Del golpe de Estado a la guerra civil

El golpe militar iniciado en Melilla en la tarde del 17 de julio de 1936 no pudo lograr de entrada la conquista del poder. La confianza en un rápido triunfo de la rebelión se desvaneció cuando los militares sublevados fueron derrotados en la mayoría de las grandes ciudades. La sublevación, al ocasionar una división profunda en el ejército y en las fuerzas de seguridad, debilitó al Estado republicano y abrió un escenario de lucha armada, de rebelión militar y de revolución popular allí donde los militares no pudieron conseguir sus objetivos. España quedó partida en dos. Y así siguió durante una guerra de casi tres años.

Al conocerse la noticia del inicio de la sublevación militar en Marruecos, el jefe de Gobierno, Santiago Casares Quiroga, temeroso de la revolución y del desorden popular que podía estallar, ordenó a los gobernadores civiles que no repartiesen armas entre las organizaciones obreras. Y además quitó importancia a lo que estaba sucediendo.

Casares Quiroga, incapaz de hacer frente a los acontecimientos, dimitió el 18 de julio por la noche. En la mañana siguiente aceptó la difícil tarea de formar gobierno José Giral, otro amigo y hombre de confianza de Manuel Azaña. Giral dio el paso decisivo de autorizar el reparto de armas entre los militantes obreros y republicanos más comprometidos, que salieron a las calles a combatir a los sublevados, allí donde la fidelidad de algunos mandos militares y de las fuerzas de orden, o la indecisión de otros, lo permitió.

La sublevación fracasó en Madrid y Barcelona, las dos ciudades principales de España, pero tuvo éxito en otras ciudades muy importantes estratégicamente, como Sevilla o Zaragoza, desde donde se podían controlar vastas extensiones de territorio. Es muy importante subrayar, para comprender por qué se inició una guerra civil, que no fue el ejército “en bloque” el que se sublevó contra la República y tampoco fue una “rebelión de generales”, como divulgó posteriormente la propaganda. De los dieciocho generales que controlaban las unidades de intervención más importantes, sólo se sublevaron cuatro: Cabanellas, Queipo de Llano, Goded y Franco. Además, los militares sublevados no permitieron ninguna indecisión o resistencia de sus propios compañeros y quienes lo intentaron, lo pagaron, empezando por varios jefes y oficiales pasados por las armas sin dilación ni juicio en el Marruecos español.

La parte más activa de la sublevación la llevó el cuerpo de oficiales. Los sublevados contaron inicialmente con unos 120.000 hombres armados, de los 254.000 que había en ese momento en la Península, en las Islas y en África, incluyendo las fuerzas de orden público. Pero, sobre todo, dispusieron desde el principio del ejército de África, de la casi totalidad de unos 1.600 jefes y oficiales y de los 40.000 hombres bajo su mando. Su tropa más afamada y mejor adiestrada era el llamado Tercio de Extranjeros, la Legión, fundada por José Millán Astray y Francisco Franco en 1920 y compuesta de prófugos, delincuentes, marginados y fugitivos, a quienes se les formaba en el culto a la virilidad y a la violencia. Al lado de la Legión estaban además las Fuerzas Regulares Indígenas, formadas por mercenarios marroquíes y algunos españoles.

Para los jefes militares sublevados, existía una larga lista de agravios causados por la República que había que vengar. Algunos de ellos se habían visto afectados por la revisión de los ascensos concedidos por méritos de guerra por la dictadura de Primo de Rivera y anulados por el Gobierno de Manuel Azaña por un decreto de enero de 1933.

La revisión de los ascensos, la Ley de Reforma Militar de Azaña y las destituciones de algunos de los jefes más comprometidos con la dictadura de Primo de Rivera estimularon la hostilidad de muchos militares contra la República. Los motivos por los que decían sublevarse, en julio de 1936, si hacemos caso a los bandos en los que proclamaban el estado de guerra, eran la “ausencia total de Poder Público” y la necesidad de mantener el orden y la unidad de la Patria. Pero aunque no constaban de forma explícita, ocupaban también un lugar destacado los agravios acumulados frente a los políticos a los que despreciaban y odiaban como lacayos del izquierdismo y del bolchevismo.

Al general Sanjurjo le habían nombrado sus compañeros golpistas jefe de la sublevación, pero murió el 20 de julio al intentar despegar con la avioneta que tenía que trasladarle a España desde su exilio en Portugal. Lo fue a recoger, enviado por el general Mola, el aviador falangista Juan Antonio Ansaldo. El avión, un frágil Puss Moth de dos plazas, se estrelló nada más despegar y se incendió cerca del aeródromo de Cascais. Ansaldo salió ileso del accidente.

Ese accidente mortal de Sanjurjo obligó a los sublevados a reorganizar sus planes. Cuatro días después, a propuesta de Mola, crearon en Burgos la Junta de Defensa Nacional, presidida por el general Cabanellas. Fue el primer órgano de coordinación militar en la zona sublevada e iba a durar el resto del verano, hasta que el general Franco fue investido por sus compañeros de armas el 1 de octubre como único jefe político y militar.

Porque, muerto Sanjurjo, Franco, desde su privilegiada posición de mando de la guarnición de Marruecos, comenzó a labrar su ascenso al poder supremo. El problema que se le planteaba a Franco era cómo pasar esas tropas de África a la Península, dado que el estrecho de Gibraltar estaba controlado por las tripulaciones de la escuadra republicana que se habían amotinado contra los oficiales sublevados.

Franco pidió entonces ayuda a Adolf Hitler y Benito Mussolini. Para llegar hasta el líder de la Alemania nazi, utilizó a un ejecutivo alemán residente en el Marruecos español, Joahnnes Bernhardt, quien se entrevistó con el Führer el 25 de julio y le informó de los acontecimientos en España y del carácter derechista y antibolchevique de la sublevación. Hitler decidió apoyar inicialmente esa causa con el envío de 20 aviones de transporte Junkers Ju 52, 6 cazas Heintel 51, 20 cañones antiaéreos, municiones y personal de vuelo y de tierra, que comenzaron a llegar al Marruecos español el 29 de julio, apenas diez días después del inicio de la rebelión militar contra la República.

Mussolini decidió hacer lo mismo, tras recibir reiteradas demandas de ayuda por parte de Franco a través del cónsul italiano en Tánger y de su agregado militar. El 28 de julio envió una escuadrilla de doce bombarderos Savoia SA-81 y dos buques mercantes con cazas Fiat C.R.32. El uso de esos aviones permitió a Franco eludir el bloqueo naval de la marina republicana, pasar las tropas desde África a Andalucía y comenzar así el avance sobre Madrid. El 7 de agosto, Franco estaba ya instalado en Sevilla. En unas semanas, más de 13.000 soldados habían cruzado el estrecho de Gibraltar. De esa forma, el golpe de Estado se convirtió en una sangrienta y larga guerra civil.

A finales de julio, el éxito o fracaso de la sublevación militar había partido a España en dos. Había triunfado en casi todo el norte y noroeste de España: en Galicia, León, la vieja Castilla, Oviedo, Álava, Navarra, y en las tres capitales de Aragón; en las Islas Canarias y Baleares, excepto en Menorca; y en amplias zonas de Extremadura y Andalucía, incluidas las ciudades de Cáceres, Cádiz, Sevilla, Córdoba, Granada y Huelva. En la zona republicana habían quedado las principales ciudades, los grandes focos industriales y mineros, Cataluña, el País Vasco y Asturias, y las sedes de las principales empresas y entidades financieras. La ventaja financiera de la República era al principio muy clara. Contaba con el Banco de España y su reserva de oro, unas 700 toneladas, y su territorio controlaba aproximadamente el 70 por cien del presupuesto estatal.

La sublevación militar no logró su principal objetivo, hacerse con el poder y echar abajo a la República, pero el Gobierno tampoco pudo dominar la rebelión. La ayuda ítalo-germana permitió a los militares rebeldes continuar en su empeño y el Gobierno buscó también de forma urgente el auxilio internacional. Ante el acoso nazi y fascista, la solución estaba en las democracias. O eso pensaban las autoridades republicanas que tenían que hacer frente al golpe de Estado.

Según contó el socialista Léon Blum, presidente del Gobierno de Francia, el 19 de julio, José Giral, recién nombrado presidente del Gobierno de la República, le envió un telegrama: “Hemos sido sorprendidos por un peligroso golpe militar. Solicitamos que se ponga en contacto con nosotros inmediatamente para suministrarnos armas y aviones”.

La reacción inicial del Gobierno francés fue, en palabras de Blum, “poner en marcha un plan de ayuda, en la medida de nuestras posibilidades, para proporcionar material a la República española”. Pero no fue posible. Un agregado militar en la embajada española en París, agente de los sublevados, filtró la información sobre esa decisión del Gobierno francés al diario derechista Echo de Paris, que inició “una campaña fortísima revelando al público todas las decisiones tomadas de la forma más precisa y generando una conmoción considerable, particularmente en los medios parlamentarios”.

La opinión pública se dividió, como iba a pasar también en Gran Bretaña, entre quienes mostraban simpatía a la causa republicana, representados por la izquierda, y la derecha política, amplios sectores católicos y de la Administración, que rechazó ese plan de ayuda. El miedo a la revolución, a que el conflicto de España se extendiera a Francia, muy presente en la prensa derechista y en las fuerzas armadas, convenció también a los dos principales ministros del Partido Radical, Édouard Daladier, de la Guerra, e Ybon Delbos, de Asuntos Exteriores, de echar marcha atrás.

La guerra civil comenzó cuando una sublevación militar debilitó y socavó la capacidad del Estado y del Gobierno republicanos para mantener el orden. El golpe de muerte a la República se lo dieron desde dentro

Las noticias que los representantes diplomáticos de Gran Bretaña en España transmitían a su gobierno tampoco iban a ayudar a la República. Desde el primer momento describieron a los que defendían la causa republicana como comunistas al servicio del bolchevismo. Anthony Eden, ministro de Asuntos Exteriores, le pidió a Léon Blum el 24 de julio que fuera “prudente”. Y Stanley Baldwin, el primer ministro conservador, le transmitió a Eden, dos días después, que “de ningún modo, con independencia de lo que haga Francia o cualquier otro país, debe meternos en la lucha al lado de los rusos”. Los conservadores británicos, en el poder desde 1931, temían que cualquier intervención en España obstaculizase su política de apaciguamiento con la Alemania de Hitler. El Gobierno francés siguió los consejos de su principal aliado en Europa y el 25 de julio anunció la decisión de “no intervención de ninguna manera en el conflicto interno de España”.

Ese fue el punto de partida de la política de No Intervención que se pondría en marcha desde el mismo verano de 1936. Las autoridades francesas, con Blum a la cabeza, creían que eso era la mejor forma de calmar y controlar la división interna del país, de mantener la alianza vital con Gran Bretaña y de evitar el peligro de internacionalización de la guerra civil española. Aunque esa propuesta fue inmediatamente asumida por el Gobierno británico, la extensión del conflicto español al escenario internacional no pudo evitarse porque Hitler y Mussolini ya habían comenzado a enviar ayuda militar a Franco y además la Alemania nazi y la Italia fascista nunca respetaron esa política de No Intervención. En consecuencia, la República, un régimen legítimo, se quedó inicialmente sin ayuda, hasta que la Unión Soviética comenzó a intervenir en el otoño de 1936. Los militares rebeldes, por el contrario, carentes de legitimidad, recibieron casi desde el primer disparo el auxilio indispensable para hacer frente a una guerra provocada por ellos.

Mientras todo eso ocurría, el Estado republicano se tambaleaba, el orden quebraba y una revolución radical y destructora se extendía como la lava de un volcán por las ciudades donde la sublevación había fracasado. Allí donde triunfó, los militares pusieron en marcha un sistema de terror que aniquiló físicamente a sus enemigos políticos e ideológicos. En apenas dos meses, las ansias de purificación revolucionaria y contrarrevolucionaria se habían llevado a mejor vida a decenas de miles de ciudadanos.

La guerra civil comenzó cuando una sublevación militar debilitó y socavó la capacidad del Estado y del Gobierno republicanos para mantener el orden. El golpe de muerte a la República se lo dieron desde dentro, desde el propio seno de sus mecanismos de defensa, los grupos militares que rompieron el juramento de lealtad a ese régimen en julio de 1936. La división del Ejército y de las fuerzas de seguridad impidió el triunfo de la rebelión, el logro de su principal objetivo: hacerse rápidamente con el poder. Pero al minar decisivamente la capacidad del Gobierno para mantener el orden, ese golpe de Estado dio paso a la violencia abierta, sin precedentes, de los grupos que lo apoyaron y de los que se oponían. En ese momento, y no en octubre de 1934 o en la primavera de 1936, comenzó la guerra civil.

Muy pronto quedó claro que ese camino que llevaba de la sublevación a la guerra, de las tensiones sociales al exterminio del contrario, iba a tener repercusiones de largo alcance.

Los grupos de poder tradicionales habían minado la República, pero fueron incapaces de imponerse a ella por medios políticos y necesitaron de Franco y de los militares, en un pacto de sangre establecido en una cruel guerra civil, para destruir lo que tanto aborrecían. Así comenzó la historia de Franco dictador, que durante años corrió paralela a la de Mussolini, Stalin y Hitler, los tres dictadores que cambiaron el destino de Europa durante el siglo xx.

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Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, autor de 'Franco’ (Crítica, 2025).