Compromís pide al Gobierno que aborde el desmantelamiento y las responsabilidades ante el "fiasco" del Castor

El senador de Compromís por Castellón Jordi Navarrete ha pedido al Gobierno que "defienda el dinero público" y aborde "con responsabilidad" los pagos vinculados a la construcción y mantenimiento del "fiasco" de Castor, así como el futuro de este proyecto energético "fallido".

Este pasado viernes, Santander, CaixaBank y Bankia presentaron un recurso contra el Ejecutivo ante el Tribunal Supremo en el que solicitan la devolución de la cantidad financiada que todavía no se ha recuperado, más los daños causados, por la inversión de 1.350 millones de euros que realizaron cuando se hicieron cargo de la deuda para abonar la indemnización por el cierre del almacenamiento de gas Castor -frente a las costas de Vinaròs (Castellón)- a la sociedad promotora Escal-UGS, participada por ACS y propiedad de Florentino Pérez.

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En un comunicado, el senador ha asegurado que la coalición mantendrá en 2019 su postura de "rechazo total a este proyecto por peligroso, innecesario; por su opaca tramitación e irresponsable desenlace del Gobierno, que pagó por un proyecto inservible, mal ejecutado y en el que falló todo". Ante esta situación, ha reclamado "un cambio autocrítico de postura del Gobierno y que se ponga del lado del contribuyente, que no tiene por qué pagar miles de millones por un fracaso de tal magnitud, y defienda el dinero de todos y la decencia del servicio público".

Navarrete ha recordado que Compromís intentó crear en el Senado una comisión de investigación sobre el proyecto, una iniciativa que "el PP frenó en solitario para evitar identificar a responsables, acceder con transparencia a los informes y auditorías realizadas sobre la planta o conocer su operatividad antes de indemnizar a los promotores". "Pedimos al PSOE, ahora en el Gobierno, que aborde los pagos para que tanto las retribuciones, mantenimiento de Enagás o el pago a Escal UGS se ajuste a lo que les corresponda legalmente, pues no es de recibo que los consumidores sean quien pague por unas instalaciones inservibles y que generan sismicidad, ni que se castigue a quien financió los proyectos o se pague a quienes no lo merecen", ha aseverado el parlamentario.

También ha defendido la necesidad de poner en marcha "nuevas acciones a varias bandas, desde dilucidar responsabilidades, ejercer acciones para recuperar el dinero malgastado, auditar los trabajos, devolver el ingresado ilegítimamente a los consumidores y abordar de una vez el desmantelamiento de la planta". La coalición ha reclamado nuevos documentos al Gobierno sobre el desmantelamiento de Castor en base a "los informes que maneja la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera".