Nuevo marco legal y reforma constitucional ante la emergencia ambiental: olas de calor y refugios climáticos

Definir respuestas desde el ordenamiento jurídico ante el aumento de las temperaturas y sus impactos implica revisar la Carta Magna para adaptarla al calentamiento global.

La Declaración ante la Emergencia Climática y Ambiental en España por parte del Gobierno en enero de 2020 debería llevar a la adopción de medidas urgentes en respuesta a los crecientes impactos del cambio climático en nuestro país. Como las olas de calor, que, cada vez más intensas y numerosas, tendrán un impacto negativo en las poblaciones más vulnerables, en especial en las zonas urbanas. 

En octubre de 2022 salió adelante una proposición no de ley por parte de Podemos, sin ningún voto en contra, pero con la abstención del PSOE, que instaba al Gobierno a impulsar la creación en las ciudades de una red de refugios climáticos, especialmente adaptados a las olas de calor. Se puede considerar que el formato de una proposición no de ley se queda corto ante lo que está por venir.

Se espera un verano aún más duro que el anterior, dados los récords en el aumento de temperaturas de los meses previos. Además, y remarcando la importancia del factor político, las elecciones municipales a finales de mayo y sus consiguientes cambios de gobierno, pueden suponer en algunos casos dificultades para la coordinación e implementación de medidas de respuesta en algunas ciudades y comunidades autónomas.

Como resultado, se hace necesario demandar al Gobierno una serie de medidas urgentes con rango de ley, que permitan a gobiernos locales y resto de administraciones disponer de un marco legal y unos medios de actuación más allá de las medidas voluntarias que, de hecho, ya se están implementando en algunas ciudades.

Pero vayamos por partes.

Olas de calor: más intensas y en mayor número

Las olas de calor en España se muestran como fenómenos cada vez más cálidos, largos y con capacidad de afectar a una extensión mayor del territorio. En 2022 se registraron 41 días en olas de calor, afectando a 44 provincias en el caso de la ola de calor del mes de julio, además de registrarse una mayor anomalía de temperatura de hasta 4,5°C. El efecto isla térmica, que hace que las temperaturas sean más altas en la ciudad con respecto a la periferia, limitando además su descenso durante la noche, no hace sino incidir además en el aumento de noches tropicales, considerando aquellas temperaturas nocturnas con veinte grados o más.  

De hecho, en numerosos puntos del Mediterráneo se superaron las cien noches tropicales el año pasado. Ciudades como Barcelona acumularon 122 de estas noches a lo largo de 2022, mientras que Madrid tuvo 59. Ese incremento también se observó en el número de noches ecuatoriales, es decir, aquellas que sobrepasan los 25°C.

Pobreza energética, calor y salud

Las olas de calor se pueden entender no como desastres naturales, sino como sociales, ya que sacan a la luz las crecientes desigualdades y la incapacidad económica de una parte de la población para hacer frente a las altas temperaturas y disponer de unos hogares mínimamente habitables en estos contextos. Según la Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad Pontificia Comillas, en 2021 en España 4,5 millones de personas no pagaron facturas energéticas en fecha, y 6,7 millones no pudieron mantener una temperatura adecuada en sus hogares.

En numerosos puntos del Mediterráneo se superaron las cien noches tropicales el año pasado. Ciudades como Barcelona acumularon 122 de estas noches a lo largo de 2022, mientras que Madrid tuvo 59

Esa situación de pobreza energética es más evidente, aunque no de forma exclusiva, en zonas y barrios periféricos de las grandes ciudades, donde factores como la antigüedad y mala edificación, bajos niveles de renta o tarifas energéticas abusivas llevan a que mucha población enfrente las altas temperaturas de forma inadecuada. Esas dimensiones sociales en casos de olas de calor influyen directamente en la salud de las personas y, en especial, sobre los más vulnerables, niños, mayores, jóvenes, mujeres, enfermos crónicos, etc. 

Los refugios climáticos

La mejora de la situación de los hogares más vulnerables, mediante mejoras en su eficiencia o en las condiciones de acceso justo a los precios de la energía o el acceso a equipos de aire acondicionado, debe ser prioritaria, y desde las administraciones se debe avanzar en esta dirección. Pero también, para hacer frente a la emergencia climática, las respuestas y acciones colectivas deben llevarse a cabo a partir de una premisa fundamental: la necesidad de superar la división entre espacios privados y espacios públicos.

Los refugios climáticos en zonas urbanas pueden definirse a partir de esta idea. Identificar y facilitar el acceso a bienes comunales que nos permitan proteger a los más vulnerables, elaborando así respuestas adecuadas dirigidas al bien común. En este caso, habilitar refugios climáticos, independientemente de su propiedad, debe ser una aspiración si queremos responder de forma colectiva y transformar nuestras ciudades como espacios más justos y equitativos en la respuesta ante el cambio climático.

Muchas ciudades, a partir de la iniciativa de los gobiernos locales, con la colaboración de los colectivos vecinales y la sociedad civil en general, ya están poniendo en marcha planes de refugios climáticos de cara al verano. Los casos de Barcelona, Vitoria o Zaragoza, entre otras ciudades, nos dicen mucho de lo que hay que hacer: habilitar espacios colectivos cercanos (públicos o privados) con unas condiciones ambientales benignas que permitan a la totalidad de la población, en especial aquellos colectivos más vulnerables, protegerse del exceso de temperaturas, la escasez de agua u otras situaciones asociadas.

Pero frente a estas iniciativas, los entornos naturales urbanos se ven incluso más perjudicados por medidas que, en vez de incrementar, se dirigen a reducir la masa arbórea de las ciudades, además de privatizar los espacios públicos. En muchos casos, el fervor arboricida se impone a la necesidad de disponer de una mayor vegetación en las ciudades, que permita reducir el efecto isla térmica y el impacto sobre las poblaciones más vulnerables. 

Definir respuestas a la emergencia climática desde la legalidad

Cada vez queda menos tiempo ante lo que se espera será un verano devastador, no solo por las altas temperaturas, sino también por la crisis hídrica que enfrentan muchos puntos de España, y el desastre en ciernes que se avecina debido a la pérdida de muchas cosechas. En el caso de las ciudades, es necesario establecer unas bases legales que permitan proteger las ciudades y hacerlas más resilientes ante las olas de calor y, al mismo tiempo, permitan proteger a las poblaciones que más las sufren. 

Es responsabilidad por parte de las fuerzas políticas a nivel estatal debatir y definir qué tipo de respuestas y medidas vinculantes se deben llevar a cabo en todo el país, y que permitan disponer de los suficientes medios materiales, humanos y económicos. La experiencia del covid-19, positiva pero reactiva, debería permitir el dirigir nuestros pasos con la suficiente antelación y proponer medidas que, al menos, nos permitan estar preparados, tanto por parte de la administración como por parte de la ciudadanía en general.

No obstante, las respuestas que se puedan dar desde el ordenamiento legal a problemas como las olas de calor y la disposición de refugios climáticos, pero también ante la crisis hídrica o la pérdida masiva de cosechas, debe llevarnos a plantear la necesidad de reformar con urgencia la Constitución Española, y adaptar la norma jurídica superior del Estado español al problema del cambio climático.

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Jesús Marcos Gamero Rus es profesor en Retos Medioambientales Globales en la Universidad Carlos III de Madrid y analista de la Fundación Alternativas.