El Gobierno amenaza a Torra con tomar el control de la seguridad en Cataluña si no abandona la pasividad hacia los CDR

Espoleado por los efectos secundarios que la situación en Cataluña ha tenido en las elecciones andaluzas, el Gobierno marcó el lunes el terreno de juego de sus relaciones con el independentismo catalán con un mensaje muy claro dirigido al president de la Generalitat, Quim Torra. O asume su responsabilidad y protege a los ciudadanos frente a las acciones de los Comités de Defensa de la República (CDR), que el fin de semana mantuvieron cortada la AP-9 durante 15 horas sin que los Mossos d’Esquadra recibieran en ningún momento la orden de actuar, o el Gobierno de Pedro Sánchez tomará el control de la seguridad en Cataluña.

La encargada de trasladar el mensaje fue la vicepresidenta Carmen Calvo, precisamente la representante del Ejecutivo que más contactos ha mantenido en los últimos meses con el Govern. Calvo anunció medidas para que no se vuelvan a producir los cortes y aperturas de peajes de autopistas en Cataluña. “La Constitución y el Estado de Derecho establecen situaciones de respuesta en las que se encuentra el Gobierno porque esto no puede volver a ocurrir”, advirtió.

La pasividad del Govern frente a los CDR, subrayó la vicepresidenta, tendrá “consecuencias”. El presidente catalán, Quim Torra, "no puede inhibirse cuando ocurren situaciones que provocan intranquilidad en la ciudadanía porque su principal obligación en Cataluña, como autoridad del Estado que es, es el mantenimiento de la seguridad y la convivencia".

El mensaje a Torra es nítido: el Gobierno “está estudiando toda la capacidad de respuesta” que tiene “en todas las vías posibles”. “Torra tiene que saber que está en Cataluña para gobernar para todos, para establecer seguridad y tranquilidad en la convivencia y no para generar todo lo contrario”, remachó Calvo.

La propia vicepresidenta y los ministros de Fomento e Interior, José Luis Ábalos y Fernando Grande-Marlaska, enviaron tres cartas al Govern —al vicepresidente Père Aragonés y a los consellers de Obras Públicas e Interior— pidiéndoles explicaciones por lo ocurrido este fin de semana. En su misiva, Calvo traslada a Aragonés su “inquietud” ante la aparente “dejación de funciones” en materia de seguridad pública cometida por el Govern.

La carta más dura es la de Marlaska. En ella “requiere” al conseller de Interior a dictar “las instrucciones necesarias a fin de que los Mossos ejerzan las funciones que constitucional, estatutaria y legalmente les incumben. En caso contrario”, añade el ministro, “se ordenará la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuando proceda y en términos de proporcionalidad necesaria”.

Nadie en el Gobierno ni en el PSOE quiso confirmar qué medidas adicionales está pensando adoptar el Ejecutivo, pero en la mente de todos está la Ley de Seguridad Ciudadana, aprobada por el Congreso con el respaldo de PP y PSOE en vísperas de las elecciones catalanas del 27 de septiembre de 2015 que pusieron en marcha el procés independentista.

El Ejecutivo no está pensando en tomar ya el control de la seguridad en Cataluña pero sí ha decidido tenerlo todo listo y hacérselo saber al president Torra. Especialmente a pocos días de que el 21 de diciembre el Gobierno celebre en Barcelona una sesión especial de su Consejo de Ministros.

Es en este contexto de creciente tensión, el Gobierno acaba de tomar la decisión de enviar a Cataluña la semana que viene 400 agentes antidisturbios, según una información de El Periódico, con el fin de garantizar la seguridad en las calles antes, durante y después de la reunión que el Consejo de Ministros celebrará en Barcelona el próximo 21 de diciembre.

Seguridad nacional

El artículo 24 de la ley de Seguridad Nacional faculta a Pedro Sánchez a declarar por real decreto una “situación de interés para la Seguridad Nacional” (SISN). Sólo tendría que dar explicaciones al Congreso a posteriori. La norma no es muy precisa a la hora de definir qué es una SISN más allá de considerar “de interés de la Seguridad Nacional” los ámbitos “que requieren una atención específica por resultar básicos para preservar los derechos y libertades, así como el bienestar de los ciudadanos, y para garantizar el suministro de los servicios y recursos esenciales”, lo que otorga un amplio margen al Ejecutivo.

Si el presidente decidiera hacer uso de este mecanismo, por ejemplo si la Generalitat decide evitar de nuevo la intervención de los Mossos ante una acción de los CDR como la del fin de semana, el real decreto deberá definir de la crisis, fijar el ámbito territorial afectado, establecer su duración y posible prórroga y nombrar una “autoridad funcional” y sus competencias para coordinar actuaciones.

En el mismo real decreto tendrán que constar también “los recursos humanos y materiales necesarios para afrontar la situación de interés para la Seguridad Nacional”, lo que abre la puerta a poner bajo mando del Gobierno una parte o la totalidad de los Mossos d’Esquadra, así como de otros cuerpos de seguridad.

La misma ley establece que la declaración de una situación de interés para la Seguridad Nacional “supondrá la obligación de las autoridades competentes de aportar los medios humanos y materiales necesarios que se encuentren bajo su dependencia”. No hacerlo pondría fuera de la ley a la Generalitat.

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La ley, muy criticada en el momento de su debate y aprobación por los partidos nacionalistas e independentistas, especialmente en Cataluña, fue recurrida sin éxito ante el Tribunal Constitucional. La corte arbitral validó la norma pero precisó que la obligación de aportar medios humanos y materiales deberá limitarse “estrictamente a los recursos que sean necesarios para afrontar la situación de interés para la Seguridad Nacional” y a nada más.

La advertencia del Gobierno no tiene nada que ver con con los pasos previos a la aplicación del artículo 155, precisaron fuentes del Gobierno y del PSOE que, sin embargo, no descartan que la deriva de los acontecimientos acabe dando lugar a una segunda intervención de la autonomía catalana, como reclaman con insistencia y desde hace meses PP y Ciudadanos. Y tiene lugar apenas unas horas antes del debate organizado en el Congreso en torno a la situación en Cataluña y en medio de una tensión palpable en el mundo independentista, escindido entre partidarios de aumentar la presión en la calle, entre los que se cuenta el propio president, y los que prefieren evitar las vías unilaterales, como Esquerra.

En las últimas semanas ha aumentado el temor a que los CDR aprovechen la presencia del Gobierno de España en Barcelona para visibilizar su desafío al poder del Estado.