De la prórroga nuclear al contrato social

En España solemos reducir el debate nuclear a una consigna binaria: prórroga sí o prórroga no. Ese marco es insuficiente. Lo que se dirime no es solo un mix eléctrico, sino la continuidad económica y social de comarcas donde la central estructura empleo, comercio y servicios públicos, al tiempo que el sistema eléctrico encara una década de transición con interconexiones limitadas y con el almacenamiento eléctrico todavía insuficiente y en expansión. En este contexto, la opción más razonable no es un sí incondicional ni un no abrupto, sino un sí con fecha de caducidad y condiciones exigibles.

Ese “sí condicionado” no pretende detener la transición, sino darle seguridad mientras madura. Su legitimidad descansa en unos pocos compromisos claros. Primero, que parte de los ingresos dependa de estabilizar la red —inercia, control de tensión, reservas— y no solo de producir energía. No se trata de pagar por existir, sino por prestar un servicio medible que reduzca vulnerabilidades en momentos críticos (¿les suena?). Segundo, que la prórroga sea corta y revisable: tres a cinco años como máximo, con hitos anuales que permitan recortarla si los sustitutos —almacenamiento, refuerzos de red, proyectos industriales— llegan a tiempo. El tiempo extra es un puente, no un derecho adquirido.

El territorio exige además resultados visibles. No bastan las declaraciones; se necesitan entregables con calendario: un canon anual pactado y actualizado, obras concretas cada año que refuercen servicios (salud, movilidad, vivienda), empleo local protegido en la transición y un programa de formación con inserción para jóvenes. Podría resumirse en un acuerdo breve, sin letra pequeña, que incorporase penalizaciones automáticas si no se cumplen los compromisos. El éxito no será retórico: se medirá cada trimestre en un tablero público con pocos indicadores, pero comprensibles.

Hay, asimismo, una condición que no admite eufemismos: prorrogar añade residuos. Un acuerdo serio lo reconoce con una cuenta separada destinada específicamente a cubrir el coste adicional de gestión y con un plan de mejora de los almacenes temporales allí donde sea necesario. Conviene explicitar, de manera sencilla, el “residuo marginal” asociado a cada año adicional: cuánto es, cuánto cuesta y dónde se guarda. Poner ese número sobre la mesa aportaría transparencia y credibilidad.

La transición solo merece ese nombre si deja una actividad nueva. Por eso el acuerdo debería incluir, en un plazo breve, un proyecto ancla no nuclear apoyado en el valor del nudo eléctrico de la central: almacenamiento, formación, mantenimiento industrial o un pequeño parque empresarial. Uno solo, bien definido —parcela, promotor, financiación, cronograma— bastaría para que el “día después” no empiece con un vacío.

El procedimiento de decisión también importa. Los referendos binarios tienden a simplificar en exceso. Es preferible una deliberación ciudadana informada que se pronuncie sobre paquetes condicionados: apoyo si se cumplen las cláusulas; retirada si no. La seguridad técnica no es materia de voto; sí lo es la licencia social vinculada a los beneficios pactados. Y, en la negociación, la coordinación comarcal y el apoyo de las asociaciones de municipios del entorno nuclear permiten ordenar peticiones y evitar asimetrías: una sola lista, un formato de acuerdo homogéneo, menos ruido y más control.

La decisión nuclear no resolverá por sí sola los desafíos del sistema ni los de los territorios; pero puede contribuir a que la transición sea ordenada

Este enfoque evitaría dos riesgos simétricos: el populismo del “todo o nada” y la opacidad tecnocrática que pide confianza sin ofrecer verificaciones. No promete milagros ni abre cheques en blanco. Propone un contrato con fecha, métricas y salidas. Si, al cabo de un año, no hay obras iniciadas, becas con inserción, canon pagado en tiempo, un proyecto ancla en marcha y la cuenta de residuos dotada, el propio diseño permite concluir —sin dramatismos— que ese sí ha caducado.

La decisión nuclear no resolverá por sí sola los desafíos del sistema ni los de los territorios; pero puede contribuir a que la transición sea ordenada. Para eso, el país necesita menos consignas y más reglas. Un sí que caduca, condicionado y verificable, podría ser una de ellas.

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Anna Garcia Hom es analista y socióloga.