La fragata a Chipre, ¿entre las excepciones a la autorización del Congreso?

El envío de una fragata a aguas chipriotas decidido por el Gobierno tras un ataque iraní retoma un debate jurídico con más de veinte años de solera, desde que una ley obligó a que el Congreso autorice las misiones en el exterior y al mismo tiempo exceptuó las directamente relacionadas con el interés nacional, según recoge EFE.

Fue la Ley Orgánica de Defensa Nacional la que impuso las autorizaciones en 2005 para los envíos de tropas, pues hasta entonces las Cortes solo tenían que ser consultadas en caso de declaración de guerra, sí regulada en la Constitución.

En las demás ocasiones, se entendía que era una decisión que formaba parte de las funciones constitucionales del Ejecutivo.

"Para ordenar operaciones en el exterior que no estén directamente relacionadas con la defensa de España o del interés nacional, el Gobierno realizará una consulta previa y recabará la autorización del Congreso", reza el artículo 17.1, y en una sola frase dicta tanto la exigencia como el ambiguo abanico de excepciones.

Desde entonces, el Congreso ha aprobado 26 autorizaciones de ese tipo, según diversas fuentes recabadas por EFE, y ninguna vez denegó el permiso, siempre dieron luz verde amplias mayorías de diputados.

Afganistán, Congo, Líbano, Chad, Somalia, Haití, Uganda, Libia, Mali e Irak figuran entre los destinos de tropas españolas con autorización del Congreso al Gobierno para los despliegues.

A veces fue el pleno y otras veces la Comisión de Defensa el órgano que lo autorizó, ya que, a falta de disposición reglamentaria, es la Mesa del Congreso la que decide a cuál se lo deriva; e incluso en una ocasión fue la Diputación Permanente la que dio el visto bueno.

Varios juristas han criticado la falta de precisión normativa sobre cuándo y cómo debe el envío de tropas someterse a una votación del Congreso, y también a que se dejara al Senado al margen, algo que no ocurría en el precepto constitucional sobre la guerra, que cita a las Cortes, ambas cámaras.

Dos interpretaciones

Desde que el jueves el Ministerio de Defensa anunció que la fragata Cristóbal Colón se encamina hacia Chipre en compañía de navíos griegos y de un portaaviones francés, junto al que ya estaba en el Báltico, el Gobierno y el PP han enfrentado las dos interpretaciones jurídicas acerca del artículo 17 de la LODN.

El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, preguntado por la prensa el viernes en Huelva, subrayó que "echar una mano a Chipre" es para "una misión evidentemente defensiva, nada ofensiva", y que la decisión del Gobierno "se ajusta lógicamente a la Ley Orgánica de Defensa Nacional".

En cambio, el PP ha exigido que someta la decisión al Congreso, porque, según ha resaltado el viernes en un comunicado, los soldados españoles en ese desplazamiento "se exponen a ser atacados".

Además, el PP ha reprochado a Sánchez que nunca haya sometido los envíos de tropas al exterior al visado del Congreso, ya que las 26 autorizaciones se aprobaron entre 2005 y 2018, a los gobiernos que presidieron José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, sin ninguna en los últimos ocho años.

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Un posible motivo es la variación del concepto de interés nacional, con cambios semánticos según lo define la Directiva de Defensa Nacional de 2020 respecto a las de 2008 y 2012, ya que, salvo disposición legal superior, es el documento máximo que rige en la materia.

Hace dos años el PP registró una proposición para modificar la LODN y concretar cuándo se requerirán las autorizaciones.

Sin una reforma legal, el debate jurídico seguirá abierto cada vez.