Un caso nuevo cada dos días y 1.500 pueblos marcados: radiografía de dos décadas de corrupción en España

Ni son cuatro casos aislados ni afecta siempre a los mismos. La mácula de la corrupción, sobre la que se han vertido océanos de tinta y horas de televisión y radio, es realmente alargada. Mucho más, incluso, de lo que se había estimado hasta el momento. Un reciente estudio publicado por el Instituto de Economía Aplicada Regional y Pública de la Universitat de Barcelona (UB) acaba de contabilizar solo en las dos últimas décadas casi cuatro millares de casos repartidos por toda la geografía española. Son, aproximadamente, uno cada dos días. Y de origen, fundamentalmente, municipal. De hecho, cerca de un 20% de las localidades españolas se han visto manchadas por esta lacra. En la cúspide, la Marbella del caso Malaya, que provocó la apertura de decenas de investigaciones.

La corrupción tiene un coste económico brutal. En el Viejo Continente, entre 179.000 y 990.000 millones de euros anuales, según indicaba hace unos años el Parlamento Europeo en uno de sus informes. Unas cifras que en nuestro país podrían alcanzar, en el peor de los casos, los 90.000 millones de euros. España es uno de los Estados de la Unión Europea donde los ciudadanos creen que la corrupción está más extendida, junto con Italia, Hungría, Grecia o Portugal. Según el último Eurobarómetro hecho sobre la materia, más de ocho de cada diez está convencido de que estas prácticas existen tanto en las instituciones públicas naciones como regionales o locales. Y casi nueve de cada diez consideran que es "habitual". En Europa, la media de esto último se sitúa en el 68%.

A pesar de los enormes riesgos asociados a esta lacra, que erosiona profundamente la propia confianza en las instituciones, no existe en nuestro país base de datos amplia sobre esta cuestión. Una falta de información a la que pretende poner fin una investigación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). José Abreu, doctorando en el centro, ha recopilado durante meses todos los casos de los que se ha tenido conocimiento a lo largo de las dos últimas décadas, algunos de los cuales están aún bajo investigación. Lo ha hecho de forma manual, utilizando como cimientos de su trabajo dos grandes hemerotecas digitales, con las limitaciones que esto lleva aparejado –por ejemplo, la escasa cobertura mediática que existe en pequeñas localidades–.

"Es un tema que siempre me ha atraído, especialmente en lo que se refiere al efecto de este fenómeno en las dinámicas electorales y su difusión mediática", cuenta Abreu a preguntas de este diario. Ahora, una vez superado el "reto" de construir un listado exhaustivo de casos, el investigador se encuentra en "proceso de explotación" de esa base de datos levantada a pico y pala. Los primeros análisis, señala el doctorando de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, "caminan hacia lo esperado": "Hay más efectos negativos de los que realmente conocemos". Un avance de resultados que acaba de ver la luz en forma de artículo publicado en por el Instituto de Economía Aplicada Regional y Pública de la universidad catalana: "La corrupción política en España: un análisis descriptivo (2000-2020)".

Si algo pone de manifiesto ese estudio es que el volumen de corrupción era mayor del que se pensaba. "En comparación con otros trabajos e independientemente del criterio y el periodo temporal utilizado, el número de casos de corrupción política aquí recogidos es sustancialmente mayor, lo que señala la infravaloración del tamaño de la corrupción política que ha habido en España durante el siglo XXI", señala el autor. En concreto, en las dos décadas analizadas se han localizado 3.743 casos en todos los niveles de gobierno –local, provincial, autonómica o nacional–. Es decir, de media, uno nuevo cada dos días. Una cifra que más que quintuplica la que han arrojado en los últimos años otros estudios que se han hecho con una dimensión similar sobre la materia.

Siete años de crisis que aglutinan la mitad de casos

Durante el primer lustro de siglo XXI, el número de casos de corrupción política revelados se fue incrementando, aunque lentamente, ejercicio tras ejercicio. Hasta que se disparó en 2006 y 2007, con más de dos centenares anuales. Aquel fue el bienio de las grandes intervenciones contra la corrupción urbanística en plena burbuja inmobiliaria. En ese periodo se producen las tres operaciones Malaya, con epicentro en Marbella, que acabaron con casi medio centenar de condenados, entre ellos el empresario Juan Antonio Roca y la exalcaldesa marbellí Marisol Yagüe. O se llevan a cabo las detenciones del llamado caso Faycán, que giraba alrededor de la exigencia de comisiones para la adjudicación de contratos de obras o servicios por parte del Ayuntamiento de Telde.

Pero el verdadero agujero negro se encuentra en plena crisis económica. Solo el septenio comprendido entre 2009 y 2015 aglutina la mitad de los casos revelados. "Ello no implica necesariamente que exista más corrupción en esas etapas, sino que se han articulado más mecanismos para combatirla", sostiene el autor. Es la época en la que estalla el caso ERE, Palma Arena, Palau, Pokemon o Gürtel, que ha derivado en varias condenas al PP por beneficiarse de la trama corrupta. Y, por supuesto, Púnica, donde las diferentes líneas de investigación han provocado ya el procesamiento de más de una treintena de ex altos cargos de la formación conservadora. Este último estalló en 2014, año que ostenta el récord de casos de corrupción política revelados: 324, casi uno diario.

Del análisis realizado, una de las cosas que más ha impactado al investigador es el "poco sobredimensionamiento mediático de causas existentes" en regiones que no sean Andalucía, Comunitat Valenciana, Madrid o Cataluña. A pesar de que fuera de estos territorios hay otros focos importantes. Galicia, por ejemplo, acumula casi el 9%, más que los detectados en suelo madrileño o catalán pero ligeramente por debajo que las cifras andaluza y valenciana. Y eso sin tener en cuenta el volumen de población, porque si se atiende a esta variante para no penalizar a las regiones más pobladas el resultado es que Melilla, Islas Baleares y Cantabria son los territorios más castigados: 24, 18 y 14,4 casos por cada 100.000 habitantes. "La corrupción se extiende a todo el territorio, en mayor o menor medida", resume Abreu.

Una lacra a nivel municipal

Otro "hecho" que arroja el estudio es que la corrupción se da, fundamentalmente, en el ámbito municipal. En concreto, el 85,2% de las causas recopiladas involucran a alcaldes o concejales y los hechos están circunscritos a la realidad local. Y salpican a 1.498 municipios que aglutinan al 70% de la población. Prácticamente la mitad de ellos –el 47,6%– son pueblos pequeños que apenas llegan a los 5.000 habitantes. Una corrupción, que recuerda Abreu, puede ser contagiosa. "Algunos autores han resaltado que la probabilidad de que haya una causa en un municipio aumenta si una localidad vecina ha experimentado un caso de corrupción", explica. En concreto, una investigación reciente de la ULPGC y la Autónoma de Barcelona revelaba que se incrementa en un 3,1%.

Si hay un punto negro a nivel municipal en la base de datos, ese es Marbella. "Es la entidad local con mayor número de procedimientos en la base de datos", explica el autor. En concreto, se han conseguido recopilar alrededor de seis decenas, si bien el investigador reconoce que no ha sido capaz de identificar al completo la montaña de causas que se derivaron de la operación Malaya, por lo que la cifra total podría ser todavía más abultada. Este consistorio pasó a la historia como el primero disuelto en democracia por orden del Gobierno ante las "gravísimas imputaciones judiciales" que pesaban sobre buena parte de sus miembros a comienzos de 2006. Viejos fantasmas que ahora vuelven a sobrevolar la ciudad tras el procesamiento del marido e hijastro de la actual alcaldesa, Ángeles Muñoz, por blanqueo y organización criminal.

La corrupción urbanística

La disolución, hace ya casi diecisiete años, de aquel consistorio corrupto se justificó por la "contravención sistemática de la legalidad" en el "otorgamiento de licencias en materia de urbanismo" y la desatención de todas las solicitudes y requerimientos, tanto de la Junta de Andalucía como judiciales, para la "paralización de obras" o la apertura de expedientes sancionadores. Este no es un hecho aislado. Es más, casi un tercio de las causas recopiladas en la investigación están relacionadas, justamente, con la corrupción urbanística: 1.208, el 32,3%. "España experimentó un ciclo económico expansivo apoyado en el boom inmobiliario desde mediados de los años 90 hasta la crisis económica de 2007, una etapa que propició la concesión irregular de licencias y operaciones de especulación urbanística", resalta el estudio.

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La malversación es el segundo delito más frecuente asociado a la corrupción, estando presente en un 20,7% de los casos recopilados en la investigación. Un tipo delictivo que a lo largo del último mes ha estado bajo el foco político por los cambios introducidos a través de la reforma del Código Penal, modificaciones que castigan de forma diferente la apropiación de patrimonio público "con ánimo de lucro" y la desviación de dinero de las arcas para fines distintos a los que estuviera destinado. Malversación a la que sigue, en tercer lugar, el llamado bid rigging, entendiendo como tal la manipulación de licitaciones públicas, ya sea mediante amaño directo o fraccionamiento de contratos, presente en el 15,9% de los casos analizados.

Y al igual que la corrupción no es un problema exclusivo de ciertos territorios, tampoco lo es solo de determinados partidos. Es cierto que PP y PSOE están presentes en un mayor número de procedimientos –40,5% y 38,3%, respectivamente–, pero también lo es que ambas formaciones acaparan la mayor parte de alcaldías, diputaciones o gobiernos regionales. Les siguen, según el estudio, IU, CiU, Coalición Canaria (CC) y Partido Andalucista (PA), con más de un centenar de causas recopiladas. "No obstante, eso no quiere decir que todas ellas hayan terminado en castigo. En el momento en el que se realizó la investigación, menos de un 30% de los casos atribuidos en la base de datos a cada uno de todos estos partidos políticos había acabado en condena.

"No obstante, que partidos de reciente creación tengan casos de corrupción, a pesar de su paradójica presencia, nos señala precisamente esa 'desgraciada universalidad' de la corrupción en este país", sentencia Abreu. A pesar de ello, lo cierto es que ninguno de estos procedimientos que afectan a formaciones relativamente nuevas ha terminado de momento en condena. De hecho, Unidas Podemos es, por ejemplo, el segundo partido, tras Més per Mallorca, con mayor proporción de procedimientos que acaban en archivo. Un análisis a nivel político que, además, desvela el carácter individualista de la corrupción: en nueve de cada diez procedimientos de este tipo está involucrado un único partido.