La Justicia y las ruedas de molino

La polarización política y el ruido mediático han convertido la investigación judicial en un espectáculo público. Pero la Justicia no debería ser un escenario, sino un pilar sobre el que se sostiene la democracia.

Hay imágenes que se quedan grabadas en la retina colectiva. Una de ellas es la de una investigación judicial que se prolonga durante años, pese a que la fiscalía pide el archivo desde el primer momento y las instancias superiores corrigen repetidamente al juez instructor. Otra, casi idéntica en su forma, es la de determinadas causas que parecen avanzar con una celeridad sorprendente cuando los nombres propios pertenecen a un lado distinto del tablero político.

No hace falta ser jurista para percibir la anomalía. Lo que erosiona la confianza pública no es únicamente el desenlace de un procedimiento, sino el propio trayecto: la sucesión de diligencias, las filtraciones, la exposición mediática, la sospecha instalada y el daño reputacional que ninguna resolución favorable logra reparar del todo.

El caso de Begoña Gómez ha reavivado este debate. Una denuncia basada, en parte, en informaciones que resultaron erróneas; una petición de archivo formulada desde el principio por la fiscalía; una instrucción extraordinariamente prolongada y varias correcciones de instancias superiores. Todo ello ha alimentado una pregunta incómoda: ¿se habría actuado de la misma manera si la investigada no fuera la esposa del presidente del Gobierno?

Nadie va responder con certeza a esa pregunta. Aunque muchos intuimos la respuesta. Tampoco puede afirmarse categóricamente la existencia de una intención oculta por parte del juez instructor. En un Estado de derecho debemos presumir la buena fe de los jueces, incluso cuando discrepamos profundamente de sus decisiones. 

Es innegable que la relevancia política del investigado altera la dimensión pública del procedimiento. Lo convierte en un acontecimiento mediático, multiplica la presión sobre los actores judiciales y amplifica cualquier decisión. La sospecha adquiere vida propia y, una vez instalada en la opinión pública, rara vez desaparece.

Vivimos en la era de la justicia paralela, donde el primer veredicto se dicta en las portadas, en las tertulias y en las redes sociales. El cuarto poder, llamado a fiscalizar con rigor, se convierte demasiadas veces en un simple altavoz de filtraciones y acusaciones no contrastadas. Una denuncia, un titular o un dato equivocado bastan para poner en marcha una maquinaria de consecuencias devastadoras.

Por eso resulta injusto exigir a la ciudadanía una confianza ciega. Se nos pide que esperemos, que respetemos la presunción de inocencia y que no extraigamos conclusiones precipitadas. Y tiene razón quien lo pide. Pero la exigencia debe ser recíproca. La Justicia también tiene el deber de merecer esa confianza.

No pueden exigirnos que consideremos normal aquello que, a los ojos del sentido común, parece profundamente anómalo

No se nos puede pedir a los ciudadanos que comulguemos con ruedas de molino. No pueden exigirnos que consideremos normal aquello que, a los ojos del sentido común, parece profundamente anómalo. No se nos puede pedir que aceptemos sin preguntas procedimientos que se prolongan sin resultados aparentes, ni que ignoremos la impresión de que algunos asuntos reciben una intensidad instructora que otros no conocen.

La percepción social de parcialidad no constituye una prueba de que exista un sesgo sistemático en la Justicia española. No hay evidencia científica concluyente de una "justicia de dos velocidades" determinada por la ideología del investigado. Pero la percepción ciudadana también es un hecho político y social de enorme importancia.

Cuando una parte muy significativa de la población duda de la imparcialidad de los tribunales, el problema ya no es únicamente jurídico; es institucional y democrático.

Los jueces, además de aplicar las leyes, desempeñan una función pedagógica. Cada auto, cada resolución y cada decisión procesal envía un mensaje a la sociedad sobre cómo funciona el Estado de derecho. La proporcionalidad, la prudencia y la apariencia de imparcialidad no son adornos; son condiciones indispensables para preservar la legitimidad de las instituciones.

La Justicia no puede impedir que existan sospechas. Pero sí puede evitar alimentar la sensación de arbitrariedad. La confianza pública es un bien extraordinariamente difícil de construir y fácil de destruir.

Las instituciones judiciales tienen la obligación de ser especialmente cuidadosas en aquellos asuntos que afectan al corazón de la vida política.

No para proteger a los poderosos. Tampoco para perseguirlos con mayor intensidad. Simplemente para aplicar la ley con la misma mesura, el mismo rigor y el mismo sentido común que se aplicaría a cualquier ciudadano anónimo.

Una democracia puede soportar errores judiciales. Lo que difícilmente puede soportar es la pérdida de fe en la imparcialidad de quienes están llamados a impartir justicia.

Y cuando una sociedad empieza a sentir que se le pide creer en lo increíble y aceptar como normal lo que percibe como excepcional, aparece una sensación peligrosa: la de estar obligada a comulgar con ruedas de molino.

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Francisco Barba Cañete es escritor, politólogo y socio de infoLibre.