La carga de trabajo de los jueces y la ineficacia disciplinaria marcarán el inicio del curso del CGPJ

La "sobrecarga de trabajo". Es uno de los latiguillos que, unido al déficit de jueces respecto al resto de países de la UE, esgrime la mayoría de la judicatura, parte de las asociaciones en las que se integran y la derecha judicial representada en el CGPJ, a la que se une, la presidenta del Consejo, Isabel Perelló, y el progresista díscolo propuesto por Sumar, Carlos Hugo Preciado. Sin embargo, el sistema de conteo vigente, basado en la declaración de los propios jueces, no casa con las estadísticas que evalúan el atasco judicial. Hacer un diagnóstico basado en datos objetivos del funcionamiento de los tribunales para establecer la carga de trabajo mínima de sus integrantes es uno de los objetivos para el próximo curso en el Poder Judicial. También la creciente ineficacia de su potestad disciplinaria que, periódicamente provoca asombro entre los ciudadanos y acusaciones de corporativismo e impunidad ante los excesos.

El melón de la carga (real) de trabajo, abierto ya antes del verano por acuerdo de todas las sensibilidades del Consejo, encalló, sin embargo, justo antes de las vacaciones. Los 10 vocales a propuesta del PP, la presidenta, y el progresista disidente Preciado se unieron para, en contra de lo acordado previamente con los progresistas, y saltándose un informe encargado a los servicios técnicos del Consejo que abordaba científicamente la carga real de los distintos órganos con criterios objetivos, aprobaron el pasado 23 de julio unas cargas máximas de trabajo al objeto de delimitar a partir de cuántos asuntos, el exceso de papel podría poner en peligro la salud laboral de los jueces.

Nueve de los integrantes del sector progresista (todos salvo Preciado) redactaron un voto particular discrepante en el que protestaban porque los umbrales aprobados no se basaban en los datos empíricos, sino en meras percepciones. El plan pactado era someter el criterio objetivo de los técnicos a la carrera judicial para que se pronunciase, pero al final, lo que se someterá es el umbral máximo aprobado por los conservadores, Perelló y Preciado, sin el rigor científico del informe que obviaron. El objetivo inicialmente pactado por conservadores y progresistas era regular la carga mínima de trabajo que cada miembro de la judicatura deba cumplir y medirla con instrumentos objetivos.

El único dato del que el Consejo dispone para requerir un rendimiento mínimo a los miembros de la judicatura es el disciplinario. Desde 2010 existe un indicador cuyo cumplimiento por los jueces y magistrados corresponde, en teoría, a 1.650 horas de trabajo anuales, lo que equivale a una jornada semanal de 37,5 horas. Dependiendo de la carga de trabajo de cada destino, esa es la cifra que sirve de guía para abrir expedientes disciplinarios y aplicar la correspondiente sanción en caso de bajo rendimiento del titular de cada plaza. También es la medida para, por ejemplo, nombrar jueces de refuerzo o autorizar a los titulares otras actividades (como la docencia, los seminarios, la preparación de opositores...).

Uno de los retos que se plantea el Consejo es medir con exactitud el número de asuntos, para establecer unos mínimos no solo a efectos de salud laboral, sino de calidad del servicio público. Porque las estadísticas que maneja el órgano de gobierno de los jueces, que se basan en lo que declara cada juez o magistrado, no cuadran. Según esas cifras, el 75% de los 5.200 jueces que hay en España eleva el rendimiento de todo el cuerpo al 166%. Si este ultimo dato fuera cierto, según las fuentes consultadas, el número de causas pendientes tendría que descender necesariamente y no lo hace, al contrario: 2024 terminó con 4,5 millones de asuntos por concluir mientras que 2025 lo hizo con 4,6 millones.

Que cada juez se encargue de trasladar lo que trabaja, da, según fuentes del Consejo, resultados sorprendentes: "Nos hemos encontrado en algún caso con jueces que aseguran trabajar 36 horas... ¡al día!", aseguran desde el sector progresista. El sistema tampoco tiene en cuenta las duplicidades en el registro de asuntos en cada tribunal (en ocasiones se aplican cuatro o cinco números al mismo procedimiento) o los casos que acaban prematuramente en desistimiento, archivos automáticos o conformidades u otros acuerdos previos al proceso. De los 7,2 millones de asuntos resueltos en 2024 por los tribunales españoles, solo 1,8 millones terminaron en sentencia.

Otro de los asuntos que preocupa –sobre todo entre los conservadores– es la imagen pública negativa que el órgano de gobierno de los jueces da a la hora de aplicar su facultad disciplinaria. Casos como los excesos del juez Peinado con Begoña Gómez o el ministro Félix Bolaños provocaron la reacción, incluso, de la presidenta –normalmente alineada con los conservadores pese a su etiqueta de progresista– pero terminaron en propuesta de archivo del Promotor de la acción disciplinaria que, o consideró que, o bien no constituían falta o se trataba de actos jurisdiccionales que debían subsanarse a través de recursos en el propio proceso.

"Se trata de un asunto mediático, pero nos encontramos con el mismo problema en otras actuaciones polémicas de jueces", explican desde el sector progresista del Consejo, en el que se percibe que esta actitud crea espacios de impunidad. "En los últimos meses nos hemos encontrado, por ejemplo, con jueces que se negaron a tomar la preceptiva declaración a detenidos que presentaron habeas corpus", el proceso para pedir al juez que intervenga de manera inmediata ante un arresto ilegal. "Las quejas se se presentaron fueron archivadas al considerarse una actuación jurisdiccional", prosigue.

Asuntos como el caso del juez de lo Mercantil Manuel Ruiz de Lara, que llamó "barbigoña" en X a la esposa del presidente del Gobierno y a este lo tildó de "psicópata sin límites éticos", o el del magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco por denigrar a la ministra de Igualdad tratándola de "cajera de supermercado", fueron archivados el curso pasado. En el Consejo preocupa la imagen de politización, falta de imparcialidad y corporativismo que casos como esos pueden generar en la ciudadanía. Dos encuestas publicadas en julio por El País y La Vanguardia reflejaron una sospecha generalizada entre la izquierda (aunque no solo) de falta de independencia entre los jueces españoles. Dos de cada tres ciudadanos creen que existe lawfare en España y uno de cada tres aprecia que la justicia favorece a la derecha, según esos sondeos.