Sobre el valor y el precio de las exhumaciones de víctimas del franquismo

“Hay cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás, existe Mastercard”. En 1997 la agencia de publicidad McCann Erickson lanzaba este eslogan en la archiconocida campaña global Priceless. El éxito de su permanencia hasta nuestros días en el imaginario colectivo reside precisamente en separar dos marcos conceptuales inconmensurables: lo que tiene precio y lo que no lo tiene.

Dos siglos antes, Kant ya había fijado esta disyuntiva en la Fundamentación de la metafísica de las costumbres: “Aquello que tiene precio puede ser sustituido por algo equivalente; en cambio, lo que se halla por encima de todo precio y, por tanto, no admite nada equivalente, eso tiene una dignidad”.

El 6 de agosto de 2026, una declaración de Pablo Linares, presidente de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos (ADVC), publicada en el diario La Razón, cruzaba, probablemente sin notarlo, esa distinción entre precio y dignidad al referirse así al plan de exhumaciones iniciado en 2023 en Cuelgamuros: “Supone un rotundo fracaso, ya que cada cuerpo recuperado ha costado casi 14.000 euros”.

La cifra expuesta procedía de un cociente que situaba en el numerador el presupuesto atribuido por el medio a los análisis de ADN (345.000 euros) y en el denominador, el número de personas cuyos restos han sido, hasta el momento, devueltos a sus familias (25). Si superponemos en la fórmula de esta división los términos kantianos, el resultado es la expresión gráfica del verdadero significado de su frase: hay una línea, el precio está encima y la dignidad queda debajo.

La exhumación de las víctimas del franquismo tiene, evidentemente, un coste económico en los presupuestos del Estado, y su publicación no es más que un ejercicio de transparencia. Pero argumentar el éxito o el fracaso de estas políticas en función del precio “por cada cuerpo” o del porcentaje de identificados equivale a fijar un umbral —una cifra— por debajo del cual ya no resultaría rentable buscar e identificar a un ser humano.

¿Son 14.000 euros demasiado? ¿Cuánto consideraríamos un precio aceptable por devolver los restos de una persona a su familia? ¿Quién estaría dispuesto a fijar esa cifra? Los trabajos de exhumación tienen un coste. Las pruebas de ADN tienen un coste. Devolver los restos mortales de un ser humano a sus familiares para que puedan despedirse dignamente, no tiene precio.

Un patrón deshumanizador, no un caso aislado

El argumento recogido en La Razón no es el único ejemplo. El 29 de septiembre de 2022, The Objective publicó: “Fiasco en la exhumación de las fosas: solo se logra identificar el 4% de los cuerpos”. El 8 de octubre de 2025, Infobae titulaba así un artículo: “El Gobierno de Pedro Sánchez paga 827 euros por cada cuerpo exhumado de fosas comunes de la Guerra Civil: solo se ha identificado el 0,7% del total”.

Al argumentar el fracaso del proyecto en función de lo que ha costado “cada cuerpo”, o el porcentaje de identificaciones alcanzadas, se le está poniendo precio a algo que, por su dignidad, no lo tiene —y con ello se le niega su humanidad.

El psicólogo Nick Haslam distingue dos formas de deshumanizar a una persona. La primera, la deshumanización animalista, niega los rasgos que nos separan de los animales: la moralidad, la racionalidad, el autocontrol. Ese fue, precisamente, el mecanismo dominante en el lenguaje represivo de la dictadura franquista, refiriéndose a los represaliados como “alimañas” o “bestias”; tristemente recordadas siguen siendo las arengas de Queipo de Llano, exonerando de toda responsabilidad a quien matara “como a un perro” a cualquiera que desafiara a los golpistas.

La distinción entre precio y dignidad no es una particularidad de manual de filosofía kantiana o una alambicada teoría de la psicología social: es, ni más ni menos, lo que está en juego en este momento en España

La segunda, la deshumanización mecanicista, conceptualiza al otro como un objeto o una pieza de un sistema. Los argumentos economicistas recogidos en estos titulares responden a este segundo modelo: los restos óseos de personas que tuvieron un nombre, una familia y una historia truncada por la violencia pasan a ser una unidad contable, el denominador de un cálculo de eficiencia, mientras el numerador —el coste— se valora como si fuera una inversión sustituible por otra más rentable. “Tan solo existe un baremo objetivo para medir el éxito —o fracaso— de las políticas preconizadas por José Luis Rodríguez Zapatero: el número de cadáveres exhumados en fosas y, sobre todo, cuántos de éstos son identificados” (The Objective, 29/09/2022).

Desconexión moral

El psicólogo Albert Bandura llamó a este tipo de manipulación del lenguaje “desconexión moral”. Uno de sus mecanismos consiste en desplazar un juicio moral —¿es justo exhumar e identificar a las víctimas?— hacia un juicio de eficiencia —¿es rentable hacerlo?

Cuando ese desplazamiento se combina con un indicador de fracaso (14.000 euros es demasiado o el 4% es insuficiente), el proceso de reparación deja de leerse como un acto de justicia que nace limitado —porque es imposible restituir totalmente lo insustituible— y empieza a exponerse como una inversión pública fallida. Lo único necesario para que ese pensamiento no genere disonancia cognitiva en quien lo escucha es que se hable de números y no de personas.

La distinción entre precio y dignidad no es una particularidad de manual de filosofía kantiana o una alambicada teoría de la psicología social: es, ni más ni menos, lo que está en juego en este momento en España. Tras nueve décadas de silenciamiento y desafección, cada familia tiene derecho a que se identifiquen los restos de su ser querido y se les devuelvan. Y la obligación del Estado —que representa a la sociedad en su conjunto— es hacer todo lo posible por encontrarlos a todos, aunque, el paso del tiempo haga que sólo se logre identificar a unos pocos.

La ruptura del vínculo histórico

El sociólogo Zygmunt Bauman advirtió en su análisis Modernidad líquida que los vínculos humanos son tratados cada vez más “como bienes de consumo: se compran mientras prometen una gratificación instantánea y se desechan cuando el coste de mantenerlos supera el beneficio”.

El vínculo entre una sociedad democrática y las víctimas de su propia historia no es, evidentemente, una cuestión de precio sino de dignidad. Sin embargo, el argumento del “coste por cuerpo” empuja al lector hacia esa lógica: si el coste de buscar se describe como alto porque el número de identificaciones es bajo, la conclusión implícita es que quizá no merezca la pena.

Por eso resulta falaz señalar, como crítica a las políticas de memoria, que sólo se logre identificar a un bajo porcentaje del total de las víctimas del franquismo. Si los resultados no se consideran suficientes, la conclusión coherente no es cuestionar la eficiencia del proceso, sino exigir que el Estado redoble sus esfuerzos y garantice su continuidad, gobierne quien gobierne.

La manipulación contable de lo legal y lo moral está servida en cuanto se logra la monetización simbólica de la dignidad: ahí se sientan las bases de la demagogia deshumanizadora: "El derecho de cada una de estas familias a enterrar dignamente a sus seres queridos vale lo mismo que el coche que conduces".

Esta disyuntiva es actual, pero no nueva. Más de una década antes del golpe de Estado y del inicio de la Guerra Civil, Machado ya había recogido, entre sus Proverbios y cantares, nuestra tendencia a entremezclar inconmensurables: Todo necio confunde valor y precio.

¿Cuánto nos costará buscar los restos de las víctimas de nuestra historia y devolverles la dignidad que les debemos? ¿Cuánto valdremos como sociedad si ni siquiera lo intentamos?

Tal vez no sea cuestión de coste y precio sino de dignidad y valor.

________________________________

Miguel Ángel Estévez es profesor de psicología social en la Universidad Complutense de Madrid y coordina actualmente la atención psicosocial en las visitas de familiares a los trabajos de exhumación de víctimas de la Guerra Civil y la represión de la dictadura franquista en el Valle de Cuelgamuros.