La situación en Cataluña

Casado pide a Sánchez que dé el paso previo a la activación del 155

Pablo Casado junto a Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa.

El líder del PP, Pablo Casado, compareció este miércoles en rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa tras mantener una reunión con el presidente del Gobierno en funciones. Pedro Sánchez le convocó a primera hora de la mañana para transmitirle para "la determinación del Gobierno de garantizar la seguridad, con firmeza, proporcionalidad y unidad" en Cataluña, según palabras del propio líder del Ejecutivo. A las 17.00 está previsto otro encuentro con Pablo Iglesias (Unidas Podemos) y cerrará la ronda, a las 19.00, Albert Rivera (Ciudadanos). Como contexto de este encuentro están los enfrentamientos que grupos de radicales protagonizaron en la noche del martes en Cataluña, horas después de que se hiciera pública la sentencia del procés.

El jefe de los conservadores, que, hasta la fecha no veía base para aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña, en esta ocasión sí lo puso sobre la mesa. Según informó, en su cita con el presidente le había solicitado que el Consejo de Ministros envíe un "requerimiento" al presidente de la Generalitat, Quim Torra, para recordarle sus "obligaciones constitucionales y legales". Este requerimiento es el paso previo para la intervención de la autonomía. 

"Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general", puede leerse en el citado artículo de la Constitución.

Casado explicó que este paso serviría para estar "preparados" para activar el 155 si Torra se niega acatar el requerimiento que pueda hacerle el Gobierno y el que ya le ha enviado el Tribunal Constitucional para que respete la ley. Y recordó quetal y como ha establecido el Tribunal Constitucional, el 155 ha de tener un "plazo de aplicación" y unos ámbitos de actuación. 

A ojos del líder del PP, Torra estaría incumpliendo sus obligaciones en lo que tiene que ver con las competencias de Interior e instituciones penitenciarias, ámbitos en los que, en primer lugar, debería asumir sus funciones el Gobierno.

La previsión es que Albert Rivera en su reunión con Sánchez también exija la aplicación del 155.

El Gobierno cree que no es el momento

Hasta la fecha, todos los miembros del Ejecutivo han asegurado que no hay mimbres para la suspensión de la autonomía catalana.

También reclamó Casado que la Fiscalía General del Estado actúe "de inmediato" contra Torra, el presidente del Parlament, Roger Torrent, y otros cargos del Ejecutivo catalán por "incitar los desórdenes públicos y la desobediencia" y "participar en este mismo momento en el sabotaje" de infraestructuras del Estado, como el corte de carreteras por las denominadas 'marchas por la libertad'.

Pero Casado llegaba a la reunión con otra exigencia bajo el brazo: la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional en Cataluña. Una exigencia que lleva meses en la agenda del Partido Popular y que ahora, tras la sentencia y la situación en las calles de Cataluña, vuelven a recuperar con más fuerza. Ya en la noche del martes, antes de que la Moncloa emitiera un comunicado, el jefe de los conservadores, a través de cuenta en la red social Twitter, pidió su activación. "Para que ningún Cuerpo policial esté sujeto a directrices de los independentistas y se proteja su integridad".

"Cooperación reforzada"

Pese a que los conservadores han hecho bandera de al aplicación de esta ley para "tomar el control" de los Mossos, la policía autonómica, el Constitucional estableció en 2016 que sólo es posible poner en marcha un mecanismo de "cooperación reforzada" pero no privar a la Generalitat de sus competencias sobre la policía autonómica.

Asimismo, Casado reclamó al líder de los socialistas que su formación rompa todos los acuerdos que mantiene con los independentistas en 40 ayuntamientos catalanes y en la Diputación de Barcelona.

"Salgo con preocupación de que la imprevisión ha sobrepasado a Pedro Sánchez. Cuenta con todos los mecanismos de los instrumentos del Estado de Derecho para hacer frente a la escalada de violencia inadmisible", sostuvo el jefe de los conservadores. "El Gobierno puede estar en funciones, pero no sin responsabilidad porque el Estado nunca está en funciones", añadió.

Al término de la reunión, de una hora de duración, el Gobierno informó de que el líder del PP le había transmitido "su apoyo". Y que Sánchez, por su parte, le había trasladado "un mensaje claro". A saber: que "no descarta ningún escenario", que "todo está previsto" y que actuará "si es preciso, desde la firmeza, la proporcionalidad y la unidad".

Las nueve medidas del PP

El lunes, tras conocerse la sentencia, Casado convocó a los medios en el Congreso de los Diputados. En una declaración sin preguntas de los informadores fue muy insistente en que debe cumplirse la sentencia y que "cualquier llamamiento a la desobediencia, a la insurrección o a la reincidencia" debía ser respondido "de forma contundente por el Gobierno de la Nación en funciones". Pero también quiso anunciar "como principal partido de la oposición y como principal alternativa" a Pedro Sánchez nueve iniciativas legislativas. Para impedir, si el PP llega al Gobierno, "que esta situación tan grave vuelva a repetirse e incluso que no tenga que llegar a los tribunales".

Las medidas van desde la reforma de la ley del indulto para prohibirlos en casos de sedición o rebelión a la modificación del Código Penal para "introducir el cumplimiento íntegro de las penas para condenados por los citados delitos. También abogan en el PP por "recuperar" las competencias "en materia de administración penitenciaria". Con esto, los conservadores pretenden "garantizar el cumplimiento de las condenas y que no haya tratos diferenciados ni discrecionalidad para la aplicación del tercer grado".

La iniciativa inviable de Casado

No obstante, esta iniciativa implicaría una reforma de la Constitución o del Estatuto de Cataluña. Esto último, a su vez, requiere la aprobación de dos terceras partes del Parlament catalán, lo que hace en este momento inviable dicha iniciativa. En otras palabras: no está en manos de ningún Gobierno central, que no tiene capacidad legal para recuperar competencias incorporadas a un Estatuto autonómico.

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