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La XII Legislatura

Las causas de la soledad de Rajoy: corrupción, recortes y cuatro años de rodillo en el Congreso

El presidente Mariano Rajoy, en su escaño en el Congreso.

Este domingo se cumplirán dos semanas desde la celebración de las elecciones generales del pasado 26J. Y el panorama está poco despejado. A la espera de que Pedro Sánchez se reuniese este sábado con los barones del PSOE en Ferraz –donde se confirmó el "no" de los socialistas a Mariano Rajoy– el presidente del Gobierno en funciones ha mantenido tres reuniones con representantes de Coalición Canaria (CC), Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC). El martes será el turno de Albert Rivera (Ciudadanos) y Pablo Iglesias (Unidos Podemos). 

La simple imagen de Rajoy manteniendo la primera toma de contacto con sus rivales políticos ya es atípica. Más lo es la actitud del jefe de los conservadores, dispuesto ahora a llegar a acuerdos con otras formaciones a cambio de que pueda ser investido presidente del Gobierno. Son imágenes casi inéditas tras una legislatura en la que el Partido Popular se ha prestado poco al consenso con el resto de fuerzas. Aunque objetivamente no le ha hecho falta. Sus 185 escaños, una mayoría más que absoluta, le permitió legislar sin necesidad de buscar apoyos más allá de sus propios diputados.

Así, como norma general, el partido presidido por Mariano Rajoy ha puesto por delante su fuerza en el Parlamento a que las iniciativas que pretendía sacar adelante gozasen del mayor respaldo posible. Ahora, el 26J ha mantenido al PP como la formación más votada. Pero también le ha puesto en un escenario en el que las cuentas no le salen, hasta el punto de haber enterrado ya la idea de la gran coalición y ver como "mal menor" un gobierno en minoría con acuerdos en temas fundamentales como el techo de gasto y los Presupuestos Generales del Estado.

El 26J ha puesto a Mariano Rajoy ante su propio espejo. Y, de paso, ha permitido a los representantes de las otras fuerzas políticas recordarle que esa disposición al diálogo de la que hablan ahora ha faltado en los últimos cuatro años.

El más claro fue Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados. Este miércoles, tras reunirse con Rajoy en la Moncloa, declaró que su partido se sentía "muy alejado de las posturas" del PP por diversas razones. "En primer lugar, porque los cuatro años de legislatura de mayoría absoluta hemos sufrido el rodillo del Gobierno", subrayó.

No era la primera vez que Rajoy y los suyos escuchaban esto del "rodillo". Ha sido una crítica recurrente del resto del arco parlamentario desde que el PP accedió al Gobierno en noviembre de 2011 tras ganar las generales por mayoría absoluta. Pero no es la única.

A continuación, infoLibre hace un repaso de los motivos por los que a Rajoy se le va a hacer muy cuesta arriba ir acumulando apoyos de cara a una investidura que en el PP prevén para finales de julio o principios de agosto.

Agarrados al decreto-ley

El artículo 86 de la Constitución Española sostiene lo siguiente: "En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las comunidades autónomas ni al derecho electoral general". 

Si nos atenemos a esta definición, el recurso al decreto ley debería ser una cuestión excepcional en un régimen parlamentario en el que la función legislativa está encomendada a las Cámaras, representantes de la soberanía popular. En la X Legislatura, sin embargo, ha sido menos excepcional que en las legislaturas precedentes, salvo en la VI, la comprendida entre 1996 y 2000. Al frente del Gobierno estaba entonces el conservador José María Aznar y su Ejecutivo recurrió en 85 ocasiones al decreto ley.

En la X (2011-2015), el Ejecutivo presidido por Rajoy, el hombre al que Aznar señaló como su sucesor en el PP, aprobó 76 de estas iniciativas

Para buscar una cifra similar hay que ir la legislatura 1979-1982, la primera tras la aprobación de la Constitución (73 decretos ley). En la II (1982-1986) fueron 40; 20 en la III (1986-1989) y 30 en la IV (1989-1993), todas ellas con mayoría absoluta de Felipe González. En la V el Gobierno aprobó 40 decretos-ley (1993-1996); los ya citados 85 en la VI (1996-2000); 42 en la VII (2000-2004); 52 en la VIII (2004-2008) y 56 en la IX (2008-2011).

En resumen: las dos legislaturas con mayoría absoluta del PP son justo las dos en que se han aprobado mayor número de decretos-ley por parte del Gobierno.

Siempre que se les ha echado en cara esta cuestión, desde el Gobierno del PP y desde el Grupo Parlamentario Popular se ha justificado apuntando a la "urgencia" de algunas de las decisiones que han tenido que tomarse por la situación económica que había en España cuando Rajoy ganó las generales.

Si se suman los 76 reales decreto de esta legislatura a los 163 proyectos de ley presentados por el Gobierno en la Cámara baja, resultan un total de 239 iniciativas. Traducido a porcentaje, los reales decretos representan el 32% de la actividad legislativa del Ejecutivo de Rajoy, casi un tercio.

Leyes autonómicas, al TC

Esteban, del PNV, también dio otra pista de por qué a Rajoy le está costando sumar apoyos. Se quejó de los recursos interpuestos por el Gobierno a las leyes autonómicas vascas. Pero no ha sido algo exclusivo hacia Euskadi. En esto, la comunidad que se lleva el premio es Cataluña. No pasa inadvertido que los últimos años de Gobierno del PP la crisis territorial con Cataluña se ha agudizado. Y, lejos de atisbarse una solución en el horizonte, el Govern se declaro decidido a dar los pasos hacia la república catalana independiente.

Tal y como ha informado infoLibre, el Gobierno del PP ha presentado un total de 66 recursos de inconstitucionalidad contra leyes de ámbito autonómico desde que llegó al poder en diciembre de 2011. Un 38% de esas impugnaciones ante el Tribunal Constitucional son contra normas aprobadas en Cataluña. Navarra es la segunda comunidad que acumula más normas recurridas. Si se suman ambas, el resultado es que el Ejecutivo de Rajoy ha llevado al Constitucional 39 de sus leyes, el 60% de las 66 impugnadas en este periodo.

En funciones desde el 21 de diciembre de 2015, un día después de las generales, el ritmo no se frenó y se han admitido a trámite en el TC más de una decena de recursos promovidos por el Ejecutivo central. 

Los recursos de inconstitucionalidad promovidos por el Gobierno central se tienen que admitir a trámite. Esto conlleva la suspensión cautelar de la norma si el Ejecutivo lo solicita. Esta situación se prorroga cinco meses, al cabo de los cuales, si todavía no hay fallo, el tribunal debe decidir si levanta o ratifica la suspensión.

Este mismo jueves, el Pleno del Tribunal Constitucional estimó, por unanimidad, parcialmente el recurso de inconstitucionalidad formulado por el Gobierno contra varios preceptos y disposiciones de la Ley de Cataluña 3/2015, que desarrolla estructuras de Estado para esta comunidad.

El año en que el Gobierno de Rajoy presentó más recursos de inconstitucionalidad fue 2015, cuando se impugnaron 17 leyes autonómicas. Justo por detrás, con 16 recursos, aparece 2014. En 2013 se recurrieron 14 leyes autonómicas y, además, un decreto foral normativo aprobado por la Diputación de Bizkaia. En 2012, primer año de mandato del PP, se presentaron finalmente nueve recursos.

Cataluña y Navarra, con 25 y 14 normas recurridas –el 38% y el 21% del total, respetivamente–, destacan ampliamente sobre las demás comunidades. No hay ninguna otra administración autonómica a la que se le hayan impugnado más de cinco normas –ese es el caso de Andalucía–. Por detrás aparecen Euskadi –cuatro–, Canarias y Comunitat Valenciana –tres–, Aragón, Asturias, Galicia y Madrid –dos–, y Cantabria, Castilla-La Mancha, Murcia y La Rioja –una–. Finalmente, el Gobierno no ha impugnado ninguna ley de Baleares, Extremadura ni Castilla y León.

Desde el PP defienden que estas iniciativas son para evitar invasiones de competencias y que su actitud ha sido siempre responsable.

¿Cómplices de sus políticas?

A Rajoy le bastaría con el apoyo o la abstención del PSOE para seguir en la Moncloa. Pero los socialistas, al menos a día de hoy, siguen instalados en el "no es no". Creen que entrar en un Gobierno de Rajoy tirarían por tierra su labor de oposición, su programa electoral y todo lo que han defendido desde el 20D.

Y no le ocurre sólo al PSOE, el arco parlamentario, casi en su totalidad, ha criticado con dureza la ley de seguridad ciudadana, más conocida comúnmente como ley mordaza, la LOMCE, la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, unos presupuestos que, año a año, mantenían del hachazo a las políticas sociales por mucho que el PP se defina ahora como garante del estado de bienestar. O la reforma laboral

El PP señala que no hay líneas rojas y que se puede hablar de todo menos cuestionar el liderazgo de Mariano Rajoy. Mantienen que la base para empezar a hablar podrían ser los cinco pactos que ya ofreció tras el 20D: por el crecimiento y el empleo, reforma fiscal, social, por la educación y por el fortalecimiento institucional. En el texto de ninguno de ellos se habla abiertamente de derogar alguna de las leyes citadas, leyes que, por cierto, suponen la columna vertebral de la legislatura. De ahí que o el PP ablanda mucho sus posturas, o las fuerzas que se acerquen al PP tendrán que renunciar a elementos esenciales de sus programas. Y también de ahí que desde el PSOE se siga invitando a Rajoy a que busque acuerdos con las fuerzas que le son más próximas ideológicamente.

Más allá del contenido de las leyes y de la contestación social que encontraron está el hecho de que, pese a ello, salieron adelante gracias a la más que absoluta mayoría del PP en el Congreso.

En el supuesto de que Rajoy logre ser investido presidente del Gobierno, además correr el riesgo de que muchas de sus iniciativas de la X Legislatura sean modificadas o echadas atrás, también va a comprobar la dificultad de sacar adelante cuestiones de marcada ideología conservadora. Los números no le van a dar siempre y un Parlamento más plural se lo va a poner difícil.

Los escándalos de corrupción:

Por mucho que los conservadores se empeñen en venderse como el partido que más esfuerzos ha hecho a la hora de legislar contra la corrupción política, su discurso se cae a pedazos si se repasan los escándalos que afectan o han afectado al partido y la respuesta a ellos. Está todavía por ver cuál es la respuesta definitiva de Albert Rivera a Mariano Rajoy, pero Ciudadanos ha hecho de la no idoneidad del líder del PP para ser presidente del Gobierno una de sus banderas. Su argumento es que, permitiéndolo, se lanza un mensaje contrario a la regeneración.

Cuando Rajoy llegó a la Moncloa, su partido ya llevaba años lidiando con el caso Gürtel. Un escándalo que a día de hoy sigue coleando. Rajoy ya era presidente del Gobierno cuando estallaron los llamados papeles de Bárcenas y cuando, el 14 de julio de 2013, el diario El Mundo publicó en portada unos SMS en los que se ponía de manifiesto que el presidente del Gobierno, contrariamente a lo que había sostenido, había mantenido contacto con el extesorero de su partido cuando ya se conocía que había amasado una fortuna en Suiza. Arrastrado por la presión del resto de fuerzas políticas, el presidente de los conservadores compareció en el Senado –el Congreso estaba en obras– el 1 de agosto. En esa cita pidió perdón por haberse fiado de alguien que no merecía su confianza. Pero nada más. Esta, no obstante, no fue la tónica general de la legislatura. Rajoy, arropado por una sobradísima mayoría absoluta, esquivó las peticiones de comparecencia. Lo mismo ocurrió con sus ministros.

A la Gürtel y al caso de los papeles de Bárcenas se sumaron nuevos escándalos como la operación Púnica o Taula. A día de hoy, el PP de Madrid está en manos de una gestora, lo mismo que ocurre con el del PP de la ciudad de Valencia y el de la ciudad de Palma. En la X Legislatura el PP de Rajoy ha visto cómo su tesorero ingresaba en prisión. El mismo camino que siguieron referentes del partido como el todopoderoso expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, o uno de los hombres fuertes en los Gobiernos de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, Francisco Granados. Exalcalde de Valdemoro, una localidad del sur de Madrid, logró ser consejero de Presidencia, Justicia e Interior y secretario general del PP de Madrid. Mientras el crecía políticamente también engordaba la Púnica, la red de la que se le considera uno de los presuntos cabecillas.

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Quien no ha caído todavía, y sí lo ha hecho gran parte de su equipo, es la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Resiste a todos los informes de la Taula. Y resiste, entre otros aspectos, gracias a Mariano Rajoy. Los partidos no entienden cómo el jefe de los conservadores decidió, al arranque de la cortísima XI Legislatura, blindarla en el Senado, donde ocupa un escaño por designación autonómica, ubicándola en la Diputación Permanente, el órgano que ejerce las funciones de la Mesa en los periodos no ordinarios de sesiones. En la práctica, es un blindaje, un extra que la mantenía como aforada cuando se disolvieron las Cámaras el 2 de mayo para la convocatoria electoral del 26J.

Para poner el broche a todo este asunto, en la misma semana en la que se celebraban las elecciones, unas grabaciones desveladas por Público ponían de manifiesto que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, habría mantenido reuniones con el ya ex jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña en las que se exploraba la posibilidad de buscar escándalos de corrupción en formaciones independentistas. Pese a la presión, el titular de Interior resistió en su puesto institucional y en la lista por Barcelona.

En las últimas semanas, se ha extendido la idea de que la salida de Fernández Díaz del nuevo Gobierno podría ser una de las condiciones que podrían poner los eventuales socios de Rajoy para la investidura. Lo mismo se sugiere sobre la permanencia de Barberá en el Senado. 

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