Plaza Pública

Contra España

El PP es el primer partido de ámbito nacional en toda Europa que ha sido condenado por lucrarse con la corrupción. Así lo afirma la sentencia sobre la primera etapa del caso Gürtel, dictada por tres jueces de la Audiencia Nacional: "El conocimiento por parte del PP y el aprovechamiento de las cantidades como ayuda al partido quedan absolutamente claras" (pp. 1514-1515 de la sentencia). Los responsables del Partido Popular, continúa el escrito, "sabían cómo se financiaban las elecciones (…); negarlo es ir no solo contra las evidencias puestas de manifiesto sino en contra de toda lógica" (p. 1515). Y concluyen, por si aún quedara alguna duda: "La persona, en este caso jurídica, conocedora del destino de los fondos recibidos y beneficiada de la actividad ilícita desarrollada por Francisco Correa fue el Partido Popular, no el grupo municipal" (p. 1520).

Ante la contundencia de las afirmaciones que pueden leerse en la sentencia, cualquier líder político mínimamente responsable hubiera presentado su dimisión y hubiera propuesto, avergonzado, la refundación de su partido. De no hacerlo por iniciativa propia, cualquier organización política decente inmersa en un caso así le hubiera obligado a tomar esa decisión.

Sin embargo, y por lo visto hasta ahora, queda claro que el PP no es una organización normal. Mariano Rajoy, presidente del Partido Popular desde 2004 y del Gobierno de España desde 2011, no sólo se niega a dimitir dada la gravedad de la sentencia (ni es obligado a hacerlo), sino que, como respuesta a la misma, lanza una virulenta contraofensiva. Una contraofensiva que se produce no por la sentencia en sí, sino por una moción de censura presentada por el PSOE. De no mediar dicha iniciativa es posible que el señor Rajoy ni siquiera se hubiera presentado ante los medios de comunicación para proporcionar unas mínimas explicaciones sobre el histórico dictamen de la Audiencia Nacional.

En la reciente comparecencia sus palabras han sido claras y taxativas: la moción de censura presentada por los socialistas "va contra la estabilidad en España", "es mala para España, mala para los españoles" y "lesiva para el futuro de todos los ciudadanos". El mensaje no puede ser más nítido, pero no acaba ahí. Para continuar con el contraataque y reforzar las afirmaciones de su líder, los dirigentes del Partido Popular han lanzado una consigna por las redes sociales que sólo puede calificarse como indignante y perturbadora: afirman que los socialistas han registrado una moción de censura no contra la corrupción del PP, sino "contra España".

Con esta decisión, gravísima, los altos cargos 'populares' no sólo demuestran su nivel de desesperación y su bajeza moral: también comienzan a dar miedo. El PSOE, pero también cualquier otro partido que apoye dicha moción de censura, como Podemos o Ciudadanos, se posicionan automáticamente contra España. ¿Se convierten entonces en la antiespaña, ese concepto reaccionario y ultranacionalista sobre el que pivotaron buena parte de las consignas del franquismo?

Ante la deriva de los acontecimientos yo recomendaría a los líderes del Partido Popular que respiraran hondo y se sosegaran. En ocasiones, interiorizar determinados asuntos lleva un tiempo y, mientras tanto, puede existir una cierta confusión.Yo se la aclaro: ir contra España (y los españoles) es contar, desde 1989 y durante más de veinte años, con una caja B, es decir, con "una estructura financiera y contable paralela a la oficial", producto de comisiones ilegales, con la que se pagaban distintos gastos de la organización, incluyendo la entrega de cantidades de dinero en efectivo a "personas miembros relevantes del partido" (p. 1589). Esta caja B se nutría con "aportaciones que incumplían la normativa sobre financiación de partidos políticos"; unas aportaciones efectuadas "por personas y/o empresas que resultaban beneficiarias de importantes adjudicaciones públicas, y como gratificación por ese trato de favor" (p. 232).

Ir contra España (y los españoles) es crear "un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional" (p. 155); es obtener, de manera ilícita, "importantes beneficios económicos a costa del erario público", generando "un importante perjuicio a las entidades públicas" (pp. 156-158). Ir contra España (y los españoles) es que destacados cargos de un partido formen "una empresa criminal" que se enriqueció "ilícitamente con cargo a fondos públicos, mediante contratos celebrados con administraciones públicas gobernadas por el PP" (p. 162); es, como relata infoLibre, destruir los discos duros de los ordenadores de Bárcenas para que la información allí contenida, reclamada por la justicia, desaparezca. Eso sí es ir contra España y sus intereses.

Ir contra España (y los españoles) es negar "la existencia de una caja B en el partido", como hicieron los señores "Arenas, Álvarez Cascos, García Escudero, Rajoy, etc.", y que ni el Ministerio Fiscal ni los jueces del tribunal les crean (p. 1078); es tener en una organización a más de 850 imputados (entre ellos altísimos cargos políticos) y una sentencia judicial condenatoria, y no considerar que tu tiempo ha pasado, aunque sólo sea por vergüenza torera. Ir contra España (y los españoles), en definitiva, es decir que quienes plantean una moción de censura ante tamaño escándalo van contra España y los españoles.

La realidad es que el Partido Popular, a día de hoy, sólo representa a una España: la de la irresponsabilidad y el pelotazo, la de la indecencia y la corrupción. La España de la vergüenza, a la que hay que mirar de frente para reconocernos en ella, pero con la que ha llegado el momento de cortar. Pacífica y democráticamente, pero con la que hay que cortar de una vez por todas.

Basta ya de tanta mentira, de pervertir el lenguaje y manipular los sentimientos ciudadanos. De apelar al miedo y al nacionalismo de pacotilla. Esto no tiene nada que ver con las ideas políticas de cada uno, sino con la corrupción en su formato más extenso y perfeccionado. Ir contra España y los españoles es precisamente lo que los dirigentes del Partido Popular han hecho durante años, tal como ha demostrado la sentencia. Si realmente apreciaran nuestro país, dejarían ya de maltratarlo, de arrastrarlo por el fango y la ignominia. La podredumbre sólo va a ir a peor y, como dijo Rajoy el otro día, no se puede conservar el poder a cualquier precio.  _______________Alejandro Lillo es doctor en Historia Contemporánea y profesor en la Universidad de Valencia.

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