Elegir entre un lerdo o un miserable

Alberto Núñez Feijóo ha exigido la devolución inmediata de “todos” quienes han entrado irregularmente en Ceuta. Todos: adultos, menores, posibles solicitantes de asilo, personas identificadas y no identificadas. Su receta es expeditiva porque su lenguaje también lo es: habla de “invasión”, de “ocupación” y de una especie de premio perverso para quien alcanza suelo español.

Pero España no es una tertulia de sobremesa, ni Ceuta un decorado para el alarmismo electoral. Es territorio español, sometido a la Constitución, a la Ley de Extranjería, a la Convención sobre los Derechos del Niño, al Derecho de la Unión Europea y a los tratados internacionales de protección de refugiados. Y esa legislación impide precisamente lo que Feijóo reclama: devoluciones colectivas, automáticas e indiscriminadas.

La cuestión, por tanto, es incómoda pero inevitable. Si Feijóo conoce el derecho —y es licenciado en Derecho—, su demanda no es una propuesta de política migratoria: es la invitación pública a que el Gobierno incumpla la ley. Si no lo conoce, si ignora el contenido elemental de las normas y resoluciones judiciales aplicables, entonces resulta difícil no preguntarse qué clase de formación jurídica sostiene su discurso. Hay que elegir entre dos posibilidades: el lerdo que desconoce la legalidad o el miserable que la conoce y pide que se viole.

La ley no dice “todos”

Que una persona haya accedido a España por una vía irregular no la convierte en un objeto sin derechos. Tampoco autoriza al Estado a entregarla de inmediato a otro país sin identificarla, sin escucharla, sin asistencia letrada, sin expediente y sin examinar si necesita protección internacional.

La Ley de Extranjería contempla procedimientos de devolución, sí. Pero son procedimientos, no una licencia para cargar seres humanos en un autobús y dejarlos al otro lado de la frontera. Requieren garantías individuales. Y la doctrina judicial reciente ha sido especialmente clara respecto de quienes acceden a Ceuta por mar o a nado: no pueden ser objeto de un rechazo automático en frontera, sino que deben pasar por el cauce ordinario previsto legalmente.

La distinción no es caprichosa. El llamado “rechazo en frontera” tiene un ámbito muy restringido: se vincula a intentos de superar los elementos de contención fronterizos, como las vallas de Ceuta y Melilla. No permite devolver sin más a cualquier persona que haya llegado irregularmente a la ciudad, y menos aún a quienes ya han alcanzado la costa.

Feijóo no reclama que se aplique la ley con eficacia, celeridad y medios. Reclama que desaparezca. Su “todos” borra las circunstancias personales, elimina el control administrativo, neutraliza el derecho a defensa y convierte la frontera en una zona donde el Estado puede actuar sin reglas. Es una idea profundamente incompatible con un Estado de derecho.

Los menores no son equipaje

La obscenidad política de la propuesta aumenta cuando se aplica a menores de edad no acompañados. Feijóo no ha introducido excepción alguna. Al contrario: ha insistido en que deben ser devueltos todos, “mayores y menores”.

Pero un menor no es un adulto en miniatura ni una cifra incómoda en una estadística migratoria. La legislación española establece un procedimiento específico de repatriación, en el que el criterio rector es el interés superior del menor, no la conveniencia propagandística del dirigente de turno. Ello exige identificación, tutela, audiencia, localización de familiares cuando sea posible, evaluación de las condiciones de retorno y comprobación de que la devolución no lo sitúa en desamparo, riesgo o vulneración de derechos.

No basta, por tanto, con declarar que Marruecos está al otro lado de la frontera. La Administración debe determinar, caso por caso, si el retorno resulta realmente compatible con la protección debida al niño, niña o adolescente. La devolución colectiva de menores es ilegal. Y reclamarla desde un atril, mientras se agita el fantasma de una supuesta “invasión”, no es firmeza: es irresponsabilidad institucional.

El lenguaje importa. Cuando se llama “ocupantes” o “invasores” a personas migrantes —incluidos menores—, se busca que la opinión pública olvide que hay individuos concretos detrás de la etiqueta: adolescentes solos, familias separadas, víctimas de redes, personas que huyen de persecución o de contextos de extrema vulnerabilidad. Primero se les deshumaniza; después se intenta justificar que se les trate al margen de la ley.

El precedente de Ceuta

Feijóo debería saberlo porque ocurrió en Ceuta y porque no hace tanto tiempo. En agosto de 2021, 55 menores marroquíes fueron repatriados desde la ciudad autónoma sin seguir el procedimiento legalmente exigido. La Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Ceuta, condenó por prevaricación administrativa a la entonces delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, y a la exvicepresidenta del Gobierno ceutí, Mabel Deu. La pena: nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

La sentencia consideró que la decisión fue arbitraria y manifiestamente injusta. El Tribunal Supremo ya había confirmado que aquellas devoluciones eran ilegales porque no se ajustaron al procedimiento previsto en la normativa de extranjería.

España no es una tertulia de sobremesa, ni Ceuta un decorado para el alarmismo electoral

No hablamos, pues, de una discusión abstracta entre sensibilidades ideológicas. Hablamos de hechos que ya han terminado en condenas. Quien pide hoy una devolución exprés e indiscriminada de menores está proponiendo repetir, con miles de potenciales afectados, el mismo esquema que llevó a la inhabilitación de responsables públicos.

Hay algo especialmente grave en esa ligereza. Feijóo no es un tertuliano sin responsabilidades, ni un agitador digital que pueda refugiarse en la hipérbole. Aspira a presidir el Gobierno de España. Sus palabras orientan a su partido, presionan a las instituciones y alimentan un clima social en el que el cumplimiento de los derechos fundamentales se presenta como debilidad.

Seguridad sí, ilegalidad no

Defender una frontera ordenada no obliga a abdicar de la legalidad. España puede y debe reforzar los recursos de acogida, la identificación, la atención a menores, la cooperación consular, el control de las redes de trata y el funcionamiento de los procedimientos administrativos. Puede exigir a Marruecos cooperación efectiva y respeto a los acuerdos suscritos. Puede tramitar devoluciones individuales cuando procedan, con garantías y control judicial.

Eso es gobernar. Lo otro es gritar “que se vayan todos” para obtener un aplauso fácil.

La seguridad no es el derecho del poderoso a saltarse las normas cuando le conviene. Es la certeza de que las instituciones actuarán conforme a la ley, incluso ante situaciones difíciles. Precisamente entonces. Si el Gobierno deportara de forma automática a quienes han llegado a Ceuta, incluidos menores y solicitantes de protección, no estaría defendiendo el orden jurídico: estaría vulnerándolo.

Y si lo hiciera después de que el líder de la oposición se lo reclamase a gritos, Feijóo podría presentar la operación como una victoria política. Los responsables administrativos, en cambio, se quedarían con los expedientes, los recursos, las sentencias y, si se acredita la arbitrariedad consciente, las consecuencias penales.

La alternativa indecente

Feijóo tiene derecho a sostener que la política migratoria del Gobierno es insuficiente, errática o improvisada. Puede exigir medios, planificación, cooperación europea y firmeza diplomática. Puede reclamar que los procedimientos se resuelvan con rapidez. Todo eso cabe en una democracia.

Lo que no cabe es exigir que se devuelva inmediatamente a “todos”, sabiendo —o teniendo la obligación elemental de saber— que no todos se encuentran en la misma situación jurídica, que los menores tienen protección reforzada, que quien pide asilo no puede ser devuelto sin examen de su solicitud y que las devoluciones colectivas y en caliente tienen límites legales precisos.

No es valentía exigir al Estado que cometa una ilegalidad. Es populismo punitivo. No es patriotismo hablar de “invasión” ante personas que llegan a nado, muchas de ellas menores. Es una elección calculada de palabras para sustituir el derecho por el miedo.

De modo que la disyuntiva permanece. O Alberto Núñez Feijóo ignora las normas que invoca desde su condición de licenciado en Derecho y demuestra una incompetencia alarmante... O las conoce y pide que se incumplan, aprovechando la vulnerabilidad de miles de personas para fabricar un discurso de mano dura.

Entre un lerdo y un miserable, el líder del PP debería aclararnos cuál de los dos quiere ser.

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José González Arenas es secretario de Medio Ambiente del PSOE de Córdoba.