El PP gallego completa cuatro décadas de control de medios con un reparto a dedo, opaco y creciente de dinero público

La arquitectura del poder en Galicia no se sostiene únicamente sobre los pilares del Parlamento o de la sede administrativa de San Caetano, en Santiago de Compostela, sino sobre una red invisible y capilar que ha logrado, a lo largo de casi 40 años, domesticar el cuarto poder hasta convertirlo en una extensión de la comunicación institucional.

Lo que en ciencia política se denomina captura mediática ha dejado de ser en esta comunidad una anomalía para transformarse en un sistema perfeccionado de supervivencia mutua entre la clase política y los grandes grupos editoriales. Un fenómeno que hunde sus raíces en la era de Manuel Fraga y que ha demostrado una resistencia asombrosa a los cambios de signo político. Ni siquiera el breve paréntesis de cuatro años del gobierno de coalición entre el Partido dos Socialistas de Galicia (PSdeG-PSOE) y el BNG logró desmantelar este engranaje; por el contrario, los datos de aquel periodo revelan que se mantuvo el uso masivo de figuras jurídicas discrecionales para seguir regando con dinero público las redacciones de los medios dominantes.

Esta estructura de sometimiento no se apoya en un solo mecanismo, sino que despliega un abanico de vías de financiación que van desde la publicidad institucional directa hasta convenios de colaboración discrecionales, los patrocinios y también los contratos para la realización de programas a través de la televisión pública, conformando un círculo cerrado de retroalimentación financiera que pervierte las reglas del libre mercado y vulnera de forma sistemática el espíritu y la letra del Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés), en vigor desde hace casi un año.

El pilar fundamental de este modelo de control es la arbitrariedad en el reparto de los fondos. Una práctica que ha permitido a la Xunta de Galicia actuar como el principal anunciante y financiador de facto de la prensa privada.

No existen datos cerrados, completos y sistemáticos año a año, porque el Ejecutivo autonómico oculta cuidadosamente las cantidades y solo afloran, de manera parcial, cuando medios independientes lo solicitan aplicando la legislación sobre transparencia.

Durante la última etapa de la Presidencia de Alberto Núñez Feijóo, por ejemplo, la administración gallega llegó a distribuir al menos 12 millones de euros solo a través de la figura del convenio de colaboración bilateral, un camino rápido que permite otorgar dinero público a dedo eludiendo las exigencias de competencia, publicidad y libre concurrencia que marca la Ley de Contratos del Sector Público.

Asimetría del reparto

Estos acuerdos, cuyos textos completos a menudo permanecen ocultos al escrutinio ciudadano, se justifican bajo conceptos tan vagos como el interés general o la promoción de la identidad cultural, pero su objeto real es la inserción de campañas que, por ley, deberían haber sido licitadas de forma transparente y abierta. La asimetría en este reparto histórico es escandalosa: la Corporación Voz de Galicia lideró la recepción de estos fondos con 2,6 millones de euros, seguida por el grupo Editorial Prensa Ibérica y la propia Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (CSAG) —antes conocida como CRTVG y titular de la radio y la televisión autonómicas—, que a pesar de ser pública compite con los medios privados por estas inyecciones de liquidez. Es un sistema de dopaje financiero donde las empresas beneficiarias rara vez aportan recursos propios, desnaturalizando la figura de la colaboración no lucrativa para convertirla en un contrato de servicios encubierto.

La llegada de Alfonso Rueda a la Presidencia no solo no ha supuesto una moderación en estas prácticas, sino que ha intensificado el flujo de dinero directo a las empresas de comunicación a través de los llamados contratos menores.

Entre enero de 2025 y enero de 2026, la Xunta de Rueda adjudicó más de 14.300 euros al día en publicidad y suscripciones mediante más de mil licitaciones sin concurso, una fórmula que permite fragmentar el gasto para evitar los controles parlamentarios y asegurar un riego constante de liquidez a los medios afines.

Bajo su mandato, el gasto diario en contratos menores ha crecido un 35% en comparación con la era Feijóo, consolidando un modelo donde el presupuesto público funciona como una línea de vida para cabeceras que el mercado privado, por su cuenta, no sostendría.

Además, Rueda ha expandido este radio de influencia hacia Madrid, para dar soporte a Feijóo, destinando cerca de 600.000 euros en poco más de un año a diarios, radios y portales digitales de línea editorial conservadora o ultraconservadora con nula o escasa implantación en Galicia, lo que sugiere una estrategia de compra de imagen a nivel nacional con fondos de los contribuyentes gallegos.

Otro de los mecanismos más sutiles y eficaces para este control es el dopaje de las cifras de difusión. Dado que el reparto de las subvenciones ordinarias y la publicidad institucional se rige técnicamente por criterios objetivos de audiencia, la Xunta interviene directamente en el mercado comprando masivamente ejemplares de los principales periódicos.

Distribución de ejemplares

Estas miles de copias se distribuyen gratuitamente en colegios, institutos y dependencias administrativas, permitiendo a las empresas editoras inflar artificialmente sus números de venta y lectores. Este círculo vicioso garantiza que los mismos grupos mediáticos que reciben el favor gubernamental puedan justificar legalmente la percepción de mayores ayudas en el ejercicio siguiente, bloqueando la entrada de nuevos actores y asfixiando a los medios que optan por la independencia o por el uso exclusivo de la lengua gallega, los cuales reciben apenas una fracción marginal del presupuesto total.

Gracias a este flujo constante de dinero, en Galicia sobreviven en la actualidad una docena larga de cabeceras de papel —una cifra desproporcionada para el tamaño de la comunidad—, la mayoría de ellas con tiradas minúsculas.

La captura mediática en Galicia no se limita a la prensa escrita; tiene en la CSAG su mayor buque insignia de propaganda y un canal indirecto de financiación para el sector privado afín. La televisión pública ha sido denunciada reiteradamente por su utilización obscena como instrumento de partido, llegando al extremo de reproducir textualmente en sus informativos el argumentario del Partido Popular y ocultar sistemáticamente cualquier noticia que pueda perjudicar al gobierno.

La dependencia económica de los medios privados tiene consecuencias directas sobre la formación de una opinión pública libre y el derecho fundamental a recibir información veraz. Los convenios que firma la Xunta con los grandes medios comprometen seriamente la independencia editorial. Bajo la cobertura de contenidos de interés general, se cuelan reportajes patrocinados que promueven una percepción favorable de la situación económica o avalan proyectos industriales controvertidos, como la minería o las macroinstalaciones energéticas, convirtiendo a los periódicos en meros altavoces de la administración. 

Este sistema de compraventa de información genera un efecto anestesiante sobre la sociedad gallega, donde los grandes escándalos son desenfocados o directamente ocultados para proteger al poder político.

El ejemplo más paradigmático de este silenciamiento mediático se produjo tras la publicación, en las páginas de El País, de las fotografías de Alberto Núñez Feijóo con el narcotraficante Marcial Dorado. La respuesta del engranaje de la Xunta fue inmediata: una inyección masiva de fondos a través de subvenciones que sirvió para acallar definitivamente el asunto en la prensa autonómica, garantizando que un escándalo de dimensiones nacionales tuviera un impacto limitado en el electorado gallego.

Blindaje mediático

Este tipo de intervenciones demuestra que el dinero público no se utiliza para fomentar el pluralismo, sino para construir un blindaje mediático que permite a los dirigentes sestear en el poder al margen del control social. El resultado es una democracia dopada, donde el partido en el gobierno acude a las elecciones con una ventaja injusta proporcionada por los medios que él mismo sostiene con el dinero de todos.

La situación de Galicia es especialmente grave si se compara con otros territorios con lenguas propias en España y con los estándares europeos. Mientras que comunidades como Cataluña o el País Vasco destinan presupuestos millonarios específicamente para proteger la prensa en su idioma, en Galicia los medios escritos íntegramente en gallego sobreviven con migajas, obligados a competir en igualdad de condiciones de audiencia con los grandes emporios escritos en castellano que cuentan con el respaldo incondicional de la administración.

Esta asimetría ha llevado a organismos internacionales como la Asociación Europea de Diarios en Lenguas Minorizadas (Midas) a calificar la situación gallega como la peor de toda Europa en materia de protección de la prensa en lenguas minorizadas.

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En la actualidad, este modelo de gestión opaca choca frontalmente con la normativa europea. El Reglamento Europeo de Libertad de Medios exige que las administraciones publiquen con absoluta transparencia todas las transferencias financieras a las corporaciones editoriales y que el reparto se base en criterios científicos y no discrecionales.

Galicia, sin embargo, carece de una ley autonómica de publicidad institucional que regule de manera transparente este reparto, después de múltiples promesas incumplidas de los sucesivos presidentes de la Xunta. La ausencia de un registro de medios independiente y la falta de datos detallados sobre cuánto dinero recibe exactamente cada cabecera y por qué conceptos sitúan a Galicia en una posición de rebeldía frente a las directrices comunitarias destinadas a proteger la independencia de la prensa frente a la injerencia estatal.

La captura de los medios en Galicia, que nació con Manuel Fraga en la Presidencia y se consolidó después con Feijóo al frente de la Xunta, se ha convertido, a lo largo de 40 años, en un sistema de corrupción legalizada que ha pervertido las reglas del mercado y ha erosionado la calidad democrática de la comunidad. Al convertir a los periódicos en dependientes de la subvención y del contrato menor, se ha destruido el incentivo para el periodismo de investigación y la fiscalización del poder.