Carta abierta a ‘Alberto Quirón’ (novio de Ayuso)

Sr. D. Alberto González Amador:

Quiero responderle de forma pública y transparente al burofax que me ha enviado (a través de su abogado) para exigirme la publicación de un texto de rectificación de unas manifestaciones hechas por mí en el programa Malas Lenguas Noche de TVE. Me reclama además que pida disculpas y que me comprometa a “no volver” a difundir en el futuro informaciones o declaraciones “falsas, difamatorias, vejatorias, injuriosas, calumniosas u ofensivas” vinculadas a usted. Me anuncia la presentación de una “demanda de conciliación” y me amenaza con una querella por calumnias e injurias que incluye la solicitud de una indemnización de 50.000 euros. 

Como ya le he trasladado a su abogado, vaya olvidándose de que yo acceda a nada de lo que me solicita, simplemente porque me he limitado a ejercer mi libertad de expresión y mi derecho (más bien mi obligación) de publicar información veraz, y de analizar con espíritu crítico la realidad. Y, si me permite, señor Alberto Quirón –como lo nombra en su agenda Miguel Ángel Rodríguez, alias MAR– la realidad que le concierne es verdaderamente oscura. Resulta que quien tiene que responder y dar explicaciones por (presuntos) delitos graves se dedica a intimidar y amedrentar a periodistas, quizás convencido de que, si consiguió liquidar a todo un fiscal general del Estado, más fácil será cerrar la boca a cualquier despreciable plumilla.

Para situar al lector o lectora en el contexto, usted se muestra indignado por algunas reflexiones que –con mayor o menor acierto– intenté expresar el pasado sábado 4 de julio en el programa que dirige Jesús Cintora en TVE (se puede encontrar el vídeo fácilmente en la web de TVE) . Me refería a su paso como testigo por el juzgado que instruía el caso de la filtración de datos reservados de dos periodistas de El País de quienes el ya citado MAR divulgó imágenes y detalles personales y los señaló como protagonistas de un delito de acoso a Ayuso y a usted mismo, cuando mis colegas estaban en la calle contrastando información acerca del ático de lujo en el que habitan la presidenta de la Comunidad de Madrid y usted. MAR, mano derecha de Ayuso, había contado previamente que las imágenes y datos de los periodistas se los había enviado usted, para desmentir la hipótesis de que fuera algún miembro de las fuerzas de seguridad que vigilan el dichoso ático quien hubiera colaborado en el despropósito.

Me pareció –y me sigue pareciendo– relevante que usted argumentara ante la jueza que no podía mostrar esas imágenes en su móvil porque en su día había practicado un “borrado” completo del mismo, al parecer porque alguien había hackeado los móviles de sus abogados. Es relevante, curioso, casi “justicia poética”, que usted se escude en un “borrado” de su móvil cuando precisamente el borrado que hizo el fiscal general del suyo (cumpliendo los protocolos de seguridad establecidos por la sensibilidad de los asuntos de su cargo) fue uno de los elementos que se convirtieron en indicio acusatorio para condenar a Álvaro García Ortiz. En este caso, a los cinco del Supremo (ver aquí) les pareció de cajón que se trataba de borrar pruebas. En el suyo, señor González Amador, no cabe al parecer la misma sospecha. 

Cuento esto porque lo principal de la reflexión que hice esa noche en televisión se refería a la aparente doble vara de medir que practica la Justicia en España, a la doble velocidad de los procesos dependiendo de quién sea el acusado y a la necesidad de que puedan entenderse decisiones judiciales absolutamente incomprensibles. Es decir, aludía a una percepción general que en los días siguientes apareció reflejada en encuestas publicadas por La Vanguardia y por El País. Sólo un 32% de los españoles cree que los jueces son “imparciales” y más de un 65% considera que existe lawfare en España; es decir, que hay procesos judiciales de contenido netamente político, lo que se traduce como “guerra judicial” utilizada con fines políticos (ver aquí).

Y sí, insisto en que uno de los casos que siembra esa percepción general es precisamente el suyo. Usted, que en su día reconoció por escrito a través de su abogado la comisión de dos delitos fiscales (por si se empeña en negarlo, le recuerdo la cita literal contenida en aquel correo electrónico: “ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”), protagoniza una causa abierta hace más de dos años, a la que se ha sumado una pieza separada en la que, al presunto fraude fiscal y las facturas falsas, se le añade la investigación por corrupción en los negocios y administración desleal. Supongo que estará al tanto: por mucho menos que eso se piden 24 años de cárcel para Begoña Gómez, encaminada a un juicio con jurado en una comunidad autónoma donde hasta las ardillas (si quedan) tienen opinión formada y animadversión garantizada (su señora, Ayuso, se ha encargado de atizarla –en el sentido de la acepción tercera de la RAE– sin contemplaciones).

Por lo que sea… usted ha conseguido esquivar alguna que otra citación en el juzgado, y además el nuevo juez que heredó su causa, Antonio Viejo, ha tardado más de seis meses en firmar una autorización para que la UCO investigue varias decenas de cuentas bancarias relacionadas con sus negocios (ver aquí). Ya le digo yo que se tardó infinitamente menos en el Supremo en ordenar el registro de toda una Fiscalía General del Estado, o en tomar declaración, entre otros, a usted y a su abogado –quien, por cierto, lo dejó en evidencia al explicar que, “por supuesto”, la confesión de sus delitos fiscales se hizo con su autorización, por más que usted lo negara en sede judicial– (ver aquí). 

Mire, llevo años sosteniendo que un medio decente o un buen periodista deben cumplir la obligación de rectificar cuando se equivocan. Lo he hecho cuando era procedente. Me parece que rectificar no disminuye, sino que aumenta, la credibilidad cuando se ejerce este oficio honestamente

De modo que esa desconfianza generalizada en la justicia no puede achacarse a las críticas que algunos juristas y periodistas hacemos a actuaciones concretas y a autos concretos que nos parecen verdaderamente asombrosos, sino más bien a la comparación entre procesos como el suyo y otros que no se ven afectados por la misma lentitud ni delicadezas.

¿Cuándo calcula usted que los ciudadanos mereceremos alguna explicación de su pareja, la presidenta madrileña, por el espectáculo que protagonizó aquel 13 de marzo de 2024 en sede institucional, rodeada de banderas, cuando denunció que existía una “operación de Estado” contra usted simplemente por ser su novio, sufridor de una “inspección salvaje”, y se atrevió a decir que era Hacienda quien tenía que devolverle a usted 600.000 euros (ver aquí)? Ahora dicen ella y su segundo, MAR, que usted es “un particular”. ¿En serio? En cualquier sobremesa tranquila, le sugiero que les explique a “ambos dos” (como diría el académico Cebrián) que fueron ellos los que le convirtieron en figura pública desde el momento en que utilizaron sede y recursos de la Comunidad de Madrid para salir en su defensa. 

Pero le escribiré algo más. Hoy sabemos que sus ganancias profesionales se multiplicaron por siete tras iniciar su relación con la señora Ayuso (ver aquí). Según un informe de Hacienda, su principal empresa, Maxwell Cremona S.A., ingresó sólo entre 2021 y 2023 hasta 4,4 millones de euros, y resulta que el grueso de sus ganancias provienen de Quirón, el grupo sanitario privado que más dinero público recibe de la Comunidad de Madrid. Por lo que sea… A usted esto a lo mejor le parece una calumnia. A mí me parece un dato suficientemente relevante como para que la presidenta madrileña se sometiera a una comisión de investigación donde diera todas las explicaciones detalladas del reparto de dinero público en la sanidad madrileña y del desempeño empresarial de su pareja. Por no hablar de que tanto ella como MAR hace tiempo que deberían haber dimitido, la primera porque en las residencias madrileñas murieron durante el covid 7.291 mayores abandonados por los protocolos de la vergüenza que desveló infoLibre (ver aquí); y el segundo por los múltiples bulos lanzados desde su cargo oficial y por las amenazas directas a medios de comunicación y periodistas (ver aquí).

Mire, llevo años sosteniendo que un medio decente o un buen periodista deben cumplir la obligación de rectificar cuando se equivocan. Lo he hecho cuando era procedente. Me parece que rectificar no disminuye, sino que aumenta, la credibilidad cuando se ejerce este oficio honestamente. Pero usted no me pide que rectifique un detalle concreto de mis manifestaciones, sino todo lo que dije. Incluso cosas que no dije. Y ni mi abogado ni los servicios jurídicos de TVE –hasta donde yo sé– ven motivo alguno para la rectificación integral que usted exige.

De modo que le comunico que me opondré a esa conciliación que reclama. Y me defenderé si llega el caso de esa querella que anuncia y de la indemnización de 50.000 euros que exige. Ya entiendo que para usted esto será calderilla, pero para mí es muchísimo dinero. No le diré que siento algún miedo, aunque le confieso –directamente, sin abogado por medio– que me produce inquietud. ¿Sabe por qué? Pues precisamente por la reflexión que aquel día en televisión intenté trasladar a la audiencia sobre la doble vara de medir y la imparcialidad de la justicia: cualquier cosa es posible si te toca algún Peinado o si cinco magistrados del Supremo firman que el culpable tuvo que ser el fiscal general “o alguien de su entorno inmediato”. Ay!!!!

Ganas me dan, por si acaso, de borrar todo mi correo, incluido este que escribo. Pero claro, en mi caso sí que podría interpretarse como un intento de destruir “pruebas”. Así que no queda otra: ‘Somos resistencia’.

Atentamente (y saludos a su señora Ayuso y a su señoro, MAR)

Jesús Maraña