Los abusos de la banca

Goldman Sachs se inventa el importe del IBI que cobra a 332 pisos sociales

Vecinos de Madrid protestan contra la adjudicación a empresas privadas de vivienda pública.

La empresa Encasa Cibeles –que gestiona 332 viviendas de protección oficial de la localidad madrileña de Majadahonda que la Comunidad de Madrid vendió el pasado agosto a los fondos de inversión Goldman Sachs y Azora– pretende cobrar por anticipado el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a sus inquilinos cuando el Ayuntamiento ni siquiera tiene información sobre su valor catastral. Así lo denunció la semana pasada la Asociación de Vecinos, que asegura que la empresa no tiene "ningún motivo" para reclamar el impuesto a estas alturas del año.

"El pasado 25 de febrero", explica el colectivo vecinal en una nota de prensa, "todos los inquilinos de estas viviendas en Majadahonda han recibido una carta de Encasa Cibeles informándoles de que 'el Excmo. Ayuntamiento de Majadahonda girará los próximos octubre y noviembre del presente año, los recibos correspondientes al IBI y a la Tasa de Residuos Urbanos para el año 2014'". Hasta aquí, todo normal, ya que estos arrendatarios tienen una cláusula en sus contratos "según la cual los impuestos municipales les serán repercutidos".

Sin embargo, en su misiva, la compañía también informaba a los vecinos de que la cuantía ascendía a una cantidad exacta –unos 350 euros de media–, y les pedía que enviasen antes del pasado día 25 de marzo un formulario indicando si querían pagar estos impuestos de forma fraccionada o en sendos pagos directos en noviembre y diciembre. Y aquí viene el problema ya que, según indica la Asociación de Vecinos, representantes del colectivo mantuvieron una reunión con la concejala de Economía y Hacienda de Majadahonda, Carmen Menéndez, y ésta se mostró "sorprendida" por la exigencia de Encasa Cibeles. ¿El motivo? Que el Ayuntamiento "no tenía, a fecha de la reunión [el 10 de marzo], información acerca del valor catastral de estas viviendas", por lo que no podía determinarse "la base liquidable para el cálculo del IBI".

Fuentes del Ayuntamiento confirman esta reunión entre la responsable de Economía y los representantes de los vecinos, y tachan de "vergüenza" que la compañía solicite el pago de este impuesto sin que aún se conozca la cuantía del mismo. Las mismas fuentes explican que, tras este primer encuentro, Menéndez se entrevistó con responsables de Encasa Cibeles para expresarles su descontento, una reunión en la que también se encontraba presente el director de la empresa pública Pammasa, encargada de promocionar la vivienda pública en Majadahonda. 

El consistorio, además, critica que Encasa no haya mencionado en su carta que los inquilinos de viviendas protegidas tienen derecho a una exención del 50% en el pago del IBI. La compañía, por su parte, se defiende afirmando que tan sólo pretendían "facilitar" a los vecinos el pago del impuesto ofreciéndoles la opción de fraccionarlo. No obstante, portavoces de Encasa admiten que, al no poder calcular el importe del mismo, realizaron una "estimación", y señalan que en su misiva no se hablaba de la exención de la que se benefician estas viviendas porque ya se había tenido en cuenta cuando se calculó la cantidad a pagar por cada piso. Además, Encasa hace hincapié en que en todo momento se habla de una "previsión" y en que, de ser la cuantía del tributo menor a la de la estimación, se devolvería su dinero a los inquilinos.

La venta de los pisos, recurrida

No es la primera polémica con respecto a los pisos públicos vendidos en verano por el Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), dependiente de la Comunidad. De hecho, el pasado 5 de febrero el Partido Socialista de Madrid (PSM) se querelló contra Ana Gomendio López de Asiaín, directora gerente de la institución, por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos que habría cometido al aprobar las ventas a un precio "irrisorio" –68.484 euros de media por inmueble– de 2.935 viviendas de protección pública a la sociedad de gestión Azora y el fondo de inversión Goldman Sachs, que financió la operación.

El procedimiento judicial iniciado por el PSM –que aseguró en su día que las ventas respondían a "intereses privados"– no es el único. Decenas de afectados, amparados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), también han presentado un recurso contencioso-administrativo contra la operación, ya que afirman que ha supuesto una pérdida patrimonial para la administración pública de más de ochenta millones de euros por la diferencia que existe entre el importe de la enajenación y el coste de ejecución de estas viviendas, que cifran en más de 280 millones de euros.

Por el contrario, la Comunidad siempre ha defendido que la venta constituyó una "operación de éxito" para Madrid porque se obtuvo un 20% más de dinero que el precio de salida del que se partía (168,9 millones). Las ventas, además, responden según la versión del Gobierno regional a la necesidad de obtener liquidez para construir nuevas viviendas protegidas y acondicionar otras que tienen desperfectos.

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