El Estatuto Marco avanza al Congreso mientras los médicos preparan una huelga indefinida

Veintitrés años después, el Gobierno da un paso decisivo para renovar las condiciones laborales de cerca de un millón de trabajadores de la sanidad pública. El Consejo de Ministros ha dado este martes luz verde al proyecto de ley del Estatuto Marco del personal estatutario del Sistema Nacional de Salud (SNS), que pone rumbo al Congreso con mejoras en jornadas, descansos, estabilidad laboral o conciliación, pero también con el rechazo de buena parte de los sindicatos médicos y una huelga indefinida en el horizonte.

La reforma pretende sustituir de forma integral la ley aprobada en 2003 durante el Gobierno de José María Aznar. Aunque desde entonces se han introducido modificaciones parciales, el marco no se había renovado en su conjunto para adaptarse a los cambios que ha experimentado el sistema sanitario durante estas más de dos décadas de recortes. 

“Estamos hablando de una ley que afecta a un millón de trabajadores y que lleva desde 2003. Es una norma que no ha evolucionado con la profesión y necesitábamos un cambio”, explica a infoLibre Lucía García, responsable de Acción Sindical de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO. Su sindicato respaldó junto a SATSE-FSES, UGT y CSIF el acuerdo alcanzado con Sanidad tras tres años de negociación. Para García, que llegue al Parlamento supone ya “un logro” y considera que se “ha avanzado un paso más”.

Frente a ellos, una parte importante del sindicalismo médico considera que el Ministerio ha dejado sin resolver las particularidades de médicos y facultativos. Ángela Hernández, secretaria general de AMYTS, anticipa a infoLibre que la respuesta desde los sindicatos será “contundente” y confirma que las organizaciones médicas prevén anunciar la próxima semana las condiciones de la huelga indefinida que llevan meses planteando.

Menos horas en guardias y más protección frente a la sobrecarga

Uno de los principales cambios afecta precisamente al tiempo de trabajo. El nuevo marco reduce de 48 a 45 horas semanales de promedio el límite conjunto de jornada ordinaria y guardias y establece 17 horas de trabajo efectivo como máximo general para estas últimas, frente a las jornadas de 24 horas que han caracterizado tradicionalmente al sistema. También impide obligar a realizar una jornada ordinaria inmediatamente después de una guardia y fija un descanso mínimo de 12 horas entre jornadas.

Más allá de la mejora laboral, estas medidas pueden tener una consecuencia indirecta sobre los pacientes, ya que buscan reducir la fatiga de quienes tienen que tomar decisiones clínicas después de acumular muchas horas de trabajo. “Desaparecen las guardias de 24 horas de una vez, ya está bien”, celebra García.

Para la dirigente de CCOO, mejorar las condiciones de descanso termina repercutiendo también en la asistencia. “Si tienes a nuestros profesionales con su jornada habitual, pudiendo descansar y conciliar, al profesional lo tienes contento. Si no, al final aparecen situaciones un poco críticas de cara al paciente”, explica. 

La reforma introduce además, por primera vez, el concepto de “carga horaria excesiva”, que deberá servir para detectar situaciones en las que se acumulen jornadas prolongadas, noches, festivos o problemas reiterados para cubrir las ausencias. En esos casos tendrán que intervenir los servicios de prevención de riesgos laborales y adoptar medidas organizativas. A ello se suma la posibilidad de que los profesionales mayores de 55 años soliciten la exención de guardias y turnos nocturnos.

También se busca dar mayor estabilidad a unas plantillas en las que la temporalidad ha sido durante años uno de los principales problemas. Los nombramientos interinos para cubrir una plaza vacante tendrán una duración máxima de tres años y deberán convocarse procesos para adquirir la condición de personal fijo al menos cada dos años. Una menor rotación puede favorecer a su vez la continuidad de los equipos que atienden a los pacientes.

El texto incorpora igualmente nuevas medidas de conciliación, reconoce el derecho a la desconexión digital y refuerza la protección frente a agresiones. La nueva clasificación profesional trata además de adaptar las categorías a la formación actual de los trabajadores sanitarios. Entre los colectivos que han defendido la reforma están los enfermeros, que reclaman desde hace años que su clasificación refleje su actual condición de titulación universitaria de grado.

El Estatuto establece un suelo común, pero no solucionará por sí solo los problemas. Las comunidades autónomas, al contar con las competencias, seguirán siendo las encargadas de desarrollar el marco, determinar sus plantillas y organizar sus servicios de salud. Es decir, limitar las horas o establecer mecanismos frente a la sobrecarga no equivale automáticamente a incorporar más profesionales allí donde falten.

Los médicos reconocen que las mejoras no son suficientes

La jornada laboral es uno de los aspectos en los que se hace más evidente el contraste entre quienes apoyan la reforma y los sindicatos médicos que no lo hacen. Hernández reconoce que el nuevo límite supone un avance, aunque matiza que “siempre es mejor trabajar hasta 45 horas en cómputo de cuatro meses que hasta 48 en cómputo de seis”. No obstante, considera que el sistema todavía permite concentrar demasiadas horas en determinados periodos. “Puede haber planificaciones semanales que salgan hasta con 75 horas. Esto no es aceptable para ningún otro trabajador ni profesional en España, no tiene por qué serlo para médicos y facultativos”, sostiene. 

Las organizaciones médicas reclaman que la jornada se limite a 35 horas semanales, unas guardias voluntarias y con una regulación diferenciada y mejores condiciones para la jubilación. Pero el principal choque con Sanidad se encuentra en su reclamación de un Estatuto Médico y Facultativo propio y de un ámbito específico de negociación, algo que el Ministerio rechaza para mantener un marco común para el conjunto del personal.

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También discrepan sobre la clasificación profesional. Los sindicatos médicos reclaman una categoría propia —habitualmente denominada A1+— que reconozca los años de formación y la responsabilidad de los facultativos. Hernández teme, además, que el nuevo modelo termine permitiendo que se amplíen competencias de otras profesiones para paliar la falta de médicos. La secretaria general de AMYTS considera que detrás de esos déficits existe fundamentalmente “falta de presupuesto para tener plantillas suficientes y falta de voluntad de tratarlos adecuadamente para que quieran estar en el sistema”.

Las discrepancias llevan meses trasladándose a la calle. Los sindicatos médicos han protagonizado cinco convocatorias de huelga durante la primera mitad de 2026 y antes del verano advirtieron de que endurecerían las movilizaciones si el Estatuto seguía adelante sin asumir sus principales reivindicaciones. AMYTS realizó además durante julio y agosto una consulta entre profesionales que reforzó la apuesta por una huelga indefinida. Hernández confirma ahora que la convocatoria sigue adelante y que la próxima semana prevén comunicar sus fechas y características.

El proyecto entra así en el Congreso con apoyos políticos todavía por recabar y con la oposición de los sindicatos médicos, aunque tampoco quienes lo respaldan consideran cerrado el debate. CCOO pretende aprovechar la tramitación parlamentaria para recuperar algunas reivindicaciones que se han quedado fuera, entre ellas la jornada de 35 horas en todas las comunidades autónomas, avances en la jubilación parcial y anticipada y la apertura de un nuevo marco retributivo.