@MagistraThor, el juez más 'tuitero', pide un cambio de Gobierno en un foro que llama "basura" al Legislativo
El presidente de la asociación Foro España Cívica y miembro del Foro Libertad y Alternativa (que actuó como acusación popular en el reciente juicio al anterior fiscal general del Estado), Mariano Gomà, concluyó el acto llamando a "pasar la escoba" para barrer "la basura que está legislando" y conseguir así "que vengan los mejores". "El Consejo General del Poder Judicial está en manos de Rufián, Ione Belarra, Maite Aizpurua y Puigdemont", añadió antes de clausurarlo. Previamente, la conductora del evento había rechazado la tradicional división entre progresistas y conservadores de los miembros del órgano de gobierno de los jueces para denominar "izquierdistas" a los nombrados por el PSOE y Sumar y "profesionales" a los designados por el PP.
En ese marco es en el que se celebró este jueves el debate titulado La evolución del control político de la Justicia tras 50 años de democracia, en el que participó el magistrado de la Audiencia de Madrid Luis Sanz Acosta, más conocido como @MagistraThor –uno de los jueces con mayor presencia en X (48.900 seguidores)–, frente al expresidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Salvador Viada. APIF fue la acusación popular que mayor pena pidió contra Álvaro García Ortiz –seis años de cárcel– en el proceso por el que el Supremo lo inhabilitó por desmentir un bulo de Isabel Díaz Ayuso sobre una supuesta operación de Estado contra su pareja, el delincuente fiscal confeso Alberto González Amador.
En su discurso, el magistrado más tuitero cargó contra las principales reformas judiciales puestas en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez para acabar pidiendo a "la sociedad" que "genere un cambio" para acabar con su "agresión al Estado de derecho". "Los ciudadanos tienen que defender que el poder no puede ser ilimitado en una democracia", dijo. "El Gobierno puede ejercer sus funciones, pero nunca por encima de la Constitución y la ley", añadió.
Previamente, recurrió a la ironía –causando risas en el auditorio– al dar las gracias al expresidente catalán Carles Puigdemont "por los riesgos que nos ha evitado" al dejar de apoyar al Ejecutivo de Sánchez. Esos peligros, según Luis Sanz, eran "que se confiera la instrucción de los delitos a los fiscales", "la desarticulación de la acción popular" y la reforma de sistema de acceso a la carrera judicial que, en su opinión, solo busca "el control de la preparación de los jueces en un centro público y meter por la puerta de atrás a mil jueces sustitutos". Esas reformas, que actualmente se encuentran en tramitación, "gracias a Puigdemont han quedado en nada", dijo Sanz.
El que es uno de los jueces en activo más presente en redes sociales también denunció –sin nombrar al Gobierno, pero en clara referencia a él– "las campañas de difamación genéricas" organizadas contra los jueces que, según dijo, son "desconocidas en cualquier país de Europa". Se trata, según Sanz de "ataques a jueces concretos y determinados; los que instruyen procesos que afectan al Gobierno". Esos ataques y campañas tienen como finalidad no solo "deslegitimar a los jueces que llevan casos de corrupción", sino "destruir el Poder Judicial propio del Estado de derecho", algo que ya ha ocurrido "en Venezuela y México".
Foro España Cívica es una de las asociaciones conservadoras y antinacionalistas más opuestas y activas contra el Ejecutivo de Sanchez, junto a otras como el Foro Libertad y Alternativa de Alejo Vidal-Quadras o Neos, la fundación ultracatólica del exministro del Interior del PP Jaime Mayor Oreja. No es la primera vez que Sanz, magistrado en pleno ejercicio de sus funciones, participa en uno de estos actos. El pasado septiembre cerró temporalmente su perfil de X tras las críticas recibidas por participar en otro debate similar en la fundación Atenea, el think tank creado por exdirigente y exdiputado de Vox Iván Espinosa de los Monteros.
Imparcialidad, reproches y "cancelación"
Jueces y magistrados, como cualquier otro ciudadano, son libres de ejercer su derecho fundamental a la libertad de expresión, pero los miembros en activo del Poder Judicial deben extremar las precauciones para no poner en peligro su apariencia de imparcialidad. Esa percepción social de falta de imparcialidad por su participación en el acto organizado por el exdiputado del partido ultra y sus manifestaciones en él –algo que fue entendido como una alineamiento con sus postulados– fue lo que generó la ola de reproches contra Sanz. Él lo describió, sin embargo, como "una campaña de cancelación" orquestada por "totalitarios que no admiten una opinión en contra".
El código ético de los jueces españoles, aprobado por el CGPJ y basado en los Principios de Bangalore de Naciones Unidas y en las recomendaciones del Comité de Ministros del Consejo de Europa, entre otros textos, establece en su párrafo 19: "En su vida social y en su relación con los medios de comunicación el juez y la jueza pueden aportar sus reflexiones y opiniones, pero a la vez deben ser prudentes para que su apariencia de imparcialidad no quede afectada con sus declaraciones públicas, y deberán mostrar, en todo caso, reserva respecto de los datos que puedan perjudicar a las partes o al desarrollo del proceso".
El artículo 395 de la Ley Orgánica del Poder Judicial prohibe expresamente a los jueces "dirigir a los poderes, autoridades y funcionarios públicos o Corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos". También concurrir, "en su calidad de miembros del Poder Judicial, a cualesquiera actos o reuniones públicos que no tengan carácter judicial, excepto aquellas que tengan por objeto cumplimentar al Rey o para las que hubieran sido convocados o autorizados a asistir por el Consejo General del Poder Judicial".
En el debate también participó el exfiscal del Tribunal Supremo y expresidente de APIF Salvador Viada, ya jubilado, que se quejó de que la pena impuesta a Álvaro García Ortiz por el Alto Tribunal fue "muy suave" porque a su entender merecía "una pena de prisión". El exmiembro del Ministerio Público cargó contra la nueva fiscala general, Teresa Peramato, por no expulsar a su antecesor de la carrera. Pero también por expresar su admiración por él tanto en su comparecencia en el Congreso como en su discurso de toma de posesión. "¿Qué admiración se puede tener por un tipo así?", llegó a decir.
Luis Sanz no es el único magistrado que acude a actos organizados por grupos con una marcada línea ideológica con el consiguiente riesgo de que los ciudadanos pongan en duda su imparcialidad. El magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, Antonio García, participó el año pasado en un acto de la fundación ultracatólica Neos (la de Mayor Oreja) al igual que el expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y candidato a la Sala de lo Militar del Alto Tribunal José Luis Concepción. La jueza decana de Madrid y presidenta de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús del Barco, intervino en un acto organizado por el PP en el que llegó a pedir que la Comisión Europea –que no aprecia ningún peligro para la democracia en España– interviniera "en defensa de nuestro Estado de derecho".
