuatro ejes sobre los que llevan años trabajando: digitalización, sostenibilidad, cohesión social y territorial e igualdad de género. Son sus líneas principales de actuación y quiere caminar sobre estas de aquí a largo plazo, convirtiéndose incluso en un actor pionero a nivel internacional. 

La Unión Europea necesita por lo tanto que los Estados miembros estén a la altura. En el caso español, no parece haber dudas en lo que a intereses se refiere. Los ejes que plantea la CE coinciden con las líneas de acción presentadas por el Gobierno de España en su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Sin embargo, las instituciones europeas temen que España no cumpla sus compromisos al poner el foco en otros delicados asuntos de la gestión nacional.

España no se ha caracterizado nunca por ser un alumno ejemplar dentro del bloque comunitario. La fama precede al país, que es conocido por no ejecutar la mayoría de fondos que recibe de la UE. Según el último informe del Tribunal de Cuentas Europeo, España se situaba en 2020 en antepenúltima posición, con menos del 45% de los fondos para ese año ejecutados. En esta ocasión, la preocupación no es menor; la mala coordinación entre administraciones o la excesiva burocracia podrían retrasar la ejecución de unos fondos que son más necesarios que nunca. Así lo advirtieron ya la OCDE o el Banco de España, al asegurar que la “velocidad de absorción de los fondos de la UE inferior a la proyectada” podría poner en riesgo la recuperación económica. El tiempo, además, apremia. El Gobierno tiene de aquí a 2023 para poner en marcha la mayor parte de las ayudas. Se trata de un plazo muy breve para dar salida a una cantidad, 140.000 millones de euros, que deberían de ser la principal herramienta para superar la crisis. 

Tal es la magnitud del problema que, del total de 24.198 millones de euros presupuestados para 2021, al cierre del año se habían ejecutado tan solo el 37%, es decir, solo se han llegado a utilizar 8.955 millones de euros. El pronóstico para este 2022 tampoco es mucho mejor: de los 26.900 millones que se esperan recibir, los analistas económicos prevén que se ejecuten tan solo 15.000 millones. A este problema del tiempo se suma la novedad del asunto. Pese a que parece que los deberes están hechos por parte del Gobierno, los expertos creen que la elevada cifra que suponen los fondos, así como la falta de personal calificado para ejecutarlos, podría llevar a un error de cálculo que dé al traste con la recuperación económica del país. 

La clave para lograr la recuperación reside por lo tanto no solo en la rapidez, sino también en el acierto. En la búsqueda de este equilibrio entre ambos parámetros cabe destacar la actuación de Italia. El Gobierno del tecnócrata Mario Draghi no parece caminar con tanta prisa como el español. No se espera la llegada de los fondos al país transalpino hasta mediados de marzo, lo que permite un cierto margen de acción en Roma para encontrar a las personas mejor preparadas para potenciar el uso de los fondos. La ya conocida como operación de “los mil soldados de Draghi” busca atraer a 1.000 profesionales de distintas ramas con los que aupar la recuperación económica del país (tan afectado o más por la pandemia que España). Se trata de una medida nunca vista hasta ahora en un país que, como el nuestro, no destaca por la mejor ejecución de las ayudas europeas (según el informe del Tribunal de Cuentas Europeo para el año 2019, Italia es el penúltimo país en absorción de Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, muy por debajo de la media europea).

Europa ha puesto las cartas sobre la mesa o, mejor dicho, los fondos. Es el turno ahora de los Estados miembros para demostrar su fuerte compromiso con los valores europeos. El tiempo es corto pero la transformación es muy necesaria. ¿Se lograrán los objetivos? Cuando tengamos respuesta, quizás ya sea demasiado tarde.

_________________________________

Adriano Ferreiro es colaborador de la Fundación Alternativas