Feijóo tantea a Junts mientas sigue enredado en sus contradicciones

El respaldo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la ley de amnistía ha alterado de nuevo el tablero político y ha colocado al Partido Popular ante una contradicción estratégica que llevaba meses latente. Mientras la dirección de Alberto Núñez Feijóo insiste en mantener abiertos los canales de interlocución con Junts de cara a un eventual escenario postelectoral, una parte del partido endurece su rechazo a cualquier aproximación a los independentistas y reclama marcar distancias tras una resolución que reduce el recorrido judicial de uno de los principales argumentos del PP contra la norma.

El fallo del tribunal europeo concluye que la ley de amnistía no vulnera el derecho de la Unión Europea en los aspectos planteados por las cuestiones prejudiciales, aunque deja en manos del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo la aplicación efectiva de la norma en los casos concretos. Génova, por su parte, insiste en separar el plano jurídico del político y sostiene que el fallo europeo no modifica su oposición a la amnistía.

Sin embargo, el debate dentro del PP trasciende ya la valoración de la sentencia. En los últimos meses, Génova ha asumido que, si los números parlamentarios vuelven a situar a Junts como fuerza decisiva, será inevitable mantener algún tipo de interlocución con la formación de Carles Puigdemont. Una tesis que provoca incomodidad entre dirigentes territoriales y referentes del ala más dura del partido, que ven con preocupación el coste electoral que podría tener cualquier imagen de entendimiento con Junts, especialmente entre el electorado más conservador y en comunidades como Madrid, Castilla y León o Andalucía, donde el rechazo al independentismo ha sido uno de los principales ejes del discurso del PP.

En ese sentido, José María Aznar ya ha lanzado varias advertencias dirigidas a Feijóo. El expresidente ha rechazado cualquier posibilidad de entendimiento con Junts y ha recordado que el independentismo sigue representando, a su juicio, un proyecto incompatible con el marco constitucional. Un mensaje que comparten dirigentes como el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, dos de las voces más críticas con cualquier intento de aproximación a Puigdemont.

¿Pasar página del procés?

A esto se le añade que Feijóo eligió Barcelona para lanzar un mensaje que hasta hace unos meses habría sido difícil de imaginar en boca del líder del Partido Popular. “Como la mayoría de los catalanes, nosotros también queremos pasar página”, dijo durante su visita a la capital catalana, en un movimiento destinado a rebajar la tensión con Junts y presentarse como un interlocutor posible para el partido de Puigdemont. Horas antes, su lugarteniente Miguel Tellado reforzaba esa idea en una entrevista en la Cadena Ser: “Estamos en 2026 y el contexto es distinto al de 2017”, señaló.

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, se encargó después de fijar los límites de esa nueva estrategia y dejó claro que no iban a retirar el recurso contra la ley de amnistía, ni hacer ningún otro gesto hacia Junts. Más allá del giro dialéctico, insistió, la posición política del partido permanece intacta. Una secuencia que resume el delicado equilibrio que intenta mantener Génova. El PP quiere dejar de aparecer ante Junts como un actor con el que resulta imposible entenderse, pero sin desmontar ninguno de los pilares sobre los que ha construido su oposición a Pedro Sánchez desde el inicio de la legislatura.

Desde las elecciones generales de julio de 2023, el PP ha comprobado que no existe una mayoría parlamentaria alternativa sin el concurso, directo o indirecto, de Junts. Los siete diputados de Puigdemont siguen siendo decisivos. Feijóo ya intentó, sin éxito, explorar esa vía tras aquellos comicios. Entonces el propio expresident respondió con una negativa rotunda, recordando el papel del PP durante los años del procés y las declaraciones de buena parte de sus dirigentes contra el independentismo.

Tres años después, el contexto político ha cambiado. El procés ya no ocupa el centro de la agenda catalana, el Gobierno ha aprobado la ley de amnistía y Junts trata de redefinir su papel en Madrid. En ese escenario, el líder del PP ha intentado abrir una interlocución que hasta ahora parecía imposible, pero tampoco ha encontrado apoyo para una moción de censura. Y es que Feijóo hace esta apelación pública mientras el PP mantiene intacto el discurso con el que calificó la norma como una "humillación", una "cesión al independentismo" y una vulneración de la igualdad entre españoles.

La vuelta de Puigdemont y la amnistía 

El aval europeo también modifica el contexto político en torno a Carles Puigdemont. Aunque la sentencia no implica automáticamente su regreso a España, sí reduce algunos de los obstáculos jurídicos que pesaban sobre la aplicación de la amnistía y desplaza el foco hacia las futuras decisiones del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo.

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Para el PP, ese escenario añade un elemento de dificultad. Si finalmente Puigdemont recupera plenamente su capacidad de actuación en España, cualquier negociación futura con Junts quedará inevitablemente asociada a la figura del expresident, precisamente el dirigente que durante años simbolizó el desafío independentista contra el Estado.

El debate sobre la ley de amnistía refleja además una forma de hacer oposición que el PP ha repetido en los últimos años. Génova combate determinadas iniciativas legislativas del Gobierno con una enorme dureza política, las lleva a los tribunales o anuncia su derogación futura, pero una vez que esas normas modifican el marco institucional o generan efectos políticos favorables, termina adaptándose a esa nueva realidad sin revertirla, pese a que Vox se ha comprometido a hacerlo si llega a la Moncloa.

La amnistía es el ejemplo más evidente. Génova rechaza la herramienta jurídica que ha facilitado la desjudicialización del conflicto catalán, pero al mismo tiempo pretende beneficiarse políticamente del nuevo contexto que ese perdón jurídico ha contribuido a crear. Durante esta legislatura el PP ha convertido en una constante esa doble estrategia: denunciar determinadas reformas como ejemplos del "sanchismo", recurrirlas o prometer su derogación, al tiempo que habla de “pasar página” y busca los pactos con Junts en el Congreso.