El nuevo curso político

Del Gobierno de coalición PSOE-UP a la salud de los pactos de las tres derechas: once escenarios para poner el foco en 2020

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias firman el acuerdo para un gobierno de coalición rodeados de sus equipos.

Si no hay ningún sobresalto de última hora, en los primeros días de 2020 los españoles asistirán a algo que ha escaseado en los últimos meses: el nacimiento de un Gobierno con plenas funciones. Tras dos elecciones generales en 2019, Pedro Sánchez está a las puertas de ser investido presidente del Gobierno gracias a un acuerdo de coalición con Unidas Podemos y a pactos con formaciones independentistas y regionalistas, donde ERC es clave. Un Ejecutivo que se ha marcado como uno de los retos principales revertir los recortes sociales y de derechos de la etapa de Mariano Rajoy al frente del Ejecutivo.

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias saben que se les medirá mucho por los avances sociales de la etapa que pretenden inaugurar y también por la forma en la que aborden una solución para la crisis con Cataluña. Pero 2020 dará para mucho más. En el calendario están marcadas dos elecciones autonómicas. Como tarde en otoño, los gallegos y los vascos tendrán que elegir presidente. Y no se descarta que los catalanes sean llamados también a las urnas en un escenario en el que ERC se ha acercado a los socialistas.

También será el año en el que Ciudadanos escoja de forma oficial a un nuevo líder tras la marcha de Albert Rivera. Y en el que se pondrán a prueba la solidez de los gobiernos de coalición entre PP y el partido naranja a nivel municipal y autonómico, apoyados por la extrema derecha. 

En el plano judicial, se espera un año complicado para los conservadores con decisiones sobre escándalos que se han llevado ya por delante a destacados exidirigentes. Los casos Gürtel, Lezo, Púnica y Bankia seguirán acaparando titulares.GürtelLezoPúnica  Bankia

infoLibre repasa once escenarios que protagonizarán muchas de las noticias en el nuevo año.

1. Un Gobierno con plenas funciones... por fin

El sueño del Partido Socialista era que Pedro Sánchez fuese elegido presidente del Gobierno en la última semana de 2019. Pero arrancará 2020 todavía en funciones. Amarrados de forma segura los apoyos de Unidas Podemos, que esta vez sí formará parte del Ejecutivo, a Sánchez le sigue faltando la abstención de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

Desde hace más de una semana, a ERC y al PSOE le faltaban escasos "flecos" para el acuerdo definitivo. De verbalizar semejante optimismo no se encargaron los socialistas en esta ocasión. Porque cada vez que desde sus filas se hablaba de forma positiva sobre el estado de las negociaciones, la reacción de los republicanos ha sido la de enfriar y alejar las expectativas de un pacto.

La última piedra en el camino tenía que ver con la reacción de la Abogacía del Estado al fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la inmunidad de Oriol Junqueras. Este lunes, tras conocerse que pedía la excarcelación de Junqueras para que pueda ejercer de eurodiputado en el Parlamento Europeo mientras mantenga su inmunidad, los republicanos aceleraron el proceso que conducirá a la investidura de Sánchez convocando para este jueves día 2 al Consell Nacional, que debe pronunciarse sobre la abstención de sus 13 diputados en la investidura.

Los nacionalistas catalanes aseguran que no se fían del todo de los socialistas, pero que no pueden desaprovechar la oportunidad de esa mesa de diálogo Estado-Generalitat que han logrado en sus negociaciones con el PSOE.

Por el camino, se cruzarán dos decisiones de la Junta Electoral Central sobre la inhabilitación de Quim Torra y de Junqueras. Ambos escritos se esperan para el 3 de enero. En principio, en ERC no han puesto el foco en esta cuestión tal y como demuestran habiendo elegido el día 2 como fecha para la votación del Consell.

A falta de la decisión final de ERC, Sánchez tiene ya garantizados los apoyos de Unidas Podemos, el PNV y Más País. Las bases de EH Bildu se pronunciarán sobre la abstención en cuanto se conozca oficialmente la fecha de investidura. En la primera votación Sánchez requiere de mayoría absoluta (176 escaños), algo que está descartado, pero en la segunda le bastará con una mayoría simple, que está al alcance del candidato socialista. Este mismo martes se conoció la disposición de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, de convocar el Pleno de investidura para los días 4 y 5 de enero, de modo que la segunda votación, en la que Sánchez saldría elegido si ERC confirma su abstención, se celebrará el martes día 7.

2. Elecciones  en Galicia

En el vídeo con el que el presidente de la Xunta de Galicia felicita la Navidad, Alberto Núñez Feijóo presume de que en su comunidad autónoma, a diferencia de lo que ocurre en el Gobierno central, sólo se convocan elecciones "cuando tocan", cada cuatro años. Y este 2020 tocan elecciones. Como tarde, en otoño, los gallegos decidirán si siguen apostando por la derecha o si toca ya cambio tras tres legislaturas de mayorías absolutas de Feijóo, que todavía no ha desvelado si volverá a ser cabeza de lista o si cede el testigo.

El presidente de la Xunta es el único barón autonómico del PP que gobierna con mayoría absoluta. De los pocos que, hasta la fecha, no se ha visto amenazado por Ciudadanos y por la extrema derecha de Abascal.

En las últimas elecciones generales PP y PSOE empataron en escaños en Galicia —10 actas cada uno, aunque los conservadores lograron una ventaja de algo menos de 10.000 votos—. Dos fueron a parar a Unidas Podemos y otro al BNG, que ha regresado al Congreso tras dos legislaturas ausente. Ni Vox (7,8% de los votos) ni Cs (4,3%) sientan a ningún diputado por Galicia en la Cámara Baja.

El Parlamento de Galicia está constituido por 75 escaños. La mayoría absoluta, pues, está ubicada en los 38. La Cámara que resultó de las autonómicas de 2016 está integrada por 41 diputados del PP, 14 de En Marea, 14 del PSdeG y 6 del BNG.

3. Elecciones en el País Vasco

Las últimas elecciones autonómicas en Euskadi se celebraron el 15 de septiembre de 2016, por lo que, a más tardar en otoño de 2020 los vascos volverán a ser llamados a las urnas. Los últimos comicios coincidieron con los celebrados en Galicia.

El dirigente del Partido Nacionalista Vasco (PNV) Iñigo Urkullu ha presidido estos años el Gobierno de Euskadi gracias al apoyo que le dieron los nueve diputados del Partido Socialista en la sesión de investidura. Si nos atenemos a lo que ocurre en la esfera nacional, donde el PNV ha llegado a un acuerdo para que sus seis diputados apoyen la investidura de Sánchez, esta sintonía podrá mantenerse también en la esfera autonómica.

El PSE fue la cuarta fuerza más votada en estos comicios. Por delante se ubicaron, además del PNV (29), EH Bildu (17) y Elkarrekin Podemos (11). El PP empató a nueve escaños con los socialistas.

En las últimas elecciones generales celebradas, las del pasado 10N, el PNV se quedó en seis escaños, el PSOE se hizo con cuatro, EH Bildu también con cuatro, Podemos con tres y el PP con uno. Como ocurrió en Galicia, ni Vox ni Ciudadanos sientan a parlamentarios por ninguna de las circunscripciones de Euskadi en el Congreso.

El PP quiere intentar en esta comunidad el proyecto de España Suma experimentado en Navarra, pero del que Rivera renegó en el resto de circunscripciones.

4. cataluña... marcando la agendA

El hecho de que ERC esté llamado a ser un actor clave para permitir la investidura de Sánchez implica que mucho de lo que ocurra en la XIV Legislatura vaya a tener que ser interpretado desde el prisma catalán. 

De momento, poco se sabe del acuerdo al que Sánchez y los negociadores del PSOE han llegado en las últimas semanas con los republicanos. Se espera que se haga público una vez que el Consell Nacional de ERC se pronuncie sobre la investidura el día 2. Sí hay un compromiso de los socialistas de constituir esa mesa de diálogo Gobierno-Generalitat para hacer frente al "conflicto político". Un diálogo que, en principio, el Ejecutivo quería circunscribir a la Comisión Mixta Generalitat-Estado y que en ERC rechazaron al considerar que se trata de un formato muy rígido.

En el documento del acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos no figuran de forma muy concreta vías para dar respuesta a la crisis con Cataluña: "Abordaremos el conflicto político catalán, impulsando la vía política a través del diálogo, la negociación y el acuerdo entre las partes que permita superar la situación actual", puede leerse en uno de los puntos. Este mismo martes, el diario Ara ha publicado que el acuerdo incluye el compromiso de someter las conclusiones de la mesa de negociación a "validación democrática a través de una consulta a la ciudadanía de Cataluña” (ver aquí).

También abogan por dar "cumplimiento a los dictámenes del Tribunal Constitucional" y traspasar a la Generalitat "aquellas competencias pendientes ya reconocidas en el Estatut de Cataluña en materias como la gestión de becas universitarias, la formación sanitaria especializada, el salvamento marítimo o la ejecución de la legislación laboral en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación profesional".

Sin estar en el calendario, la división del bloque independentista en Cataluña acrecienta las posibilidades de que se convoquen elecciones autonómicas este año. De hecho, existe el temor de que una decisión de la Junta Electoral Central a favor de la inhabilitación inmediata del president Quim Torra precipite el adelanto. Para los intereses de ERC, lo mejor es que esa convocatoria sea lo más tarde posible, para cuando pueda vender sus avances en los acuerdos que ha negociado con los socialistas.

  5. ¿Un PP de centro o un 'imitador' de vox?

La extrema derecha se sentará con fuerza esta XIV Legislatura en el Congreso de los Diputados. Es la tercera fuerza política en representación parlamentaria tras el Partido Socialista (123 escaños) y el Partido Popular (89). Los 52 escaños de Vox son el escaparate perfecto para que Santiago Abascal y su equipo usen la Cámara Baja como caja de resonancia de su ideario radical

Vox no sólo llega a la Carrera de San Jerónimo para hacer una oposición dura a la izquierda, también para ponerle las cosas complicadas al PP, el partido en el que militó Abascal. La "derechita cobarde", como han bautizado a la formación de Pablo Casado.

En este contexto, Casado tiene que decidir el papel que quiere jugar como líder de la oposición. Se trata de un debate abierto en el partido desde que Casado llegó a su presidencia tras la moción de censura que derribó a Mariano Rajoy. En la campaña electoral de los comicios de abril —el PP llegó a su suelo electoral, 66 escaños— los conservadores pusieron en práctica una clara derechización del mensaje, algo que fue criticado por algunos barones de su partido con el argumento de que siempre que el PP había sido grande en las urnas había sido con un discurso de centro.

Ya para la campaña del 10N, la dirección nacional del PP moderó el tono, llegando incluso a confrontar con Vox, como hizo la exministra Ana Pastor, una dirigente marianista pero también relevante en la nueva etapa, en el debate televisado al que acudió en representación del partido.

Pablo Casado y Santiago Abascal, el día de la votación de la Mesa del Congreso de la XIV Legislatura. EFE

Para destacados dirigentes conservadores, la estrategia de Casado debe ser la de marcar distancias con Vox, la de sacarles los colores por ubicarse fuera de la Constitución en muchos de sus pronunciamientos y la de centrarse en hacer una oposición firme, pero de Estado. Hasta la fecha, Casado ha asegurado que nunca apoyará que Sánchez sea presidente, pero que el PP estará dispuesto a ayudar en asuntos de Estado. Si la legislatura echa a andar con un Gobierno con plenas funciones podrá comprobarse si el presidente de los conservadores iba de farol.

De momento, la primera ocasión en la que PP y Vox han podido mostrar sintonía, acabó en encontronazo. No cuajó la oferta de Casado a Abascal de cerrar un pacto para el reparto de asientos en la Mesa del Congreso al que también se sumase Ciudadanos. Por este motivo, la derecha tiene un representante menos en el órgano de Gobierno de la Cámara.

6. proceso de renovación en ciudadanos

2020 será también el año en el que Ciudadanos arranque de forma oficial su etapa sin Albert Rivera al frente. Y, salvo sorpresas de última hora, Inés Arrimadas, que dejó su puesto de líder de la oposición en el Parlament de Cataluña para concurrir a las elecciones generales y reforzar a Rivera en Madrid, se convertirá en presidenta del partido naranja, una formación que, de tener 57 escaños en el Congreso el 28A, ha pasado a los 10 en las generales del pasado noviembre.

Arrimadas asumirá el reto de levantar un partido al que el grueso de sus votantes han dado la espalda y también muchos de quienes lo fundaron, críticos con el acercamiento de Albert Rivera a PP y Vox y con el papel que jugaron tras el 28A, no siendo una herramienta para el desbloqueo político. Dirigentes críticos con las decisiones de Rivera le echaron en cara no haber negociado con Pedro Sánchez la entrada en el Gobierno tras las generales del pasado abril. "Tuvo en su mano ser vicepresidente y ha acabado fuera de la política", lamentaban.

El exlíder de Ciudadanos, Albert Rivera, junto a Inés Arrimadas. 

La llegada de un nuevo líder a Cs también pasará por una redefinición del ideario del partido si no quiere seguir siendo una fuerza con una representación raquítica en el arco parlamentario. En la mente del PP está absorber a Cs, que sea realidad esa "España Suma" a la que Rivera se resistió. 

7. La salud de los pactos

De forma paralela a la legislatura nacional transcurrirán las autonómicas y municipales que arrancaron tras la macrocita electoral del 28 de abril. PP, Ciudadanos y Vox venían ensayando su entendimiento desde las elecciones autonómicas andaluzas. Y siguieron entendiéndose para que la derecha terminara haciéndose con instituciones como el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y la Región de Murcia. 

La fórmula a la que recurrieron fue la misma que en Andalucía: gobiernos de coalición PP-Ciudadanos y apoyo de Vox en la investidura después de que el equipo de Gobierno asumiese una serie de compromisos con la extrema derecha, que no reclamó cuotas de poder al entender que su sitio estaba en la oposición.

La lógica política dicta que, a medida que va avanzando la legislatura, los gobiernos de coalición vayan desgastándose. Porque, en definitiva, las formaciones que los integran van a volver a enfrentarse en las urnas. Salvo episodios muy puntuales, PP y Cs se entienden bastante bien en la ciudad de Madrid y en los gobiernos regionales de Madrid y Murcia. Menos estabilidad como socio está demostrando Vox. 

"Tomamos nota", dijeron Abascal y los suyos tras el episodio de la Mesa del Congreso. Unas palabras que fueron entendidas en el contexto de que estaban amenazando con poner en riesgo la aprobación de los presupuestos de aquellas instituciones en las que sus votos fueron clave para gobiernos de coalición PP-Cs. Desde ese día, Vox se abstuvo en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid que votaba los Presupuestos. Las cuentas públicas de la capital de España no habrían salido adelante de no haber sido por la ausencia de una concejal de la oposición.

En la Comunidad de Madrid no se han aprobado a día de hoy los Presupuestos para 2020. Tampoco en Murcia. 

8. del CGPJ a RTVE: renovaciones pendientes

El 4 de diciembre de 2018, hace ya más de un año, caducó el mandato del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El proceso naufragó en noviembre después de que el candidato del Gobierno socialista y del Partido Popular a presidir el Supremo y el órgano de gobierno de los jueces, Manuel Marchena, diese un paso atrás después de difundirse un mensaje de whatsApp enviado a dirigentes del PP por el entonces portavoz conservador en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que este se jactaba de que el acuerdo iba a permitirles el control de la Sala Penal del Supremo.

El presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, ya ha recordado a las Cortes en tres ocasiones que tienen pendiente cumplir con esta obligación legal.

También estará sobre la mesa la renovación de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC), una iniciativa presentada en pasado 8 de julio y que fue calificada por la Mesa, el órgano de Gobierno de la Cámara el día 11 del mismo mes. El presidente actual del Constitucional, Juan José González Rivas; la vicepresidenta, Encarnación Roca; y los magistrados Carlos Ollero y Fernando Valdés concluyeron su mandato el 7 de noviembre. Tradicionalmente, PP y PSOE se han entendido en esta materia. Está por ver lo que ocurre en esta XIV Legislatura en la que los conservadores han amenazado con una oposición al Gobierno de coalición. 

En el caso del CGPJ, ocho de sus 20 miembros son elegidos por Congreso y Senado –cuatro por cada Cámara–, también por mayoría de tres quintos.

Saliendo del mundo judicial, otra de las grandes tareas pendientes es la del concurso público para la selección de los miembros del consejo de administración y del presidente de RTVE

Este proceso lleva sin avances desde el 18 de diciembre de 2018, cuando el Boletín Oficial del Estado (BOE) aprobaba la resolución del Comité de Expertos para la renovación de los miembros del consejo de administración de la Corporación RTVE con el informe de evaluación de la idoneidad de los candidatos y la relación de éstos en función de la puntuación obtenida. Hay varios recursos pendientes de resolución.

9. Tras Franco... ¿Qué?

Los restos del dictador Francisco Franco salieron del Valle de los Caídos el pasado 24 de octubre. Ese mismo día, Pedro Sánchez compareció ante los periodistas en el Palacio de la Moncloa y subrayó que la identificación de las víctimas del franquismo allí enterradas y en fosas por toda España “es una infamia que más pronto que tarde deberá ser reparada”. Y añadió: "Como habrá de serlo igualmente el que aún hoy, existan miles de fosas dispersas por toda nuestra geografía. Es una aberración que debemos afrontar con decisión. Por justicia y dignidad. Pero, sobre todo, por pura humanidad". El presidente del Gobierno en funciones se marcó, pues, una serie de deberes para la legislatura que acaba de arrancar.

Respecto al Valle de los Caídos, fue el pasado agosto cuando el líder de los socialistas cerró un debate que genera bastante controversia. Y lo hizo dando marcha atrás a la apuesta de su partido de 2017, renunciando a convertir este emplazamiento de la sierra madrileña en un museo de la memoria colectiva.

Luis Alfonso de Borbón, Francis Franco y Jaime Martínez-Bordiú, entre otros familiares de Francisco Franco, portan el féretro con los restos mortales del dictador. 

"La opinión del Gobierno es que el Valle no puede ser un lugar que se deba resignificar, no puede ser un lugar de reconciliación. Tiene que ser un lugar de reposo, un cementerio civil para las víctimas de la contienda y el franquismo. Ésa es la propuesta y la opinión del Gobierno", señaló.

La portavoz parlamentaria de Unidas Podemos, Irene Montero, pidió tras la exhumación que el Ejecutivo investigue la fortuna de los descendientes del dictador, que se devuelva el patrimonio expropiado a los republicanos y que se rastree dónde están los franquistas en el aparato del poder económico. "Creo que lo que tiene que ocurrir es que esta fiesta no se quede en un solo día, sino que continúe. Que Martín Villa rinda cuentas ante la justicia internacional, que el Gobierno ponga fondos y se comprometa para que se identifique a cada compatriota que está en fosas comunes y cunetas, que se investigue dónde están los patrimonios expropiados a demócratas resultado de una guerra civil provocada por un golpe de Estado", sostuvo.

En el pacto firmado entre PSOE y Unidas Podemos hay un capítulo, titulado "Recuperación de nuestra memoria democrática", en el que los futuros socios abogan por implementar "un programa de exhumaciones de las víctimas del franquismo que continúan en fosas comunes" o auditar "los bienes expoliados por el franquismo para devolverlos a sus legítimos titulares, como la recuperación inmediata del Pazo de Meirás para el patrimonio público".

10. Las derogaciones que vendrán... o no

Si no hay giros inesperados, en la primera quincena del mes de enero España estrenará su primer Gobierno de coalición con un presidente del Partido Socialista, un vicepresidente de Unidas Podemos y también varios ministerios con dirigentes del partido morado al frente. A este Ejecutivo que quiere llevar a cabo un programa muy social no sólo se le medirá por las iniciativas que presente y logre aprobar en el Congreso de los Diputados, sino también por aquellas que logre derogar y reescribir de la etapa del Partido Popular, una gestión muy criticada por las fuerzas de izquierda por lo que supuso, a su juicio, en recortes de derechos políticos y sociales de los ciudadanos.

Así, lo que esta legislatura suponga para la reforma laboral de Mariano Rajoy y para la Ley de Seguridad Ciudadana, rebautizada como ley mordaza, será clave para examinar la gestión de Sánchez e Iglesias. Y también para medir la fortaleza de la relación de estos socios de Gobierno.

En el documento presentado este lunes figura de forma literal la "derogación" de ambas leyes. También, la de la reforma educativa del Partido Popular y cuestiones como que la asignatura de Religión no cuente para la nota media o que los colegios que segregan a los alumnos por sexo no puedan tener acceso a subvenciones públicas.

11. los escándalos de corrupción

'Operación Púnica'

El pasado abril, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional fijó el mes de junio de 2020 como tope para finalizar la instrucción del caso Púnica. Rechazaba así la prórroga de 40 meses que había decretado el juez Manuel García Castellón tras una petición de la Fiscalía.

La investigación de este escándalo de corrupción que se llevó por delante a la expresidenta de la Comunidad de Madrid y del PP regional, Esperanza Aguirre, arrancó hace casi cinco años con la detención de Francisco Granados, uno de los hombres fuertes de los gobiernos de la lideresa. Habría ejercido como cabecilla de una trama que adjudicaba contratos públicos a cambio de comisiones ilegales.

Esperanza Aguirre, a su llegada a la Audiencia Nacional.

Hasta la fecha tres expresidentes madrileños han declarado ya ante el juez. Además de Aguirre, lo han hecho Cristina Cifuentes e Ignacio González.

De todas las piezas en las que el juez ha estructurado la causa, una de las más importantes es la 9, la que investiga la presunta financiación ilegal del Partido Popular de Madrid. En su declaración judicial, Esperanza Aguirre se desmarcó de cualquier conducta ilegal y apuntó al exgerente regional, Beltrán Gutiérrez como la persona que se ocupaba de todo.

'Operación Lezo'

Si la Púnica arrancó con la detención de Francisco Granados, la Operación Lezo lo hizo con la de otro de los hombres fuertes de Ignacio González. En 19 de abril de 2017, el expresidente madrileño era detenido en el marco de este caso que investiga la corrupción institucionalizada en el Canal de Isabel II y sus filiales durante la década de poder de González. El Canal de Isabel II es la empresa pública que se encarga de la gestión del agua en la Comunidad de Madrid.

Las dos piezas más relevantes de esta macrocausa, y las más avanzadas, son la centrada en el campo de golf construido en el madrileño barrio de Chamberí en terrenos del Canal y que sirvió para enriquecer a González y familiares próximos del político. Y la relacionada con la compra fraudulenta de Emissao.

El pasado noviembre, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ya propuso imputar al expresidente Ignacio González por presuntos delitos de malversación y fraude en la compra de la empresa Emissao con fondos públicos del Canal de Isabel II. En esta operación se habrían desviado 25 millones de euros.

'Caso Gürtel'

El PP de Casado subraya que los escándalos de corrupción que afectan a sus siglas son cosa del pasado. Ello no impide que cualquier avance judicial de estos casos sea visto con preocupación desde la sede de Génova. Y Gürtel lleva siendo desde 2009 uno de los principales quebraderos de cabeza para los conservadores.

Tras la sentencia de la conocida como Época I, la que se llevó por delante a Mariano Rajoy, y en la que se consideró probada la existencia en el PP de "una estructura financiera y contable paralela a la oficial existente, al menos, desde 1989", todavía quedan otras piezas separadas pendientes de juicio o inmersas en plena vista oral. Una de ellas es la relativa a tres adjudicaciones irregulares que el Ayuntamiento de Jerez habría otorgado a empresas de la red corrupta para eventos de la feria de Fitur de 2004, pieza que se suma a otras que todavía están pendientes de juicio, como la de los papeles de Bárcenas o la de la visita del papa Benedicto XVI a Valencia, cuya vista oral se celebrará en el mes de marzo.

De forma paralela, el PP está maniobrando en el Supremo para intentar anular la sentencia de Gürtel Época I que condenó al partido como partícipe a título lucrativo.

'Caso Bankia'

Rodrigo Rato seguirá siendo otro de los protagonistas judiciales del ejercicio. Un año más. El todopoderoso ministro de Economía de José María Aznar se ha sentado en el banquillo de los acusados por el caso Bankia, un procedimiento en el que se ha analizado la fraudulenta salida a Bolsa de la entidad. Al exdirigente conservador, juzgado junto con una treintena de personas, se le acusa de un delito de falsedad en las cuentas anuales de los ejercicios de 2010 y 2011 de la entidad y de otro de fraude a inversores por incluir datos falsos en el folleto informativo de la salida a Bolsa de la entidad. La Fiscalía pidió ocho años y medio de prisión para Rato. La sentencia a este macrojuicio se espera para febrero o marzo de 2020. El juicio culminó en octubre tras diez meses de procedimiento.

Otro exdirigente conservador, Ángel Acebes, también está pendiente de la sentencia. Para el exministro del Interior, que fue presidente de la Comisión de Auditoría de Bankia, el Ministerio Público pidió un año y seis meses de prisión al considerar que hizo "una consciente y voluntaria dejación de sus funciones impidiendo la función auditora y el afloramiento de los deterioros que pretendían mantener al margen de su registro contable".

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