La corrupción que salpica al PSOE, el partido que llegó al poder para limpiar los escándalos de la era Rajoy

Mariano Rajoy cayó tras una condena judicial que certificó que el partido que presidía, el PP, se había lucrado con la principal trama de corrupción que ha afectado a esa formación en este inicio de siglo, la investigada en el caso Gürtel. La sentencia, además, aseguraba que el expresidente del Gobierno había incumplido su obligación legal de decir la verdad sobre el entramado durante su declaración como testigo en el juicio. Pedro Sánchez llegó a La Moncloa para limpiar. Para evitar que se volviera a utilizar a la policía para borrar pruebas de su propia corrupción –como en el caso Kitchen– o para perseguir a sus adversarios políticos, como en el caso Villarejo, la Operación Catalunya o la guerra sucia contra Podemos. Pero siete años después de llegar al poder, la corrupción ha alcanzado el corazón del PSOE con la imputación de sus dos últimos secretarios de Organización, y a su Gobierno, con una trama clásica: mordidas a cambio de obra pública. 

Ese espíritu de regeneración con el que llegó Sánchez ha provocado que ahora el PP se frote las manos pese a la dudosa ejemplaridad de sus múltiples casos de corrupción vivos. En su estrategia de acoso y derribo al Gobierno, el partido de Alberto Núñez Feijóo suma el caso Cerdán a otros de trayectoria mucho más incierta, como los que afectan a la esposa del presidente, Begoña Gómez, y al hermano de aquel. El último gran entramado, el de los ERE, que supuso el final de la hegemonía socialista en la Junta de Andalucía, ha vuelto a resucitar y Europa tendrá la última palabra. Todo ello mientras la Fiscalía indaga los tejemanejes de Leire Díez, un personaje al que se señala por ofrecer ventajas gubernamentales a cambio de información o de gestiones en los tribunales a favor del partido y del Gobierno. Este es el estado en el que se encuentran las causas que afectan al partido que lidera el Gobierno.

'Caso Cerdán': el círculo de confianza de Sánchez, imputado

El informe de la UCO que sitúa al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán como cabecilla del caso Koldo, y su posterior ingreso en prisión provisional, han supuesto probablemente la mayor sacudida que el PSOE y su Gobierno han sufrido desde 2018. Dos personas de la máxima confianza de Sánchez, su ex número dos en el partido y exministro de Transportes José Luis Ábalos y su sustituto en aquel puesto orgánico, Santos Cerdán, han puesto el foco sobre el presidente, la persona que los nombró para esos puestos, y sobre su responsabilidad in eligendo. La causa contra Ábalos, Koldo y Cerdán se sigue en el Supremo, pero el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno mantiene otra paralela contra los imputados no aforados al alto tribunal, entre ellos la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y el ex director general de Carreteras, Javier Herrero. La instrucción cuenta con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción.

El alcance del caso está todavía por delimitar. El instructor del Supremo, Leopoldo Puente, ha reclamado a la Guardia Civil un informe sobre todos los contratos del Ministerio de Transportes que, según el también imputado y principal colaborador de los investigadores, el empresario Víctor de Aldama, se habrían amañado a cambio de comisiones. Los agentes están indagando quién resultó ganador de cada convocatoria así como la regularidad de los procesos de adjudicación. La diligencia, a la que se opusieron tanto Ábalos como su exasesor y conseguidor Koldo García, dará una idea de la dimensión real de la trama y de la trascendencia que pueda tener. Anticorrupción y el instructor sostienen que la cantidad presuntamente defraudada asciende a cinco millones de euros, pero hasta el momento es un misterio su paradero. Los agentes de la UCO rastrean desde inicios de julio 500 cuentas bancarias de 35 entidades para tratar de localizar esos ingresos ilícitos. 

Otro de los próximos escenarios del principal caso de corrupción que afecta a los socialistas será el Tribunal Constitucional, al que Cerdán ha recurrido en amparo por la decisión del instructor de enviarlo a la cárcel. Los magistrados del órgano de garantías tienen previsto tomar una decisión a lo largo del mes de septiembre. 

'Caso Begoña': las acusaciones de ‘lawfare’ rodean al instructor

Un caso surgido de una denuncia del pseudosindicato ultra Manos Limpias basada en recortes de periódicos. Una investigación que no impulsa la Fiscalía –al contrario, considera que se debe archivar– sino grupos de extrema derecha como Vox, los ultracatólicos de Hazte Oír o los conspiracionistas de Iustitia Europa. Ese factor, unido a la errática investigación del instructor, Juan Carlos Peinado, que incluso se ha desplazado a La Moncloa en dos ocasiones para tomar declaración como testigos al mismísimo Pedro Sánchez y al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha suscitado enormes dudas sobre la viabilidad del caso contra la esposa del presidente del Gobierno –imputada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios y ahora malversación– más allá del voluntarismo del instructor. Las extravagancias procesales son tan relevantes que desde el PSOE y el resto de la izquierda no dudan en acusar de lawfare al titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, donde se sigue la causa.

Peinado se ha saltado las órdenes de la Audiencia de Madrid de cerrar líneas de investigación, como la que abrió por el rescate de Air Europa. Su método consiste en llamar primero como testigos a los supuestos implicados (con la obligación, por tanto, de decir la verdad) para luego volver a tomarles declaración ya como imputados (cuando pueden mentir o negarse a responder). La última muestra de esta forma de actuar fue precisamente con el ministro Bolaños. Tras su comparecencia como testigo por la contratación de la asistente de Begoña Gómez, el instructor se inhibió al Supremo por considerar que había cometido falso testimonio y malversación. El alto tribunal, sin embargo, archivó sin más trámite por “la absoluta ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado o dotado de mínima verosimilitud”.

Tras comprobar que esa no era la vía, Peinado ha decidido imputar esa malversación tanto a Gómez como a su asistente Cristina Álvarez, solo semanas después de que rechazara hacerlo y sin ningún nuevo indicio. Ambas tendrán que declarar los próximos 10 y 11 de septiembre. En los últimos días ha trascendido, además, que Peinado está siendo objeto de dos investigaciones disciplinarias. La primera, iniciada por una queja de Bolaños tras su declaración y el archivo de la exposición razonada al Supremo. La segunda no tiene nada que ver con el caso de la esposa de Sánchez sino con un caso de corrupción que afecta al PP. El juez se olvidó de prorrogar su instrucción pese a que PSOE y Podemos lo solicitaron. Su negligencia ha provocado el archivo del caso. Fuentes del CGPJ, sin embargo, explican que, con toda probabilidad no será sancionado. Las causas disciplinarias suelen durar más de un año y Peinado se jubilará en agosto de 2026.

El caso del hermano de Sánchez que irá a juicio

Como el caso Begoña Gómez, nació de una denuncia basada en noticias de periódicos presentada por Manos Limpias, algunas de las cuales se han demostrado falsas. La Fiscalía considera que la investigación contra David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, por la supuesta creación a medida de un puesto de coordinador de conservatorios en la Diputación de Badajoz, se basa únicamente en “conjeturas” e “inferencias irracionales” de la jueza Beatriz Biedma, la instructora del caso. Sin embargo, Biedma ha terminado por enviar al banquillo al familiar del presidente por los supuestos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. Junto a él se sentará el líder de los socialistas extremeños y expresidente de la Diputación Miguel Ángel Gallardo, entre otros cargos del ente provincial. 

El caso ha tenido una nueva derivada después de que Gallardo forzara la dimisión de un diputado y la renuncia de los tres candidatos que estaban por delante de él en las últimas elecciones autonómicas, para asegurarse su entrada en la Asamblea de Extremadura y quedar así aforado al Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad. Sin embargo, la Sala de lo Civil y Penal de ese órgano ha rechazado la inhibición al considerar que el expresidente de la Diputación logró su aforamiento “en fraude de ley”. El juicio se celebrará en uno de los dos Juzgados de lo Penal de la capital pacense. 

Leire Díez: una ‘fontanera’ de Ferraz que soborna a fiscales

Una militante del PSOE, exdirectora de comunicación de Enusa –la empresa pública que abastece de combustible nuclear a las centrales– y exresponsable de Filatelia en Correos, siempre con el Gobierno de Sánchez, se reunió con fiscales y agentes para tratar supuestamente de encontrar información comprometedora sobre cargos policiales incómodos para el PSOE o con el objetivo de lograr el archivo de causas judiciales. El Juzgado de Instrucción 9 de Madrid, que dirige Arturo Zamarriego, ha unificado todas las denuncias presentadas contra la llamada fontanera del PSOE y le tomará declaración el próximo 11 de noviembre por los presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias tras una denuncia presentada por el grupo ultra Hazte Oír. 

La investigación judicial, abierta a finales de julio, cuenta con el apoyo de la Fiscalía, que recibió denuncias de dos de sus miembros –José Grinda, de Anticorrupción, e Ignacio Stampa, exmiembro de esa misma fiscalía y actualmente destinado en la de Madrid–, que aseguraron que Díez les ofreció mejoras profesionales a cambio de información comprometedora y favorable al PSOE. A Grinda, según su denuncia, le ofreció un destino en el extranjero a cambio de información sobre su jefe (se supone que Alejandro Luzón) y el archivo de siete causas judiciales, entre ellas varias relacionadas con el nacionalismo y el independentismo catalán. En el caso de Stampa, le transmitieron que supuestamente querían disculparse “desde instancias gubernamentales” por su salida de Anticorrupción. En el encuentro le reclamaron información sobre investigaciones delicadas y sobre irregularidades de funcionarios a cambio de ayuda en los casos que el fiscal ha iniciado contra el Ministerio de Justicia.

'Caso ERE': la revuelta de los jueces contra el Constitucional

Tras la confirmación de las condenas de los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el Tribunal Supremo, el Constitucional rebajó considerablemente las penas de ambos, así como las de otros exconsejeros andaluces condenados, algunos de los cuales pudieron salir de la cárcel. Las sentencias del órgano de garantías obligaban a la Audiencia de Sevilla a establecer las nuevas condenas de acuerdo con la doctrina recogida en las sentencias de amparo, pero los magistrados de la sección primera, en lugar de acatar la orden, se rebelaron contra ella y, a petición del PP, plantearon una cuestión prejudicial sobre el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Se trata de una revuelta en toda regla contra el Constitucional, que en teoría había cerrado definitivamente la pieza correspondiente a los políticos en julio de 2024. Los magistrados sevillanos rebeldes han planteado al Tribunal de Luxemburgo que les permita no aplicar la decisión del tribunal de garantías al considerar que su interpretación sobre el caso es contraria al derecho de la UE. Los expertos consideran que no existe esa contradicción porque el dinero defraudado no procedía de fondos europeos, pero una decisión contraria al Constitucional podría resucitar las anteriores condenas, ratificadas por el Supremo.