Un cortafuegos a la ultraderecha
El PP lo ha hecho. El PP ha pactado con Vox y ha configurado gobierno con la formación ultraderechista. Ha pactado con un partido ideológicamente hermano de Le Pen, a quien en Francia procuran orillar con la unión, más o menos unánime, de todos los demócratas. Porque Europa ya vivió las consecuencias de la falta de democracia, Europa ya vivió los efectos del autoritarismo, del negacionismo, de la intolerancia y del populismo. Por eso la Unión Europea lo combate, por eso sanciona y priva del acceso a los fondos de recuperación a países que, como Hungría, flirtean con la vulneración de los derechos humanos. Poner en marcha el mecanismo de condicionalidad del Estado de Derecho significa que los países que incumplan los valores fundamentales de la Unión Europea no puedan recibir ni un euro de los fondos Next Generation. Se persigue así preservar el derecho a la dignidad humana, a la libertad, la democracia o los derechos humanos.
Pudiera pensar quien lea este artículo que exagero la nota al colocar en el mismo párrafo a Orbán y a Vox. Probablemente, si así lo cree, es porque no conoce de la misa la mitad sobre el programa y las intenciones de Vox. Cuando el partido ultraderechista dice que la violencia de género como tal no existe, vulnera los derechos humanos de las mujeres. Lo hace cuando pretende derogar todas las leyes que protegen los derechos de más de la mitad de la población, desde el derecho al aborto a la ley integral contra la violencia de género. O las que protegen al colectivo LGTBI, como la del matrimonio igualitario, o quieren prohibir que puedan adoptar. O cuando niegan el cambio climático, cuando criminalizan la inmigración. O cuando se posicionan en contra de los sindicatos y de los derechos de las personas trabajadoras. En todas esas ocasiones enseñan su auténtica esencia, su ideología ultraconservadora y ultraliberal. Enseñan la patita, aunque lo justo, porque para eso son populistas. Camuflan sus auténticas intenciones y las envuelven en palabrería, en verborrea fácil para regalar los oídos a quienes quieren escucharla.
Ahora acaban de entrar en un gobierno, en el de Castilla y León, de la mano del PP, del que se escindieron. Un gobierno, por cierto, integrado por nueve hombres y tan solo tres mujeres. Ahora pasarán de las palabras a los hechos. De momento, ya han condicionado su apoyo a Mañueco a que ese gobierno autonómico apruebe una ley de violencia intrafamiliar. El presidente popular asegura que eso no implicará tocar la de violencia de género. Pero en el Congreso de los Diputados ya lo intentaron y comprobamos cómo esa ley de violencia intrafamiliar incluía la derogación, sin ambages, de la de violencia de género. Nada hace pensar que en Castilla y León, pudiendo prosperar, se van a privar de hacer lo propio. Tampoco les gusta la ley de Memoria Histórica. Ahí coinciden en buena parte con el PP, que recientemente no se ha posicionado a favor de una iniciativa socialista para declarar la Desbandá, la masacre de las tropas franquistas en Málaga, como lugar de Memoria Democrática.
A la ultraderecha no le votan solo aquellos a los que defienden desde esa posición política. Las clases bajas y medias que depositan su confianza en Vox deberían leer su programa electoral y escuchar lo que proponen en sus campañas
Sabido es que a la ultraderecha no le votan solo aquellos a los que defienden desde esa posición política. Si fuera así, únicamente obtendría votos de la clase alta, lógicamente muy minoritaria en comparación con el número de sufragios que está recabando. Las clases bajas y medias que depositan su confianza en Vox deberían leer su programa electoral y escuchar lo que proponen en sus campañas. Sin ir más lejos, les recomiendo el ejercicio de rastrear su sentido de voto en el Congreso de los Diputados. Con un gobierno de derechas sustentado por la ultraderecha en España, en estos momentos habría un rastro interminable de despidos por baja laboral. Cuando el gobierno de Pedro Sánchez derogó esa abominable medida aprobada por el PP, Vox se opuso a su eliminación, de manera que, visto lo ocurrido en pandemia, cualquier baja por covid o por sus diferentes secuelas podría haber terminado en despido. Tampoco hubiera habido ERTES, sino cierres de empresas o despidos masivos. Despidos que quieren abaratar, por cierto. Ni siquiera habría sindicatos para defender a las personas trabajadoras, porque a pesar de que el 65% de los ingresos de Vox provienen de ayudas públicas, está dispuesto a eliminarlas para sindicatos y partidos. El flamante presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, evitó la foto con Abascal en la toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León. Algo que ha indignado a sus socios básicamente porque la excusa que utilizó fue una reunión precisamente con los sindicatos, a quienes los ultraderechistas denostan. Y con toda seguridad los pensionistas y los funcionarios verían congelados sus ingresos, porque tampoco apoyaron en el Congreso la revalorización de las pensiones ni el incremento salarial del funcionariado.
Vox es un troyano y ya sabemos lo que ocurre con los troyanos. Que se camuflan para entrar en el sistema y, cuando lo consiguen, lo infectan y se apropian de él. La única manera de evitarlo es con cortafuegos.
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Lídia Guinart Moreno es diputada por Barcelona y portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Seguimiento y Evaluación contra la Violencia de Género del Congreso y secretaria de Políticas Feministas de la Federación del Barcelonès Nord del PSC.
