Que la separación de poderes y la independencia judicial son dos principios a prueba de bomba en España no se desprende solo de los informes de la Unión Europea, el Consejo de Europa o la OCDE. También de la experiencia diaria en los juzgados y tribunales. En nuestro país, los jueces hicieron caer a un Gobierno, el de Mariano Rajoy, tras condenar a su partido, el PP, por corrupción y dos miembros de la familia real se han sentado en el banquillo (y uno de ellos, Iñaki Urdangarin, fue condenado a penas de prisión).
Más recientemente, procesos ampliamente criticados por gran parte de la judicatura, la fiscalía y la academia, como el seguido contra fiscal general del Estado en el Supremo o el de la esposa del presidente del Gobierno, han avanzado sin ningún obstáculo. Hasta el punto de que el caso de Álvaro García Ortiz terminó en condena e inhabilitación de la cabeza de un órgano constitucional. El juez Juan Carlos Peinado, por su parte, no ha tenido ningún problema para concluir su instrucción y procesar a Begoña Gómez pese a no haber conseguido probar el más mínimo lucro por su parte. A pesar de las críticas que ha recibido.
Sin embargo, las asociaciones judiciales de derechas y, en ocasiones, el propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con su presidenta, Isabel Perelló, a la cabeza, se rasgan periódicamente las vestiduras en público y aseguran que esos principios esenciales, absolutamente respetados en nuestro Estado de derecho, están en peligro cuando llegan críticas contra procesos, resoluciones o actuaciones judiciales desde el Gobierno o los partidos políticos. Sostienen que esas críticas dañan la imagen de la justicia que tienen los ciudadanos.
Es lo que ha ocurrido esta semana con las declaraciones del ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, después de que Peinado haya llevado a juicio a Begoña Gómez por cuatro delitos. Bolaños aseguró el lunes que la actuación del juez "ha avergonzado a muchos ciudadanos, jueces y magistrados de España". "Creo que el daño que se ha hecho al buen nombre de la justicia en muchos aspectos será irreparable", prosiguió. El ministro mostró, sin embargo, su "confianza absoluta" en que "un tribunal superior, un tribunal imparcial", vaya a revocar sus decisiones.
Por esas palabras le ha saltado al cuello, en primer lugar, la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que las ha calificado de "inadmisibles". La también conservadora pero más moderada Francisco de Vitoria las consideró "un ataque directo a la independencia judicial y a la separación de poderes". Foro Judicial Independiente, que sostiene que no es de derechas hasta en contra de sus propios afiliados, hizo un tuit en el que acusó al ministro de "erosionar la confianza de los ciudadanos en la justicia". Siempre son los mismos argumentos.
Es el Gobierno y los partidos de izquierda los que dañan esa imagen de los jueces, según el discurso de derechas y de Perelló. En esa visión, nada tienen que ver los excesos de los jueces. Los posicionamientos políticos de algunos de ellos con determinados partidos (casi siempre de derechas) y en determinados medios, las intervenciones en actos de colectivos ultras, las descalificaciones gruesas e incluso insultos contra cargos públicos o el desprecio sistemático a otros órganos como la Fiscalía o el Tribunal Constitucional (que generan una profunda sospecha en amplios sectores sociales) no merecen ningún reproche ni de esos colectivos ni del CGPJ.
La presidenta de la APM y del mayor Tribunal de Instancia de España (el de Madrid), María Jesús del Barco, participó el 10 de febrero de 2025 en un acto del PP –inaugurado por su presidente, Alberto Núñez Feijóo, y cerrado por el entonces portavoz, Miguel Tellado– en el Congreso de los Diputados. En su intervención, criticó las reformas judiciales del Gobierno, como la que encargará instrucción a los fiscales, e incluso expresó su deseo de que la UE sancionara a España porque el Ejecutivo de Pedro Sánchez, como el del húngaro Viktor Orbán, supuestamente ataca las garantías básicas del Estado de derecho (algo que Bruselas jamás ha apreciado).
Con esa aparición, Del Barco vulneró el artículo 395 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que no solo impide las felicitaciones o censuras a otras autoridades, sino que prohíbe asistir a actos públicos que no tengan carácter judicial salvo autorización del CGPJ. También se saltó los dictámenes de la Comisión de Ética del Consejo, que recomiendan no participar en estos actos "aun en su condición de ciudadanos", por afectar a su "apariencia de independencia, integridad e imparcialidad". Sin embargo, no obtuvo ningún aviso.
Desde la última renovación del Consejo, en junio de 2024, los dos expedientes disciplinarios más sonados del órgano de gobierno de los jueces han sido los del magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que se refirió en un acto público a la exministra y actual eurodiputada de Podemos como "cajera del Mercadona" y el del juez de lo Mercantil de Madrid, Manuel Ruiz de Lara, que se refirió a la esposa del presidente Sánchez como "Barbigoña", al ex fiscal general como "borrador oficial de mensajes" y al presidente del Constitucional como director "de una cátedra de inconstitucionalidad y amnistía".
Los casos de ambos magistrados se cerraron sin ninguna sanción. Ambos habían actuado sin invocar su condición de magistrados, según la resolución, y como simples ciudadanos habían hecho uso de su libertad de expresión, la misma que ahora el órgano de gobierno de los jueces no reconoce a Bolaños. En el caso de Ruiz de Lara, al que ya se había cerrado otro expediente anteriormente por llamar a Pedro Sánchez "psicópata sin límites éticos", se consideró que sus improperios contra otras personas y otros poderes del Estado eran, en realidad, "una inocentada".
Por los actos de Neos, la fundación ultracatólica del exministro y exdirigente del PP Jaime Mayor Oreja, han pasado como ponentes varios miembros destacados de la judicatura, entre ellos el magistrado de la Sala de lo Civil del Supremo y exportavoz de la APM Antonio García, o el expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción –el que comparó el PCE con los nazis–. El magistrado madrileño Luis Sanz (@MagistraThor) participó en el acto de presentación del think tank del ex de Vox Iván Espinosa de los Monteros; también en un acto del derechista Foro España Cívica. El Consejo o las asociaciones de derechas no pensaron que podrían estar poniendo en peligro la confianza ciudadana en los jueces.
El magistrado de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo Antonio Narváez cargó el pasado octubre contra sus excompañeros del Tribunal Constitucional –del que formó parte entre 2014 y 2023– a los que acusó de actuar "por afiliaciones políticas" ahora que él había salido de ese órgano, el máximo árbitro de los diferentes poderes del Estado. También de extralimitarse al revocar sentencias del Supremo, algo que el órgano de garantías ha hecho desde su fundación en 1981 y también mientras Narváez fue uno de sus miembros.
Como magistrado conservador del Constitucional, el actual integrante de la Sala Tercera no dudó en participar en deliberaciones sobre recursos contra el Gobierno socialista que le afectaban directamente –como la reforma del sistema de nombramiento para designar su sucesor–. También tuvo que apartarse de los recursos del procés porque lo había comparado con el golpe de Estado del 23-F. Pero más allá de su propia sensibilidad ideológica, el hecho es que, como otros muchos magistrados en activo, estaba descalificando a otro órgano constitucional. Nadie le exigió respeto a la separación de poderes.
Cuando el juez Peinado denunció al ministro Bolaños ante el Tribunal Supremo, la respuesta de los magistrados de su Sala de lo Penal fue un rapapolvo de semejante calibre, que varios jueces de diferentes asociaciones y expertos universitarios consultados entonces por infoLibre, mostraron su bochorno por su actuación judicial. Una sensación que también cundió en sectores del órgano de gobierno de los jueces. Lo mismo ocurrió cuando se empeñó en tomar declaración como testigo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en La Moncloa.
Su instrucción ha sido corregida al menos en 13 ocasiones por la Audiencia de Madrid por defectos tan graves como la ausencia total de motivación de sus decisiones, una garantía básica del derecho penal recogida en la Constitución. También se han borrado partes enteras de su investigación por su carácter prospectivo y ha plagiado autos sin citar al autor. Más allá del asombro no expresado, su cuestionamiento en el órgano de gobierno de los jueces se ha traducido en la apertura de una investigación disciplinaria, precisamente por sus salidas de tono durante su interrogatorio al ministro.
La actuación de Peinado ha sido muy cuestionada, no solo por Bolaños, también por amplios sectores de la sociedad que, a diferencia de otros casos que afectan al PSOE, como el caso Koldo, no dan credibilidad a su actuación en la causa de la esposa de Sánchez. Sin embargo, la separación de poderes y la independencia judicial existen. Porque nada ni nadie ha logrado parar la instrucción del caso contra Begoña Gómez que dio por concluida el pasado lunes. Pese a las críticas del presidente del Gobierno o las de cualquiera de sus ministros.
Que la separación de poderes y la independencia judicial son dos principios a prueba de bomba en España no se desprende solo de los informes de la Unión Europea, el Consejo de Europa o la OCDE. También de la experiencia diaria en los juzgados y tribunales. En nuestro país, los jueces hicieron caer a un Gobierno, el de Mariano Rajoy, tras condenar a su partido, el PP, por corrupción y dos miembros de la familia real se han sentado en el banquillo (y uno de ellos, Iñaki Urdangarin, fue condenado a penas de prisión).