Dirigentes del PP alertan de que la ley del alto cargo convierte la política en un coto para las elites

El año pasado, en el debate sobre el estado de la nación, Mariano Rajoyquiso ubicar a su Gobierno en la vanguardia en lo que a medidas contra la corrupción se refiere. Lo hizo a bombo y platillo, anunciando un amplio paquete de iniciativas legislativas que suponían una vacuna contra algunos de los escándalos de corrupción que habían venido afectando al Partido Popular desde 2009. Sobre todo, los casos Gürtel y Bárcenas. Tras vender en cerca de una decena de ocasiones este paquete de medidas, un año después, el pasado 21 de febrero, el Consejo de Ministros daba luz verde a dos anteproyectos de ley: uno de control de la actividad financiera de los partidos políticos, y otro regulador del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, el grueso de lo que prometió Rajoy un año antes. Era el trofeo que quería llevar a su segundo debate sobre el estado de la nación. Y hubo tantas prisas a última hora para que así fuera que uno de los dictámenes del Consejo de Estado, el relacionado con la financiación de partidos, lleva fecha de 20 de febrero, un día antes de ser aprobado por el Ejecutivo. Ahora, ambos textos han llegado ya al Congreso de los Diputados. Y aunque sólo aflorarán las críticas de los partidos de la oposición, destacados dirigentes del Partido Popular llevan semanas expresando en privado su malestar con la nueva regulación del cargo público.

Las fuentes consultadas por infoLibre coinciden en señalar que, pese a que el mensaje que se pretende lanzar desde el Gobierno es el de que a partir de ahora los controles a quienes se dedican a la actividad pública van a ser mayores, la realidad, lo que puede extraerse del proyecto de ley, apunta a lo contrario. Por un lado, sostienen que no se ponen obstáculos para dificultar el fenómeno conocido como “puerta giratoria”, es decir, el paso de los políticos a la vida privada y viceversa. Por otro, subrayan que el Ejecutivo muestra síntomas de querer hacer de la Administración un coto privado al que sólo tengan acceso los funcionarios.

“Vamos hacia la profesionalización de la política como actividad. A este paso, sólo podrán dedicarse a esta actividad quienes hayan aprobado una oposición. Sólo las élites van a poder acceder a los cargos públicos”, denuncia un destacado dirigente conservador con silla en el Comité Ejecutivo Nacional.

Esta crítica viene sustentada en el artículo 2.6 del mencionado proyecto de ley. Reza como sigue: "El nombramiento de los subsecretarios y secretarios generales técnicos que presten sus servicios en la Administración General del Estado deberá realizarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales, pertenecientes a Cuerpos clasificados en el subgrupo A1. Esta disposición es también de aplicación al nombramiento de los directores generales, salvo que el real decreto de estructura del Departamento permita que, en atención a las características específicas de las funciones de la Dirección General, su titular no reúna dicha condición de funcionario, debiendo motivarse mediante memoria razonada la concurrencia de las especiales características que justifiquen esa circunstancia excepcional". Es decir que, a priori, el acceso a los puestos de director general están reservados para funcionarios de carrera.

La ley anterior que regulaba estas cuestiones, la ley 5/2006 de 10 de abril de 2006 no fijaba ningún tipo de restricción para el acceso a un puesto de director general.

Para cerrar aún más el círculo, la ley deja por escrito, en el punto 3 del título preliminar, que "no tendrá la consideración de alto cargo quien sea nombrado por el Consejo de Ministros para el ejercicio temporal de alguna función o representación pública y no tenga en ese momento la condición de alto cargo".

No pasa inadvertido que el Gobierno de Rajoy está integrado por un alto número de altos funcionarios, encabezados por la vicepresidenta, abogada del Estado.

Engrasar la puerta giratoria

La observación de que se da aún mayor impulso a la denominada puerta giratoria que vienen haciendo los dirigentes conservadores consultados tampoco pasó inadvertida para el Consejo de Estado, uno de los órganos consultivos que se pronunció sobre los planes del Gobierno antes de recibir luz verde definitiva por el Consejo de Ministros. Consejo de Ministros

En su dictamen, fechado el 6 de febrero de 2014, el Consejo de Estado observa que el artículo 15, referido a las limitaciones al ejercicio de actividades privadas con posterioridad al cese, presenta una redacción bastante menos restrictiva que la ley aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Así, cuando la ley anterior, en su artículo 8, sostenía que "durante los dos años siguientes a la fecha de su cese los altos cargos, a los que se refiere el artículo 3, no podrán desempeñar sus servicios en empresas o sociedades privadas relacionadas directamente con las competencias del cargo desempeñado", la que el Gobierno pretende aprobar sostiene lo siguiente: "Los altos cargos, durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, no podrán prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado".

A juicio del Consejo de Estado, en la redacción del punto anterior "se aprecia cierta reducción del ámbito objetivo de aplicación de la limitación respecto de la prevista en el artículo 8 de la ley 5/2006, que dispone que tal limitación opera respecto de empresas o sociedades privadas relacionadas directamente con las competencias del cargo desempeñado, concepto que resulta materialmente más amplio que el proyectado".Es decir, que para los políticos, la vuelta a la actividad privada va a ser más fácil a partir de ahora si el texto que ha llegado al Congreso no recibe ninguna modificaciónCongreso al respecto en este punto.

Pese a la observación de este informe, el Consejo de Ministros no hizo variación alguna del mencionado punto del articulado de la futura ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.

Artículos sin entidad legal

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Lo mismo ocurrió con los artículos 8, 9 y 10 del texto. El 8 se refiere a los recursos humanos y materiales, exigiendo a los altos cargos eficiencia y sostenibilidad en el desempeño de sus funciones; el 9 exige "diligencia" y el 10 establece que deben conocer "las obligaciones que conlleva el ejercicio de sus funciones". 

El Consejo de Estado propuso su supresión al entender que esos artículos "carecen de entidad para ser objeto de un texto legal".

Con el texto ya en el registro de la cámara Baja, este miércoles la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha convocado a los grupos de la oposición para abrir una ronda de contactos de cara a que el consenso de la batería de iniciativas legislativas sobre regeneración democrática sea lo más amplio posible. La mayor parte de los partidos no ven con buenos ojos esta convocatoria puesto que sospechan que la intención del Gobierno es más propagandística que real al proponerles un texto ya elaborado. En su defensa, el Ejecutivo sostiene que está dispuesto a escuchar y mejorar el proyecto de ley.